Policías comunitarias, ¿guardias blancas encubiertas por Gobernación?
Roberto Vizcaíno miércoles 20, Feb 2013Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Hay indicios de que el gobernador de Guerrero podría estar alentando paramilitares encubiertos
- Luego de su visita de mañana al Senado, el presidente Enrique Peña Nieto irá a San Lázaro
- Los senadores decidieron someter a una revisión a su sede en Reforma e Insurgentes
Los hechos indican que detrás de la súbita proliferación de “guardias comunitarias” en varios estados, está la mano de algunos gobernadores que han visto en ellos una enorme rentabilidad de todo tipo.
Ganan notoriedad en medios, reciben recursos y atención adicionales de la Federación, y tienen en esas policías a grupos civiles armados que en un momento pueden ser usados para realizar acciones que sus gobiernos no pueden hacer dentro de la legalidad.
La disculpa está garantizada de antemano: los ciudadanos están hartos de los atropellos de los criminales.
¿Quién podría contradecirlos?
Pero resulta que hay quienes ya le empezaron a ver la oreja real a esos grupos y comienzan a advertir que las policías comunitarias son en verdad “guardias blancas” disfrazadas que operan en beneficio de los gobernadores.
Uno de quienes han exigido públicamente que los gobernadores atiendan ese problema, es el diputado Manlio Fabio Beltrones quien ayer fue confrontado por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien se puso el saco de los señalamientos del sonorense.
Beltrones ha insistido durante la semana reciente que si los gobernadores no pueden garantizar la seguridad que reclaman y merecen sus gobernados, entonces deberían dejarle el lugar a otro que sí pueda responder a este reto.
Advierte además que el surgimiento de “guardias comunitarias” y el consentimiento de algunos gobernadores hacia estos grupos lesiona al Estado, que es el que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Es un principio esencial que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Esa es una facultad del Estado, insiste Beltrones. Eludir esa responsabilidad representa incapacidad para gobernar, y los incapaces deben renunciar, ha dicho.
Aguirre Rivero es un ex priísta que va por su segunda gubernatura en Guerrero, luego de que ocupó por primera vez el cargo hace algunos años en sustitución de Rubén Figueroa quien fue obligado a pedir licencia luego de la matanza de “Aguas Blancas”.
En Guerrero es donde quizá han surgido más guardias comunitarias y donde el gobernador les ha aplaudido y consentido.
Dentro de este escenario es que Aguirre Rivero calificó ayer a Beltrones de represor.
“Manlio Fabio yo pienso que se quedó anclado en el pasado, se quedó hace 30 años… seguramente que las expresiones que tuvo, responden a su vocación represora, recuerden nada más dónde se formó.
“En lugar de solamente verter críticas sobre algunos estados sobre algunos gobernadores debería de preocuparse por un lado por generar mejores condiciones y mayores recursos”, dijo.
Aguirre se refería con eso al tiempo en que Beltrones trabajó con Don Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación, y sin tomar en cuenta que la carrera del sonorense va mucho más allá, pues además de haber ocupado ese cargo, ha sido gobernador de su natal Sonora, diputado federal en tres ocasiones y senador en dos, además de haber sido líder de la CNOP, es decir con una vida entera dedicada a la política y al legislativo.
En respuesta, Beltrones aclaró:
“Yo no personalizo ninguna discusión… primero me voy a enterar si (Aguirre Rivero) estaba sobrio, para saber en qué condiciones pudo emitir una declaración tan irresponsable.
“(Pero) sigo con mi preocupación, porque en algunas entidades se reproduzcan irresponsablemente las llamadas guardias comunitarias, y esto lastime el estado de Derecho.
“Lo que habría que preguntarse en todos esos lugares es: ¿se respeta el estado de Derecho? ¿Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, o solamente eludiendo nuestras responsabilidades?”
Lo evidente es que la confrontación Aguirre-Beltrones está planteada.
CON DERECHO DE PICAPORTE
Luego de que la oposición echó fuera del Congreso a los presidentes panistas Fox y Calderón –el guanajuatense nunca pudo rendir un informe en paz, y el michoacano (con la etiqueta de espurio) simplemente no pudo siquiera entrar a ninguna de las dos cámaras–, el presidente priísta Enrique Peña Nieto llegará mañana jueves al pleno del Senado, entrará por la puerta grande, acompañado por una comisión de todas las fracciones, y hablará desde la tribuna.
Seguro escuchará algunos gritos de las lopezobradoristas Layda Sansores y Dolores Padierna, quienes no es extraño si sacan pancartas con alguna leyenda ofensiva, pero apenas serán 2 de 128 senadores, nada que ver con el caos cameral vivido por Fox y Calderón en sus visitas al legislativo.
Estas expresiones servirán incluso para demostrar que hay pluralidad y disidencia institucional, pero dentro de la tolerancia política y el orden constitucional y democrático.
Con esta visita Peña Nieto cumplirá 2 estancias en el Senado en los 2 y medio meses que lleva en la Presidencia y estará listo para ir en los próximos días, semanas a San Lázaro, el verdadero gran escenario de la oposición.
PARA ATRÁS
Resulta que el PRD no sólo hace mal las cuentas que entrega al IFE, sino que además altera datos para justificar sus alianzas con el PAN.
Al menos eso fue lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz para anular la “Gran Alianza por ti”, que habían firmado el PRD y el PAN para lanzar candidatos comunes en ese estado.
Durante su sesión ordinaria, el TEPJ de Veracruz votó por unanimidad una resolución que advierte que simplemente el PRD no cumplió con lo que determina el artículo 307 de sus propios estatutos internos, en donde se indica que la validez jurídica de la coalición con el PAN, “debió ser aprobada por el 60 por ciento de los miembros de su Comisión Política Nacional, es decir por 9 de los 15 de sus integrantes”, lo cual no ocurrió.
Esto fue comprobado por el testimonio de los propios integrantes de la Comisión Política luego de una serie de denuncias presentadas ante la autoridad electoral estatal.
De ahí que el Tribunal Electoral haya decidido ratificar por unanimidad revocar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, emitido el pasado tres de febrero del año en curso y que otorgaba el registro de la coalición “Gran Alianza por ti”.
Una vez emitida la revocación, la dirigencia del PRD estatal acusó a los miembros del Tribunal de responder a intereses oscuros, de actuar dentro de un complot antidemocrático y bajo las instrucciones del gobernador Javier Duarte.
¿Dónde habremos oído argumentaciones similares antes?
SEDE A REVISIÓN
Bajo el lema de “más vale tarde que nunca”, los senadores aprobaron ayer que se realice un “diagnóstico integral” de las condiciones de seguridad de las instalaciones de su nueva sede ubicada en Reforma e Insurgentes.
Y es que ha habido demasiados indicios que señalan que el conjunto de edificios que forman la primera sede construida especialmente para ubicar al Senado de la República, tiene fallas en estructuras y funcionamiento.
De ahí que no pocos de sus legisladores hayan exigido realizar una revisión profesional especializada que les garantice una estancia segura en ese conjunto legislativo.
Por eso la Mesa Directiva que encabeza el panista Ernesto Cordero instruyó a las áreas respectivas que vean procedimientos, técnicas y elementos con los que se desarrollan las actividades de trabajo en los diferentes edificios que integran el complejo senatorial.
El objetivo general es definir las acciones que puedan prevenir accidentes o enfermedades de trabajo, así como instituir una estrategia de difusión entre trabajadores y visitantes.
Esta revisión fue aprobada de forma urgente por la senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno, quien recordó que la reciente tragedia ocurrida en las instalaciones corporativas de Petróleos Mexicanos, “nos obliga a reflexionar sobre las condiciones en las que permanentemente se encuentran los edificios públicos”.
Reconoció que el Senado de la República “es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores y de los y las legisladoras, así como de los visitantes que acuden diariamente a esta sede”.
Es urgente contar con una estrategia integral que blinde y brinde las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en los edificios de la nueva sede, pues los empleados y visitantes merecen “las más altas condiciones de seguridad”, dijo.