Propuesta del PRI para vaciar “congeladora” legislativa que, seguro, terminará helada

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Un problema histórico para las dos cámaras del Congreso de la Unión ha sido lo que se conoce como rezago legislativo, que no es otra cosa que la acumulación de iniciativas de ley que nunca son dictaminadas y que, en lenguaje llano, van a la “congeladora”.

Con 500 miembros, la Cámara de Diputados tiene una mayor cantidad de asuntos rezagados que su colegisladora, el Senado de la República que sólo tiene 128 integrantes. Sin embargo, proporcionalmente, el problema es de semejantes dimensiones, pues (casi) todos los legisladores desean dejar huella de su paso por el Congreso y nada los llenaría más de orgullo que poder presumir que una ley que lleva su nombre o que mediante sus iniciativas sirvieron para resolver un problema de su comunidad.

Sin embargo, esa legítima aspiración se enfrenta a muchos obstáculos, sobre todo si el promovente representa a un partido de oposición, pues las iniciativas del partido dominante siempre tendrán preferencia. Esto ocurrió en los gobiernos anteriores, ahora tan vilipendiados por la llamada Cuarta Transformación, como en la actualidad, a pesar de las reiteradas declaraciones oficialistas en el sentido de que “ahora todo cambió”.

De hecho, una acción tendiente a acabar con ese rezago legislativo se emprendió en 2011, en la parte final del mandato del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados era Emilio Chuayfet Chemor, del PRI, partido que tenía la mayoría en ese órgano legislativo, pero que por los equilibrios de poderes acordó que la presidencia de la Junta de Coordinación Política, el verdadero órgano del poder, se turnara entre los bancadas con mayor presencia, por lo que ese cargo lo desempeñaron Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Armando Ríos Piter, por PRD, aunque el mayor poder lo conservó el líder de la bancada del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez.

El hecho es que se tomó conciencia del problema del rezago legislativo y se decidió ponerle fin (al menos por ese momento).

Así, la Cámara de Diputados tomó el acuerdo político de desechar en bloque 3,930 iniciativas pendientes que se habían acumulado durante las cuatro legislaturas anteriores (la LVII, LVIII, LIX y LX, presentadas entre 1997 y 2009). De todo ese universo congelado, los legisladores decidieron rescatar únicamente 130 proyectos para su análisis.

La solución resultó parcial, por lo que en la LXIV Legislatura, con la llegada de la llamada Cuarta Transformación y bajo la presidencia de la Jucopo de Moisés Ignacio Mier Velazco se llegó a un nuevo acuerdo para resolver, otra vez, la acumulación de iniciativas no dictaminadas, es decir, en lenguaje llano, vaciar la congeladora.

Para entocen el rezago legislativo en San Lázaro se estimaba en casi 10 mil iniciativas pendientes de dictamen, 5 mil 30 de esa LXV legislatura y 4 mil 696 que dejó la anterior LXIV legislatura.

Como complemento, los diputados aprobaron una reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, en la que se establece que las iniciativas no dictaminadas al término de una Legislatura, “se tendrán por desechadas”, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos. Además, se dispuso desechar las proposiciones con punto de acuerdo que no se dictaminaron dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas.

En el caso de las minutas no dictaminadas, cuyo plazo continúe vigente, se turnarían a las comisiones del siguiente periodo legislativo a fin de que sean dictaminadas.

Para decidir cuáles iniciativas se mantenían vigentes y cuales no, se determinó que al término de la Legislatura, la Secretaría de Servicios Parlamentarios elaborara un listado de esas iniciativas pendientes, mientras que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) debería determinar cuáles dictámenes se presentarán ante el Pleno, durante el primer periodo de sesiones, del primer año de ejercicio de la siguiente Legislatura.

Una de las legisladoras que impulsaron este acuerdo, Sonia Rocha Acosta, del PAN, indicó que los ajustes al Reglamento servirían para evitar la acumulación de asuntos, para evitar que las comisiones fueran rebasadas por el cúmulo de iniciativas y puntos de acuerdo que pasan de una Legislatura a otra.

Pero ni esos cambios resultaron suficientes. Diversos análisis de la actual legislatura federal señalan que se arrastra un rezago de casi el 89% en iniciativas, donde solo un pequeño porcentaje de los proyectos presentados logra ser aprobado.

El actual coordinador de la bancada del PRI, el coahuilense Rubén Moreira Valdez, ya promueve nuevas medidas para avanzar en la solución de ese problema hasta ahora no resuelto.

El coordinador priista, que ya participó en el anterior intento de acabar con el rezago, presentó una iniciativa para establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados lo que se denomina principio de prelación cronológica.

El legislador del PRI afirmó que esta regla permitiría reducir la discrecionalidad en la integración de la agenda legislativa y garantizar condiciones más equitativas para todas las fuerzas políticas. En otras palabras, evitar que las iniciativas que se tramiten con mayor celeridad sean las únicas que interesan a la mayoría oficialista.

Mediante un comunicado de su fracción parlamentaria, el referido Moreira explicó que actualmente la ausencia de una regla general que determine el orden para dictaminar y posteriormente discutir las reformas permite que las mayorías parlamentarias determinen asuntos, mientras cientos o miles de propuestas permanecen pendientes en las comisiones.

Advirtió que esta situación afecta a las minorías, cuyas iniciativas pueden quedar rezagadas aun cuando hayan sido presentadas con anterioridad a otras que sí avanzan en el proceso legislativo.

Por ello, el coordinador de la bancada priista planteó que las comisiones procesen los asuntos conforme al orden cronológico de su recepción y que los dictámenes remitidos a la Mesa Directiva sean programados para su discusión y votación en el Pleno siguiendo ese mismo criterio.

Precisó que el orden cronológico sólo podría modificarse cuando se trate de asuntos que, por disposición constitucional, legal o reglamentaria, deban atenderse dentro de un plazo determinado, tengan carácter preferente o cuando exista un acuerdo del Pleno debidamente fundado y motivado. “Se trata de establecer una regla objetiva, verificable y aplicable por igual, no de impedir que el Pleno ejerza sus facultades”, enfatizó.

El ex gobernador de Coahuila sostuvo que el Congreso es, por definición, un órgano plural y que su integración representa la diversidad política expresada por la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo, el procedimiento legislativo debe garantizar que las distintas fuerzas tengan condiciones efectivas para presentar, analizar, discutir y someter a consideración sus propuestas.

Moreira señaló que durante la actual Legislatura se ha hecho visible la concentración de la actividad parlamentaria, particularmente en aquellas propuestas provenientes del Poder Ejecutivo Federal. Indicó que, durante los primeros dos años de la Legislatura, en los periodos ordinarios de sesiones, el Ejecutivo presentó 60 iniciativas, de las cuales 47 fueron aprobadas o se encuentran ya en trámite, equivalente a cerca de 80 por ciento.

En contraste, las iniciativas de los grupos parlamentarios registran porcentajes de aprobación considerablemente menores: 5.46 por ciento del PVEM, 5.23 por ciento del PAN, 5.18 por ciento del PT, 3.65 por ciento de Morena, 2.85 por ciento del PRI y 2.71 por ciento de Movimiento Ciudadano.

Por lo anterior, Moreira subrayó que, mientras iniciativas presentadas desde 2024 y 2025 continúan pendientes, otras propuestas de presentación posterior son analizadas y dictaminadas.

“Garantizar que los asuntos sean procesados conforme a criterios objetivos contribuye a fortalecer la pluralidad, la deliberación parlamentaria y la igualdad de condiciones entre quienes integramos la Cámara de Diputados”, concluyó.

Sin duda, se trata de buenos propósitos, pero lo más seguro es que la propuesta del coordinador priista seguirá el mismo rumbo que los referidos miles de iniciativas desechadas sin ser revisadas. Irá a la “congeladora”.