Si miente, ¿quién se atreverá a castigar a la Presidencia de la República?
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 2, Ago 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
¿Qué sucederá si, al entrar en vigor la llamada ley de defensa del derecho de las audiencias, un medio de comunicación reproduce una mentira escuchada y grabada en la mañanera de Palacio Nacional?
¿A quién se castigaría a la Presidencia de la República o al medio que confió en lo dicho por el gobierno y no confirmó su veracidad?
No se trata de una mera suposición. De hecho, la empresa especializada SPIN llevó un recuento diario de las mentiras expresadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (bueno no todas fueron mentiras plenas, sino afirmaciones que no se podían comprobar) y encontró que se producían entre 80 y 100 no verdades diarias y si esas se multiplican por el total de mañaneras, dan una enorme cifra.
Por ejemplo, el diario Los Ángeles Times -por no citar a un medio nacional que podría ser acusado de parcial- publicó una nota el 21 de julio de 2021, basadas en estudios de SPIN, según la cual apenas a medio sexenio, el entonces jefe del Ejecutivo había incurrido en más de 56,000 declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias matutinas.
El informe citado, dirigido por el consultor político Luis Estrada, en las 641 conferencias mañaneras que había encabezado el caudillo de Macuspana desde su llegada a la Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 30 de junio, el mandatario es impreciso 88 veces en promedio en cada una de ellas.
En total, precisa el informe, ha hecho 56,181 afirmaciones no verdaderas en estos espacios.
Sin embargo, en vez de admitir sus errores o engaños, el ex presidente López, tuvo el descaro de implantar en sus conferencias una sección especial denominada “Quién es quién en las mentiras” a cargo de la sedicente comunicadora Ana Elizabeth García Vilchis, en la cual supuestamente se exhibían las mentiras aparecidas en los medios de comunicación, en particular las secciones a cargo de auténticos periodistas que no eran o son del agrado de la llamada Cuarta Transformación.
La presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo retomó la idea de las conferencias matutinas también se encontró con espacios informativos que no le gustan y, de igual forma, creó una especie de tribunal destinado a “exhibir” los supuestos errores de los medios y de los informadores profesionales al que tituló «El detector de mentiras» al frente del cual designó a Miguel Ángel Elorza Vásquez, coordinador de la iniciativa Infodemia.
El esfuerzo del gobierno encargado de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación en contra de los medios y periodistas “incómodos” no se quedó allí. Como otros proyectos heredados, el gobierno de Sheinbaum puso en marcha el pasado día 27 de julio (el anuncio oficial apareció un día después) una consulta supuestamente para que los especialistas y todos los interesados puedan dar sus opiniones acerca de los mejores medios para la defensa de las audiencias que, a pesar de las aparentes buenas intenciones, en realidad es definida como un medio de censura o “ley mordaza”.
Como otras “consultas populares” previas a las reformas impuestas por Morena y sus satélites, de antemano existe el convencimiento de que las eventuales reformas legales que de allí se deriven responderán únicamente a los intereses del régimen y su intento de acallar cualquier crítica.
Entre lo planeado, que seguramente será aprobado por un incondicional Congreso de la Unión, están severas sanciones para los medios que no se ajusten a los lineamientos oficiales. Se habla inclusive, en el caso de televisoras y radiodifusoras, de la medida extrema de cancelación de las concesiones. (Si se piensa, por ejemplo, en Televisión Azteca y su indomable presidente Ricardo Salinas Pliego, desde luego se acertará, pero no es el único caso).
Contrario a lo que sucedió con su mentor y guía, la presidenta Sheinbaum no acumula mentiras llanas, pero está muy cerca de ese peligroso terreno. Valga decir que se trata de verdades a medias.
Por eso viene al caso la pregunta inicial de esta columna, si un medio de comunicación reproduce una mentira ¿de quién es la responsabilidad y a quién se aplicarán las sanciones conducentes?
Por ejemplo, al descubrirse instalaciones clandestinas donde se procesan combustibles manejados ilegalmente, localizados recientemente en Tamaulipas y Nuevo León, la jefa del Ejecutivo declaró que no se trata de refinerías, sino sólo de “centros de procesamiento ilegal de combustible”. El punto central, sin embargo, no es ese. ¿Se trata o no de instalaciones clandestinas y vinculadas a la red criminal que maneja los derivados del petróleo que se comercian de forma ilícita?
Ese contrabando de combustibles provoca graves daños al país y, si no, que lo digan los resultados de la operación de la empresa “nacional” Petróleos Mexicanos (Pemex), que es la única gran corporación dedicada a la explotación de hidrocarburos que presenta pérdidas en vez de utilidades. Los resultados negativos fueron revelados hace menos de una semana.
Ahora bien, si las averiguaciones del gobierno nacional dan un giro y resulta que el contrabando sí lesiona gravemente las finanzas de la empresa “que es de todos”, pero los medios informativos no cambian el sentido de sus informaciones ¿serán ellos los responsables y no las fuentes de donde salió el informe, aunque sean oficiales?
Por cierto, un caso presuntamente delictivo vinculado al tema del huachicol, es la consignación del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, que está sujeto a investigación a cargo de la Fiscalía General de la República.
En una de sus conferencias mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la investigación contra el ex gobernador Ernesto Ruffo Appel cuenta con 96 datos de prueba integrados en la carpeta de la Fiscalía General de la República (FGR), y negó que se trate de una persecución política. Entre los delitos que se le atribuyen al ex mandatario estatal y a sus socios están los de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal) por un fraude estimado en más de 4 mil millones de pesos.
El expediente, indicó la mandataria federal, incluye peritajes, análisis de inteligencia financiera y revisión de comercio exterior presentados por la FGR.
En apariencia, la mandataria federal cumplió con informar a la nación. Pero resulta que el código penal prohíbe que el contenido de las “carpetas”, como se denomina ahora a los expedientes, con las investigaciones sea hecho público, pues se rompe el principio de reserva legal, lo que puede afectar la presunción de inocencia, generar un impacto social o mediático.
No sólo eso, la misma legislación impone severas sanciones a quien viole la secrecía de los expedientes y, en el caso de funcionarios públicos, se puede llegar hasta la pérdida del empleo. Es difícil que tal castigo llegue hasta la jefa del gobierno nacional, pero sin duda se trata de una violación importantes y, por lo menos, el correctivo debería llegar a la titular de la FGR la “fiscal carnal” Ernestina Godoy o al agente del Ministerio Público responsable de las indagaciones.
Con todo, la reglamentación de las normas para “proteger” a las audiencias va adelante, a pesar de que se extiende la percepción de que se trata de un mecanismo para censurar a los medios.
Al respecto, el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, advirtió: “Hay momentos en la vida pública de un país en que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. México vive uno de esos momentos.
“En días recientes se discute un nuevo paquete de lineamientos sobre el derecho de las audiencias. En el papel, suena técnico, casi inofensivo: reglas, criterios, protección al público. En los hechos, es un intento más de un gobierno que ya no sabe qué hacer con las voces que lo incomodan, salvo intentar apagarlas.
“Lo preocupante es que, en esta historia, la autoridad electoral no está actuando como árbitro. Está actuando como jugador del mismo equipo. En lugar de garantizar condiciones equitativas para la contienda que viene, parece dispuesta a silenciar a quien se atreva a decir en voz alta lo que México -y el mundo- viene señalando desde hace tiempo: que el partido en el poder ha construido puentes con estructuras criminales para asegurar votos, territorio y silencio, a cambio de la vida, seguridad y el patrimonio del pueblo al que decía amar”.
