La aprehensión de Ruffo, una acción policiaca muy conveniente para la 4T
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 16, Jul 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Agobiado por las acusaciones contra sus militantes acusados de corrupción y de vínculos con la delincuencia, el gobierno que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encontró un motivo de alivio al acusar a un destacado miembro de la oposición, el ex gobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel de estar vinculado a uno de los más graves delitos que aquejan al país, el huachicol fiscal.
Hasta ahora, todas las denuncias respecto a esa actividad ilícita -según cifras oficiales ha ocasionado daños al país por más de 600 mil millones de pesos- apuntaban, y apuntan, a personas allegadas al régimen actual, pero hasta ahora el gobierno, en particular la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) no ha ido más allá de los ex mandos de la Marina Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, los cuales se proclaman “chivos expiatorios” y exigen que las averiguaciones lleguen a los más altos niveles del gobierno nacional, incuido su tío político, el ex secretario de la Marina, durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el almirante Rafael Ojeda Durán.
El mismo ex mandatario y caudillo de la llamada Cuarta Transformación ha sido señalado de encubrir ese delito. Esto por el ex gobernador de Tamaulipas, también militante del PAN, Francisco Javier Cabeza de Vaca, actualmente asilado en los Estados Unidos, quien ha revelado que desde el año 2019 denunció personalmente ante el ex presidente Andrés Manuel López Obrador la existencia de una red de contrabando y evasión fiscal conocida como huachicol fiscal.
Transcurrieron seis años antes de que el gobierno de la 4T admitiera la existencia de ese contrbando, pues el 31 de marzo de 2025, se “descubrió” un cuantioso cargamento de aproximadamente 8 millones de litros de combustible en el ejido “El Sauzal”, localizados en 119 tanques y decenas de remolques dentro de un predio utilizado como pensión. Averiguaciones posteriores, vincularon al ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna con el predio donde se almacenaba el huachicol, pero pronto el régimen lo exculpó.
Las investigaciones continuaron a partir de otro gran cargamento descubierto en Tampico, Tamaulipas, y un tercero por un megadecomiso en Coahuila -vinculado a Baja California- el 7 de julio de 2025, cuando se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe.
Fue a partir de esta acción que se empezó a mencionar el nombre del ex gobernador Ruffo.
La gobernadora de Baja California, la Morena Marina del Pilar Ávila Olmeda, agobiada por denuncias contra ella y su ex esposo, Carlos Torres Torres, tanto dentro como fuera del país y con sus visas canceladas -ella siempre lo ha negado- recibió un gran alivio al desviar la atención pública al exhibir como presunto delincuente a un opositor del PAN que, por otra parte, es una figura nacional pues fue el primer no priista en ganar mediante el voto popular un gobierno estatal.
De acuerdo con versioones aparecidas en medio, en ese denominado megadecomiso están involucradas 200 personas con órdenes de aprehensión, entre empresarios y ex funcionarios públicos, pero la mandataria bajacaliforniana se aparesuró a declarar que la averiguación “Involucra a un ex gobernador del PAN”.
A su vez, la Fiscal General de Baja California, María Elena Andrade, aclaró que, por el momento, no se había solicitado a las autoridades federales apoyo para cumplimentar una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel.
Las investigaciones se centraron en la empresa Ingemar S.A de C.V, de la cual Ruffo Appel es socio, la cual estaba bajo investigación por posibles delitos relacionados con huachicoleo de combustible.
Interrogado por los medios, en esas fechas, el ex gobernador Ruffo dijo estar dispuesto con las autoridades para aclarar supuestas irregularidades y dijo permanecer en su casa de Ensenada, pero que hasta ese momento no ha sido requerido por ninguna autoridad federal. En anteriores declaraciones a la prensa, Ruffo había negado las acusaciones. Al sostener que su empresa sólo almacenaba combustible.
La situación cambió radicalmente ayer, jueves, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del ex gobernador Ruffo Appel, en cumplimiento a una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Mediante mensaje en redes sociales, incluida una foto del panista con un manchón sobre los ojos, la Fiscalía refirió que la aprehensión ocurre luego de una investigación “de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California”.
El propio político de oposición se encargó en confirmar su captura, pues al llegar los agentes a su demicilio sostenía una conversación telefónica con un reportero de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN).
El ex mandatario fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) y trasladado a instalaciones del Ministerio Público Federal.
En las referidas declaraciones anteriores a los medios, en particular con el reportero Ernesto Eslava del semanario Zeta, el panista declaró asimismo que, a pesar de que le señala como fundador de Ingemar, sólo es socio minoritario.
De resultar cierto, aunque se comprueben irregularidades cometidas por Ingemar, los principales inculpados serán otros y, de conseguirse un juzgado imparcial, no sometida al gobierno en funciones, Ruffo Appel podría recuperar pronto su libertad.
Pero eso no es lo que interesa a la llamada Cuarta Transformación, para efectos de propaganda, les bastará con exhibir al panista tras les rejas, pues de lo que se trata es de desviar la atención acerca de los más importantes políticos involucrados, la mayor parte de los cuales están vinculados con el partido oficial y con el régimen en funciones.
Aunque la noticia de la aprehensión de Ruffo Appel concede un respiro al gobierno de la presidenta Sheinbaum, el alivio no es total, pues todavía tiene que afrontar la presión del gobernante de los Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene a México como uno de sus principales objetivos por lo que supone el control del narco sobre el gobierno de la República.
La animadversión se confirmó con el anuncio, también publicado ayer, de que el gobierno de la Unión Americana aumentó el número de organizaciones criminales que operan en México calificadas de terroristas.
Como es de dominio general, la clasificación de los cárteles, mexicanos y de otras nacionalidades, como terroristas no es una acción inocua, ni se limita sólo a la persecución de los delincuentes, sino que es un elemento de presión sobre el gobierno nacional al que se ha declarado incapaz de controlarlos ni mucho menos acabar con ellos.
Es de recordar que, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos, la clasificación de los cárteles como terroristas autoriza a sus agencias y fuerzas armadas a combatirlos inclusive en territorio extranjero. Así ocurrió en el caso de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue extraído por la fuerza acusado, entre otros cargos, de vínculos con organizaciones calificadas de terroristas. También es de recordar que las fuerzas armadas de la vecina potencia han destruido en altamar y asesinado a sus tripulantes naves de otras banderas, sólo por la sospecha de que se dedican al contrabando de drogas.
Esa presión externa derivada del temor por acciones armadas estadunidenses se alivió un poco por una declaración publicada también ayer, con expresiones aparentemente amistosas del embajador Ronald Johson.
En referencia a la calificación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas, el diplomático resaltó en redes sociales que, “junto con México, estamos desarticulando el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que amenazan a nuestras dos naciones”.
También señaló que las acciones del Departamento de Estado reafirman “el compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen”.
No mencionó los casos de Rocha Moya ni de Marina del Pilar.
