Morena ya tiene otro gobernador que proteger, Marina del Pilar Ávila, de BC
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 29, Sep 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
A pesar de sus esfuerzos por librarse del calificativo de narco-gobierno, la administración de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta casi cotidianamente presiones de los Estados Unidos para sancionar a funcionarios ligados a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de enervantes.
Para muchos, las denuncias llevan la amenaza de una intervención directa de fuerzas armadas de los Estados Unidos, pero
de momento, se trata sólo de manifestaciones verbales o por escrito, mediante las cuales las autoridades de la vecina nación señalan a presuntos implicados e imponen al gobierno nacional la responsabilidad de, por lo menos, averiguar si los señalados encubren o están asociados a delincuentes.
En este marco general se debe considerar la denuncia formulada ayer por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana en contra de 21 personas y 25 entidades a quienes impone castigos por considerar que están vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Concretamente con la facción que ahora dirige Ismael Zambada Sicairos (también conocido como “Mayito Flaco”, hijo del antes poderoso capo apodado “El Mayo”, actualmente preso en Nueva York, bajo proceso por numerosos delitos por los cuales podría recibir una condena de por vida.
De hecho, la tarea para las autoridades mexicanas (¿la “eficiente” Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy?) se facilita si se limitan a seguir las conclusiones del Departamento del Tesoro, quienes incluyen un detallado relato de las principales acciones ilegales atribuidas a personas y empresas sancionadas.
Esas averiguaciones no se limitan a los integrantes de la banda de Los Mayitos, sino que llevan a los empresarios y políticos que les encubren y les ayudan a “lavar” sus ilegales ingresos.
El extenso relato publicado como comunicado de prensa aparece en el portal del Departamento del Tesoro, en donde se precisa que no sólo se persigue al jefe de la banda, el mencionado “Mayito Flaco” sino también a casi 50 objetivos que sirven como líderes o facilitadores, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
Enseguida viene la advertencia para el gobierno de nuestro país:
“La acción de hoy subraya que ningún capo del cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará e interrumpirá a cualquier actor de cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.
El texto también recuerda que “de acuerdo con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles, la OFAC ha priorizado la focalización de grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), tomando más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025. La OFAC utiliza un enfoque basado en la red para interrumpir simultáneamente tantas facetas diferentes de los cárteles como sea posible, desde su liderazgo y nodos organizativos clave hasta facilitadores, incluidos funcionarios corruptos, miembros de la familia cómplice y personas de frente aparentemente legítimas”.
Es de recordar los grandes esfuerzos realizados por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación por encubrir al ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien fue reclamado por el Departamento de Justicia de la vecina potencia, junto con nueve allegados
Ahora, con la nueva denuncia del Departamento del Tesoro se multiplica el trabajo para los constructores del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, pues aunque no aparece su nombre en el documento referido, alcanza a personas muy cercanas para la gobernadora “morena” de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien le fue retirada la visa para ingresar el vecino país y en un intento por ponerse a salvo cayó en una trampa al supuestamente negociar con agentes de los Estados Unidos para convertirse en informante.
Al tiempo que se conoció la cancelación de la visa a la mandataria de Baja California, igual acción recayó en su ex esposo Carlos Alberto Torres Torres, del que no parece estar muy distanciada. Si eso no fuera suficiente, el nombre del ex aparece en la nueva lista de sentenciados por el Departamento del Tesoro (DT).
Al respecto, vale la pena reproducir lo que revela el boletín del DT respecto al respaldo en Baja California al cártel encabezado por el “Mayito Flaco”:
“Aproximadamente a 90 millas al este de Tijuana se encuentra otra ciudad fronteriza estratégica y la capital del estado de Baja California: Mexicali. La plaza Mexicali está actualmente dominada por Los Rusos, una subfacción del Cártel de Sinaloa, Los Mayos comandada por Juan José Ponce Félix (también conocido como. Jesús Alexandro Sánchez Félix, comúnmente conocido como El Ruso). El Ruso mantiene el control de Mexicali y las áreas circundantes a través de la violencia extrema y la corrupción de los funcionarios del gobierno estatal que protegen las actividades criminales del grupo de la intervención policial y otras interrupciones.
“Esta narcocorrupción habilitada por el Cártel de Sinaloa ha alcanzado los niveles más altos del gobierno del estado de Baja California.
“En el centro de este esquema de narcocorrupción se encuentra(n) el ex marido de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres) y su hermano Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres). Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que tiene una alianza con El Ruso. Carlos Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger el Cártel de Sinaloa de la intervención gubernamental y de aplicación de la ley en Baja California.
“El Departamento de Estado revocó la visa de Carlos Torres en Estados Unidos en mayo de 2025 debido a su afiliación al cártel y su trabajo en nombre del Cáartel de Sinaloa. El ex director de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García (Mendívil), también tiene una alianza con El Ruso. Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa de la Policía Municipal de Mexicali para facilitar el tráfico de drogas y llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley de cárteles. Según los informes, Carlos Torres también recibió pagos mensuales de Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue el encargado de aceptar estos sobornos y lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”.
Así o más claro, cabe preguntar, porque hasta antier lunes, el partido oficial –es de suponer que con el respaldo del gobierno de la llamada Cuarta Transformación– le dio un espaldarazo a la gobernadora Ávila, al designar como candidata a gobernadora para el siguiente sexenio a Julieta Ramírez Padilla, estrechamente ligada con la mandataria saliente.
Ramírez Padilla, senadora con licencia, se sumó al equipo de Marina del Pilar ávila en 2019, a la edad de 24 años, como su asesora en la Cámara de Diputados estatal y, cuando aquella se separa de la diputación para ser candidata de Morena a la presidencia municipal de Mexicali en 2019, fue su coordinadora en el sector juvenil y, al asumir como presidenta municipal de Mexicali, fue su secretaria particular de 2019 a 2021.
Allí están los hechos, Morena postula a la integrante de un equipo político acusado por los Estados Unidos de estar vinculado al narcotráfico. ¿Van a esperar hasta que el Departamento de Justicia solicite su extradición?
Mientras tanto, en el Senado avanzó la iniciativa para impedir que ciudadanos con doble nacionalidad puedan ser Presidentes de la República o gobernadores, lo cual muchos especialistas en derechos humanos consideran una regresión.
Pero como denunció el senador de MC, Luis Donaldo Colosio, por tratarse de una iniciativa presidencial, todo avanzó rápidamente.
