La persecución contra “Alito” pone en riesgo acuerdos del gobierno con los medios
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 11, Ago 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
¿Desde cuándo, en México, los partidos políticos son auxiliares del Ministerio Público o tienen facultades para participar en averiguaciones judiciales?
Esto porque, ayer, la presidenta de Morena, la ex secretaria de Solidaridad, Ariadna Montiel Reyes, apareció como vocera de las autoridades judiciales al dar a conocer detalles acerca de la aprehensión de Luis Antonio Espinosa Campos, contador de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI.
De acuerdo con lo declarado por la dirigente nacional del partido oficial informó que el mencionado contador está acusado de recibir recursos del gobierno de Campeche mediante una empresa relacionada con medios fundados por el priista, o sea, su hermano “Alito”, ex gobernador de Campeche.
En conferencia de prensa, Montiel Reyes señaló que las autoridades no acreditarían la prestación de los servicios contemplados en el contrato.
A lo que se refería la dirigente nacional de Morena es que el detenido Espinosa Campos fundó Mayavisión, televisora que recibió 97 millones de pesos durante el gobierno de “Alito” Moreno en Campeche, por lo cual la Fiscalía de aquel estado investiga la falta de respaldo material de esos cobros.
El contador fue detenido ayer, en la Ciudad de México cerca de su despacho ubicado en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Será trasladado vía aérea a Campeche para enfrentar las imputaciones hechas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de ese estado.
Lo que no se explica y hace surgir las mencionadas preguntas acerca del por qué la dirigencia nacional de Morena recibió en tan corto plazo detalles acerca de la averiguación de este supuesto delito. Ya antes se habían tenido indicios de que la “autónoma” Fiscalía General de la República filtra detalles de los expedientes judiciales al gobierno federal, pues la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer detalles de las averiguaciones en torno a las denuncias contra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de estar involucrado en el contrabando de combustibles, lo que popularmente se conoce como “huachicol fiscal”.
A pesar de que las normas penales establecen que esos documentos deben estar reservados, mientras no exista una sentencia de un juez o tribunal. Antes de eso, los archivos sólo deben ser conocidos por los involucrados directos en el juicio (demandantes, acusados, víctimas); ellos y sus abogados tienen derecho pleno y directo a consultar los registros y expedientes, pero nada más.
Como se menciona, por lo menos la presidenta de Morena –que se supone ajena a este caso judicial– conoció detalles de la averiguación, lo que da motivo para sospechar que existe un propósito de tipo político.
Esto se confirma por las propias declaraciones de Montiel Reyes, quien al informar de las averiguaciones acerca del contador Espinosa Campos –seguramente, a continuación contra los hermanos Moreno Cárdenas– que la acción de las autoridades explicaría el esfuerzo del presidente del PRI de acusar ante el gobierno de los Estados Unidos e instituciones internacionales el ”autoritarismo” del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Al respecto, la dirigente nacional de Morena precisó que el artículo 61 constitucional protege la función parlamentaria, es decir, la inviolabilidad de los legisladores por decir lo que opinan. Pero eso, aclaró Montiel Reyes, no impide investigaciones ni otorga impunidad. Montiel acusó a Moreno Cárdenas de buscar impunidad ante investigaciones por presuntos actos de corrupción y de recurrir a autoridades extranjeras para presionar a instituciones mexicanas.
“No les molesta la ley, les molesta que la ley también se les aplique”, afirmó. Aseguró que el dirigente priista intenta presentarse como perseguido político cada vez que las indagatorias alcanzan a él o a su entorno, por lo que sus viajes a Washington buscan generar injerencia extranjera y desviar la atención de los procesos en su contra.
La dirigente morenista señaló que Moreno Cárdenas ha acudido en febrero, mayo y agosto a Estados Unidos para solicitar que Morena sea señalado como una organización vinculada con el crimen organizado. También sostuvo que tras esas acusaciones están las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Campeche. O sea, el objetivo es su homólogo del PRI.
No es la primera denuncia contra Moreno Cárdenas por supuestas irregularidades durante su gobierno en Campeche. De hecho, la actual mandataria de esa entidad, la hija del cacique Carlos Sansores Pérez, Layda (su segundo apellido es San Román) ha acusando formalmente a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas de enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero, uso de prestanombres y evasión fiscal, sin que hasta ahora prosperen las denuncias.
La administración de Sansores San Román y su Fiscalía han denunciado un incremento desproporcionado en los bienes inmuebles del líder del PRI, los cuales presuntamente no corresponden con sus ingresos oficiales como servidor público, por lo cual el gobierno estatal ejecutó decretos de utilidad pública para tomar posesión de propiedades en Campeche vinculadas a su círculo cercano, incluyendo terrenos a nombre de su madre y de empresarios o prestanombres presuntamente relacionados con él.
Además, la gobernadora ex priista y ahora morena creó un programa especial transmitido semanalmente en el sistema estatal de radio y televisión, denominado los Martes del Jaguar supuestamente para informar directamente a sus paisanos, pero fundamentalmente enfocado a perseguir al dirigente nacional del tricolor.
Derivado de tales denuncias, se han tramitado solicitudes de desafuero en el Congreso y acciones legales que se han extendido a la detención de personas vinculadas a su entorno financiero, como contadores de su círculo familiar.
“Alito” Moreno ha rechazado categóricamente todas las imputaciones, calificándolas de calumnias, difamación y una persecución orquestada desde el poder para intimidar a la oposición.
En particular, ayer, luego de conocerse la captura del contador de su hermano, el dirigente nacional del PRI respondió de manera airada. “A mí me van a tener que matar”, dijo “Alito” Moreno.
El dirigente del tricolor calificó como una “persecución política” la detención de un contador señalado como representante de empresas de su hermano y defendió la denuncia que presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del INE.
En declaraciones difundidas tras el arresto, “Alito” sostuvo que existe una “persecución abierta del Estado mexicano” y acusó al gobierno federal de utilizar instituciones para actuar contra integrantes de la oposición. Aseguró no tener relación con los hechos investigados y sostuvo que “no tengo nada que ocultar”.
También indicó que su estado ha sido convertido en un “laboratorio de represión y venganza política” y sostuvo que las investigaciones contra personas relacionadas con la oposición carecen de sustento jurídico, según sus declaraciones.
Aparte de lo que resulte de esas denuncia y la aprehensión del contador Espinosa Campos, lo cierto es que el gobierno de Campeche encabezado por Layda Sansores –recientemente exhibida por un viaje de place a Europa para celebrar su cumpleaños– o directamente el gobierno federal se involucraron en asunto conflictivo: la relación y el pago de esas autoridades a los medios de comunicación por campañas de publicidad.
El punto central es el mencionado contrato de la administración de Moreno Cárdenas con la empresa fundada por su hermano, Mayavisión, para difundir información de su gobierno. De acuerdo con las denuncias hasta ahora no conocidas, no existe constancia de que las televisora haya dedicado espacios a la información del gobierno.
Aquí es donde surge el problema. En ese tipo de contratos, lo que se impone es la confidencialidad. Ni los gobiernos ni los medios desean sacar esos asuntos a la luz pública y, si no, que le pregunten a la llamada Cuarta Transformación por qué paga cientos de millones de pesos a un solo medio y cómo lo justifican.
