Competencia “pirata” golpea al transporte turístico en Cancún
Quintana Roo lunes 15, Jun 2026
- Proliferan unidades en aeropuerto sin permisos ni contratos

Transporte turístico autorizado en el Aeropuerto de Cancún enfrenta desafío de los servicios irregulares.
En pleno año mundialista, cuando el Caribe mexicano recibe un flujo extraordinario de visitantes, el transporte turístico autorizado en el Aeropuerto Internacional de Cancún enfrenta un desafío que amenaza sus ingresos y su imagen: la proliferación de servicios irregulares.
Representantes del sector advierten que la presencia de unidades sin permisos ni contratos válidos ha reducido hasta en un 30 por ciento las ganancias de las empresas establecidas. La situación, señalan, no solo afecta la economía de los concesionarios, sino que también pone en riesgo la seguridad de los usuarios, al carecer de garantías sobre seguros, condiciones de operación o cumplimiento de normas.
Josué Robles, representante legal de Xelbor Transfer, subrayó que las compañías autorizadas cumplen con obligaciones fiscales, seguros de responsabilidad civil, pagos por uso de infraestructura aeroportuaria y prestaciones laborales. “No todos los operadores irregulares cubren estas condiciones”, advirtió, al tiempo que recordó que actualmente son 16 las empresas con autorización para prestar servicio dentro de la terminal, generando cientos de empleos directos.
El llamado de los transportistas es claro: reforzar la vigilancia y revisar la legalidad de las autorizaciones otorgadas, con el fin de garantizar una competencia equitativa. La coordinación entre autoridades y concesionarios, insisten, resulta indispensable para frenar la expansión del transporte no regulado.
El problema adquiere mayor relevancia en un contexto de alta expectativa turística. Aunque el verano de 2026 promete cifras récord gracias al Mundial de Futbol y a la conectividad aérea de Cancún, el sector hotelero advierte que los rezagos en materia de transporte podrían empañar la experiencia de los visitantes y afectar la reputación del destino.
En suma, mientras Quintana Roo se prepara para una temporada histórica, el transporte turístico enfrenta una batalla interna: defender la legalidad y la seguridad frente a la competencia irregular que amenaza con desestabilizar uno de los pilares de la industria.
CFE: Soluciones temporales a déficit eléctrico en Cancún
El déficit de energía en la Península de Yucatán obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a recurrir a medidas de emergencia. En apenas un mes, la empresa productiva del Estado ha ingresado tres proyectos de generación temporal a base de diésel, el más reciente en Cancún, con una inversión de 127.1 millones de pesos.
La propuesta, presentada ante la Semarnat, contempla instalar una unidad móvil de generación en la Subestación Eléctrica Nizuc y la central Turbogas Nizuc, en Alfredo V. Bonfil. Se trata de un respaldo de 15 megawatts que operará durante las horas pico que el Cenace solicite, elevando la capacidad disponible en esa central a 113 MW. La instalación tomará un mes y la operación está prevista por dos años, aunque la propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que podría extenderse más allá de ese plazo.
Este proyecto se suma a los dos anteriores en la Riviera Maya y Cozumel, que juntos representan 381 millones de pesos. En total, la CFE invertirá 508 millones en soluciones temporales para garantizar el suministro eléctrico en la zona norte de Quintana Roo durante 2026.
La urgencia se explica por el crecimiento acelerado de la demanda: entre 2021 y 2023, la Península de Yucatán registró un alza de 10.2%, la más alta del país. Hoy, la demanda supera en 14% la capacidad instalada, y las proyecciones indican que la brecha seguirá aumentando. Empresarios advierten que los apagones generan pérdidas multimillonarias y exigen inversiones permanentes en infraestructura.
En paralelo, la CFE impulsa el programa de Justicia Energética 2025-2028, con el objetivo de alcanzar 99.99% de cobertura eléctrica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se prevé la construcción de 2 mil 269 obras de electrificación con una inversión de 808 millones de pesos, beneficiando a casi 20 mil habitantes de comunidades rurales, indígenas y zonas marginadas.
El panorama revela una paradoja: mientras se anuncian proyectos de electrificación para garantizar acceso universal, la región turística más dinámica del país depende de plantas móviles de diésel para evitar apagones. La pregunta de fondo es si estas soluciones temporales bastarán para sostener el crecimiento económico y turístico de Quintana Roo o si se requiere un viraje hacia infraestructura de largo plazo.
Cierres de negocios por presión fiscal
La vida nocturna y gastronómica de la capital de Quintana Roo atraviesa un momento crítico. En lo que va de 2026, al menos 20 establecimientos han cerrado sus puertas, sumándose a los 30 que dejaron de operar durante 2025. La causa, según la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares, es clara: la carga impositiva y las elevadas multas han vuelto insostenible la operación de muchos negocios.
Joaquín Noh Mayo, representante del gremio, explicó que el incremento en los impuestos y derechos —como el resello de patentes— ha rebasado la capacidad económica de los propietarios. A ello se añaden sanciones de hasta 75 mil pesos cuando la documentación no está actualizada. “No es que no queramos pagar, es que las ventas son demasiado bajas y los recursos no alcanzan”, señaló.
El panorama se agrava con el aumento constante en los costos de las patentes: mientras en 2023 un minisúper pagaba 6 mil pesos por el resello, hoy la cifra ronda los 13 mil; en el caso de restaurantes y bares, el monto pasó de 10-12 mil pesos a entre 35 mil y 38 mil. Ni siquiera los descuentos ofrecidos por las autoridades han logrado aliviar la situación.
Ante la presión, algunos empresarios han optado por cambiar de nombre a sus negocios o rentar sus patentes, aunque la estrategia resulta insuficiente. Otros han decidido traspasar o vender sus permisos, lo que ha derivado en una saturación del mercado de bebidas alcohólicas, ahora dominado por grandes cerveceras que adquieren patentes de pequeños propietarios en crisis.
El gremio acusa falta de empatía de las autoridades municipales y estatales, que mantienen una fiscalización constante sin considerar la caída en las ventas. Para Noh Mayo, la consecuencia es evidente: cada vez resulta más costoso mantener abiertos los establecimientos, y la capital pierde espacios de convivencia y empleo.
La tendencia de cierres refleja un problema estructural: un sistema fiscal que, lejos de incentivar la permanencia de los negocios locales, abre la puerta a la concentración del mercado en manos de grandes corporativos.












