Autorizan cuatro nuevos partidos, pero les imponen más obstáculos
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 25, Jun 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
No se entiende por qué tanto celo del Instituto Nacional Electoral (INE) -un organismo que ha dejado constancia de su celo por defender los intereses de la llamada Cuarta Transformación- para autorizar el registro de nuevos partidos políticos, si eso beneficia al gobierno en funciones.
Esto se explica porque la legislación electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), reglamentaria del artículo 41 de la Constitución, prohíbe claramente que las nuevas organizaciones que reciban el reconocimiento oficial deben competir por su cuenta en los primeros comicios para los cuales estén autorizados.
Así es, por mandato de ley, los partidos políticos que obtienen su registro por primera vez tienen prohibido registrar coaliciones, alianzas o candidaturas comunes. Deben competir de manera individual en su primera elección para demostrar que cuentan con el respaldo ciudadano genuino.
El artículo 85, párrafo 4 de la referida LEGIPE estipula de forma explícita que los partidos políticos de nuevo registro no podrán celebrar coaliciones en su primer proceso electoral federal o local, por el contrario, deben aparecer solos en la boleta electoral en su debut en las urnas.
Esto significa que, con vistas a las elecciones del año venidero, mientras más organizaciones compitan, en mayor medida se pulverizará el voto de oposición, mientras que el partido oficial, Morena, junto con sus rémoras del PT y PVEM no están impedidas de mantener el bloque oficialista para consolidar su amplia mayoría en la futura Cámara de Diputados, institución fundamental para el gobierno de la República, pues tiene la responsabilidad exclusiva de revisar y autorizar el Presupuesto Federal de Egresos (PEF), instrumento fundamental para destinar suficientes recursos para los programas sociales con los que el partido oficial tiene el control del voto de grandes sectores de la población.
Claro, en caso de una eventual consolidación de alguno de los nuevos partidos y de que logren sumar los votos necesarios para confirmar su registro (mínimo tres por ciento de la votación total) e inclusive conquistar algunas posiciones por mayoría, se vendría abajo la mayoría calificada que le ha permitido al oficialismo modificar la Carta Magna a su conveniencia, mayoría que de suyo es artificial, pues no la conquistaron en las elecciones de 2024, sino por graciosa concesión del mencionado INE y ratificada por el también sumiso Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De cualquier forma, esa mayoría calificada no la requiere el gobierno que supuestamente construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, pues al menos por el momento no se ha anunciado la intención de nuevas reformas constitucionales y para aprobar el fundamental PEF, sólo se requiere mayoría simple, la cual se supone que no perderán en las llamadas elecciones intermedias, programadas para el año venidero.
En todo caso, el eventual riesgo para el régimen se proyectaría para los comicios presidenciales de 2030, pues para entonces, las nuevas organizaciones que logren rebasar el tope del tres por ciento, ya estarán en libertad de integrar coaliciones o presentar candidaturas comunes.
Lo que importa por el momento son los comicios del año venidero, donde los nuevos partidos presentarán su prueba inicial y de lograrlo, ya podrán pensar en 2030. No antes.
Las cuatro organizaciones autorizadas ayer por el Consejo General del INE son:
Uno. El Partido Paz, vinculado a liderazgos aliados de la llamada Cuarta Transformación. De hecho, su promotor, Hugo Eric Flores Cervantes, es actualmente diputado federal parte de la bancada de Morena; anteriormente fue dirigente nacional del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), el cual intentó revivir como Encuentro Solidario y ahora va por la tercera.
Dos. México Tiene Vida, surgido en el estado de Nuevo León, con base en organizaciones evangélicas.
Tres. Somos México, integrada por ex miembros del PRD y de otras agrupaciones que, en las recientes elecciones presidenciales, se presentó como “Marea Rosa”.
Cuatro. Que Siga la Democracia, organización también integrada por militantes morenistas, que surgió para promover y recabar firmas para el supuesto proceso de Revocación de Mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por el contrario, la Comisión de Prerrogativas del INE rechazó la solicitud de la asociación civil Interacción y Empatía debido a que no cumplió con el requisito de celebrar asambleas.
Además de cumplir con las cláusulas de la LEGIPE, los nuevos partidos políticos deberán cumplir con condiciones fijadas por los integrantes del Consejo General que comprenden modificaciones a sus documentos básicos y cambios en sus órganos de dirección, antes del 31 de agosto. Además, los representantes financieros de los nuevos partidos políticos notificarán de inmediato las cuentas bancarias institucionales para recibir las ministraciones mensuales correspondientes al presupuesto aprobado.
En materia de financiamiento público, los consejeros electorales asignaron para el periodo julio-diciembre de 2026 tres mil 684 millones de pesos, de los cuales cada nuevo partido recibirá 73.68 millones equivalentes al 2 % del total.
Además, los consejeros determinaron montos finales para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos con registro oficial, que ascienden a mil 203.3 millones de pesos para Morena, 597 millones para el PAN; 451.9 millones para el PRI; 445.9 millones para MC; 382.8 millones para el PVEM; y 308.5 millones para el PT.
Como se aprecia, al menos en lo que se trata de recursos económicos, las nuevas organizaciones no representan un riesgo para las instituciones ya establecidas y, mucho menos, para el partido oficial, que además de lo que recibe legalmente goza del prestigio de “ayudar” a los pobres mediante los programas sociales, aunque estos han sido aprobados por todos los partidos.
Aunque parece que sus promotores incurrieron en fallas o francas violaciones al registrar a los diez millones de militantes ofrecidos por “no me digan Andy” López Beltrán, la realidad es que Morena supera a todas las demás organizaciones en el total de afiliados y, por ello, se confirma la suposición de que volverá a ser el partido mayoritario en esos comicios de 2027. Todas las encuestas, inclusive las que no han sido “cuchareadas” le conceden una amplia ventaja al oficialismo, que además contará con el respaldo de sus “satélites”, a los cuales se pretenden sumar por los menos dos de los cuatro que tienen casi asegurado su registro.
Los que en apariencia serán más afectados serán los partidos de oposición, como los tradicionales PAN y PRI, a los que se debe agregar MC que sigue con su propósito de competir solo.
Los nuevos partidos, en particular Somos México -al que los consejeros electorales exigen cambiar nombre y colores- le restarán sufragios a la oposición, no al oficialismo.
De por sí las encuestas conceden pocas posibilidades a los opositores, pues sólo el PAN rebasa los dos dígitos, mientras que PRI y MC están por debajo del diez por ciento. Por ejemplo, un reciente sondeo de Buendía y Márquez, publicado por el diario El Universal le concede 14 por ciento al partido azul, mientras que el tricolor aparece en tercer sitio con ocho puntos, superado inclusive por MC, al que se le vaticina llegar al 12 por ciento.
A nombre de los dirigentes de Somos México, el ex dirigente nacional del desaparecido PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, se inconformó con las exigencias de los consejeros electorales de cambiar de nombre y de colores.
Recordó que ellos cumplieron a cabalidad con todos los requisitos legales, inclusive mayor número de las asambleas exigidas por la ley, además de que acreditaron 350 mil afiliados, cantidad que rebasa el mínimo exigido por las normas.
Por lo pronto, se confirmó el fracaso de otras iniciativa del gobierno actual, que es el registro de datos personales para vincularlos con el número del teléfono celular, lo que ha generado reacciones de inconformidad por considerarlo como una intromisión anticonstitucional en la privacidad de los usuarios.
Las autoridades decidieron ampliar la fecha límite del proceso hasta el 31 de diciembre de 2026.
