Con todo y denuncias contra Ruffo, el huachicol le quema a la llamada Cuarta Transformación
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 30, Jul 2026
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Lo dicho, Morena no sale de una cuando cae en la otra.
En efecto, en un aparente intento de aclarar, un poco, no mucho, el grave delito del huachicol, la llamada Cuarta Transformación ha festinado hasta el hastío la captura del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, supuesto jefe de una organización delincuencial que manipuló millones de litros de combustible.
De confirmarse las denuncias de la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR), la empresa y los asociados de Ruffo Appel defraudaron al fisco un total de cuatro mil millones de pesos.
Se trata, sin duda, de una enorme fortuna, pero está muy lejos de ser la principal responsable –ni siquiera una de las más importantes– organizaciones dedicadas a esa ilegal actividad, pues de acuerdo con cifras oficiales, el huachicol fiscal le ha provocado un daño patrimonial al fisco federal de más de 600 mil millones de pesos. Entonces los cuatro mil millones atribuidos al ex mandatario bajacaliforniano representan menos del ¡uno! por ciento del total de lo generado por esa ilícita actividad.
Entonces, antes de que entre en vigor la “ley mordaza” que prepara el gobierno federal, cabe la pregunta incómoda: ¿quiénes son y dónde están los principales beneficiarios del contrabando de combustibles conocido como huachicol?
Por desgracia para la llamada Cuarta Transformación, todos los indicios acerca de los principales beneficiarios de ese contrabando militan en sus filas.
Allí está, por ejemplo, el caso de los marinos de alto grado enterados y probablemente involucrados en el manejo de grandes cargamentos de combustibles, introducidos a territorio nacional, principalmente mediante grandes buques-tanque, uno de los cuales fue el denominado Challenge Procyon, una embarcación con bandera de Singapur que transportaba diésel ilegal oculto bajo documentos falsos de aditivos. Lo más grave del caso es que surgieron evidencias de que la embarcación era utilizada igualmente para el contrabando de armas, tema que parece haber sido dejado de lado por los afanosos investigadores oficiales.
Esa sola nave transportaba más de 20 millones de litros, de los cuales el gobierno federal anunció sólo el decomiso de la mitad, es decir, unos 10 millones de litros. Esto hizo surgir sospechas de que a pesar de que ya las autoridades estaban sobre aviso, los involucrados en la importación ilegal u otros individuos o empresas lograron sustraer nada menos que diez millones de litros de combustible ilegalmente importado y eso que debía estar bajo custodia de las autoridades.
Cantidades aparte, ese decomiso llevó a poner en evidencia el involucramiento en el contrabando de combustible de altos mandos de la Secretaría de Marina, de manera destacada los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, respectivamente vicealmirante y contralmirante (equivalente a general de brigada y brigadier de la jerarquía militar que es más conocida). Pero no sólo eran mandos de alto grado, sino que además resultaron sobrinos políticos del entonces secretario de la Defensa (sexenio de Andrés Manuel López Obrador) José Rafael Ojeda Durán.
El primero, Manuel Roberto, fue aprehendido y actualmente está sometido a juicio, preso en una cárcel de alta seguridad, mientras que su hermano fue advertido oportunamente – ¿por quién? y logró huir, primero a Guatemala, donde consiguió un pasaporte falso y luego se trasladó a Colombia y finalmente a Argentina, donde lo retiene la justicia de esa nación, cuyo gobierno no tiene buenas relaciones con la mexicana Cuarta Transformación.
Los hermanos Farías, ya sea directamente, mediante sus abogados o por medio de cartas dirigidas a la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, han revelado que informaron de las irregularidades a su tío y jefe, ante quien presentaron a otro alto mando, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ante su tío secretario, pues estaba al tanto de las irregularidades con la llegada de embarcaciones con combustibles y, probablemente, en otras aduanas, todas a cargo de la Secretaría de Marina.
El alto mando expuso el esquema de contrabando ilegal de combustibles y sobornos millonarios conocido como «huachicol fiscal»; entregó pruebas en audios y cartas a mano al entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y posteriormente ante el mando de la administración entrante.
Su recompensa fue una descarga de armas de fuego que le cortaron la vida mientras disfrutaba de unas vacaciones en Manzanillo, Colima. Los únicos enterados de que estaba en ese sitio fueron sus colegas y jefes de la Secretaría de Marina.
El contralmirante Guerrero Alcántar no fue la única víctima mortal. También fue asesinada la investigadora de la Fiscalía General de la República Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima. Ese crimen se vincula en las indagatorias con la ejecución del contraalmirante Guerrero Alcántar.
Para hacer más ominoso este caso, otros oficiales de Marina murieron en condiciones por lo menos extrañas. Uno, supuestamente, se suicidó y otro más falleció “accidentalmente” en una práctica de tiro con sus compañeros de armas.
Al continuar las averiguaciones, la FGR confirmó ayer haber solicitado que comparezcan otros siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que presuntamente tuvieron conocimiento de actos de corrupción.
Las comparecencias de los siete elementos de la Semar fueron autorizadas tras una solicitud formulada por los abogados del Farías Laguna, encabezada por Epigmenio Mendieta Valdés, quien pidió integrar en el caso de su cliente los testimonios de otros elementos dentro de la carpeta de investigación. “La diligencia se realizará (en las próximas horas) en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en la Ciudad de México.
“La atención ahora se centra en lo que puedan revelar los siete marinos. Ya que sus testimonios podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo quienes realmente dieron instrucciones o responsabilidades que aún no han salido a la luz”, señala la defensa de Farías Laguna, quienes se declaran “chivos expiatorios” y han exigido que se investiguen a personajes de alto nivel.
Sin embargo, la energía de la FGR parece tener un tope, pues la FGR se ha negado rotundamente a permitir que se llame a declarar al ex secretario Ojeda.
Esta resistencia fortalece las sospechas de que, el eventual testimonio del ex titular de la Semar apunte hacia Palenque, donde reside su ex jefe, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el ex presidente López.
La disciplina castrense impone a los miembros de las fuerzas armadas informar a sus jefes tanto de lo bueno como de lo malo de lo que se enteran. En tal caso, el almirante Ojeda debió reportar a su jefe, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, las irregularidades que le comunicaron sus subalternos. Si no lo hizo, está en falta, y si cumplió, entonces la responsabilidad por no actuar recae en el residente de la quinta La Chingada.
En niveles más bajos, pero que pueden llevar hasta las alturas, un amigo me indicó que el tema del huachicol debe incluir el dar con los dueños y operadores de la refinería clandestina recién descubierta en Reynosa, Tamaulipas.
El consejero indicó que, si las autoridades quieren reconstruir cómo fue posible la operación de la refinería asegurada en Reynosa, tarde o temprano tendrán que voltear hacia el ayuntamiento. Y es ahí donde aparecen dos nombres inevitables: la senadora Maki Ortiz y su hijo, el alcalde Carlos Peña Ortiz, cuyo grupo político gobierna el municipio desde 2016.
En los círculos de seguridad advierten que una instalación de ese tamaño no se levanta de un día para otro, requiere permisos, movimiento de maquinaria, servicios y, sobre todo, supervisión de las autoridades locales. En ciudades tan importantes como Reynosa, los presidentes municipales conocen a la perfección a sus principales empresarios, por ello no es descabellado preguntar, ¿conocían al dueño de una empresa que podía tener en sus patios al menos 3.7 millones de litros de hidrocarburos? Esto puede agravar el gran problema político para la 4T.
