Rosario Piedra Ibarra cumple su tarea de respaldar a la llamada 4T
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 13, Jul 2026
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
La personalidad de cada individuo se forma fundamentalmente de dos vertientes, la genética aporta cerca del 40 por ciento del temperamento, mientras que el 60 restante se moldea por el entorno en que crece el individuo.
También hay especialistas que han encontrado que la primera hija hereda más características del padre que de la madre, pero en lo que sí están de acuerdo todos los especialistas es en que el carácter no se hereda en una cantidad exacta de hijos ni se obtienen copias al carbón.
La herencia de la personalidad funciona de la siguiente manera:
Combinación única: Cada hijo recibe una mezcla diferente de los genes de ambos padres. Por lo tanto, ningún hijo hereda exactamente el mismo carácter que otro, ni tampoco el de uno de los padres en su totalidad.
Estos antecedentes resultan importantes por el notable caso de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, organismo al que se ha encargado de desbarrancar, luego de haber gozado de gran prestigio nacional e internacional por su independencia de criterio al defender casos notables de violación a los derechos humanos. Al respecto, es de tener en cuenta que esos derechos fundamentales sólo pueden ser transgredidos por una autoridad (el gobierno) y por tanto la tarea de la defensa resulta más difícil y riesgosa.
Sólo por mencionar un caso sobresaliente, la Comisión fue la institución que invalidó la versión oficial de la matanza de campesinos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, cuando policías de Guerrero atacaron a personas inermes.
A consecuencia de este ataque, el 28 de junio de 1995 un juez sentenció a 37 ex policías y ex funcionarios del estado de Guerrero por su participación directa o encubrimiento en la matanza de Aguas Blancas. Como es costumbre, las sanciones no llegaron a los altos niveles de la política, pero hubo un cambio en el gobierno, pues el mandatario en funciones, Rubén Figueroa Alcocer, se vio obligado a renunciar.
Otras acciones sobresalientes de la CNDH están vinculadas, una con el atentado al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien murió a consecuencia de un ataque en Lomas Taurinas, Tijuana. Hasta ahora no hay una averiguación más detallada ni más confiable que la de los especialistas de la CNDH, encabezados, primero por Miguel Montes y luego por Luis Raúl González Pérez.
Segundo caso, el probable asesinato y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, caso que se ha utilizado con fines políticos, sobre todo para tratar de responsabilizar al Estado y, en particular, al Ejército. Este argumento ha sido utilizado sobre todo por el actual régimen de la llamada Cuarta Transformación, empezando por su caudillo, el ex presidente López, quien durante años engañó a los padres de los normalistas desaparecidos con la falsa promesa no sólo de resolver el caso sino de incluso encontrar a sobrevivientes.
Nada de eso ocurrió y, a pesar de que el régimen dio un giro al grave caso y en vez de perseguir a los presuntos responsables emprendió una persecución en contra de los investigadores del gobierno anterior, tanto que Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, fue consignado y está bajo arresto domiciliario por sus problemas de salud.
De cualquier forma, prevalece lo que se denominó la “verdad histórica” que consiste básicamente en que los normalistas fueron desaparecidos por una organización criminal que los confundió con miembros de un grupo rival, que los asesinó y quemó sus cuerpos o los enterró en sitios todavía no descubiertos.
En un giro radical, la llamada Cuarta Transformación ha dejado de inculpar a miembros de las fuerzas armadas y ha procurado eliminar cualquier sospecha acerca de una ilegal intervención de elementos del Ejército.
Aquí es donde entra la presidenta de la CNDH, quien llegó al cargo precisamente impulsada por el cacique de Macuspana, quien declaró que lo hacía en reconocimiento de la madre de Rosario Piedra, la defensora de los derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, quien entre otras posiciones tiene el mérito histórico de haber sido la primera mujer postulada a la Presidencia de la República, registrada por el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Doña Rosario, la madre, se inició en las acciones de protesta contra el gobierno por la desaparición de su hijo Jesús, acusado de haber participado en un ataque contra el poderoso empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, aunque extrañamente sólo fue acusado por la muerte del chofer y guardaespaldas. Jesús fue detenido por agentes de una corporación policiaca de Nuevo León y luego desapareció.
Doña Rosario se unió luego con padres de otras víctimas de la llamada “guerra sucia”, durante la cual fueron ejecutados extrajudicialmente numerosos luchadores. Así nació el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos (más conocido como el Comité ¡Eureka!).
En muchas de esas andanzas, que incluyeron protestas presenciales ante los ex presidentes Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, en muchas de las cuales le acompañó su hija Rosario Piedra. Fue realmente una dama de compañía, pues no se le conocen acciones personales en ese esfuerzo por rescatar al menos la memoria de las víctimas de la “guerra sucia”.
Sin embargo, Rosario hija recibió el premio de los esfuerzos realizados por su madre, al ser postulada por el ex presidente López a la presidencia de la CNDH y luego ratificada en el cargo, para un total de diez años, que todavía no se cumplen.
Una manifestación del respaldo del cacique de Macuspana para Rosario hija se escuchó el 10 de diciembre de 2019, cuando el ex presidente López dio un espaldarazo a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, a quien -dijo- le tiene toda su confianza para que quien viole los derechos humanos sea castigado y con ello se acabe el influyentismo y la impunidad.
“Me da gusto acompañar a Rosario Piedra que tiene todo nuestro reconocimiento porque es una mujer con principios e íntegra, ha sufrido en carne propia la violación de derechos humanos”.
En esa oportunidad, López defendió fuertemente la llegada de Piedra al organismo autónomo, argumentando que era un “acto de justicia” por la trayectoria de su madre, Rosario Ibarra, y su lucha histórica en el Comité ¡Eureka! Durante su mandato, el ex mandatario le otorgó toda su confianza, argumentando que su gestión permitiría acabar con la impunidad y alejar a la CNDH de los intereses del “antiguo régimen”.
Durante esa ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 a la activista Obtilia Eugenio Manuel, el titular del Ejecutivo reiteró que el compromiso de su gobierno es que no se violen los derechos humanos en el País.
Con todo y las fallidas promesas del caudillo de la 4T de resolver la tragedia de Ayotzinapa y de la “guerra sucia”, Rosario hija olvidó la posición crítica que debe asumir ese organismo a su cargo y en vez de mantener una actitud crítica ante el gobierno, ha procurado sumar la Comisión a los organismos que se encargan de exaltar el trabajo del gobierno, como los intentos de modificar el registro de muertos y desaparecidos, con los cuales el régimen actual intenta simular avances en la lucha contra la delincuencia.
La más reciente acción de la CNDH de Rosario Piedra, para ubicarse al lado del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y justificar sus acciones, fue un extenso reporte en el cual convalida prácticamente todas las versiones que eximen al Ejército de cualquier irregularidad en torno al caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En esto se puso al lado del régimen que, como mencioné, ha dado un giro a su anterior sentencia de que el crimen colectivo contra esos jóvenes era culpa del Estado, pero, claro, de los anteriores gobiernos.
El reporte de la Comisión desvincula formalmente al Ejército de toda responsabilidad en el caso de Ayotzinapa.
La CNDH concluye que, aunque hubo presencia militar la noche de los hechos, no existen elementos para responsabilizar al Ejército como institución. Sostiene que si hubo omisiones o colusión fue por conductas estrictamente individuales.
