¿Rodarán cabezas?
Ramón Zurita Sahagún viernes 4, Oct 2013De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Varios nombres del gobierno federal son mencionados dentro de las responsabilidades que se pretende fincar sobre los que recaerá parte de la responsabilidad del desastre que provocó muerte y desolación en varios estados del país.
Claro que finalmente ninguno de ellos provocó el fenómeno que desencadenó las lluvias, ni mucho menos asentó a la población en las faldas de los cerros, ni en las márgenes de los ríos, ni mucho vendieron los terrenos para vivienda.
Sin embargo, sí son corresponsables del tamaño de la tragedia, por no informar con oportunidad, ni acudir con rapidez en auxilio de los damnificados.
Dentro del drama que viven los habitantes de los estados afectados, hay una serie de elementos que se conjugaron en torno al desastre ocurrido.
Son responsables funcionarios de la presente administración y de pasados gobiernos, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
El reparto de responsabilidades es tarea de las autoridades, las que deberán investigar a fondo y deslindar responsabilidades, tanto de funcionarios de los tres niveles de gobierno como de la iniciativa privada.
El hilo siempre se rompe por lo más delgado y eso parece suceder nuevamente, cuando la discusión se estanca en saber si se avisó o no con tiempo para que las autoridades locales y los habitantes de esas zonas tomarán sus previsiones.
Meterse a fondo en la investigación es tarea de todas las autoridades, aunque ya empezó el deslinde de varios de ellos, los que curándose en salud niegan la autorización para fincar viviendas.
La atención se centra en Acapulco y su exclusiva Zona Diamante, pero en La Montaña del estado, en la Costa Chica, en la Costa Grande, en Tierra Caliente, también sufrieron afectaciones.
Revisar los eventos del pasado y deslindar responsabilidades debe ser tarea exhaustiva del gobierno.
Sin embargo, también hay que revisar la negligencia de algunas autoridades.
José María Tapia Franco, director general del Fonden (Fondo Nacional de Desastres), se encontraba en viaje de placer fuera del país, cuando sucedió la tragedia.
Como cualquier ciudadano, el funcionario federal gozaba del puente vacacional, lo que es permisible, aunque tardó en reaccionar para prestar la ayuda necesaria que requerían los damnificados.
Tapia Franco está siendo satanizado por elegir “la ciudad del vicio y del pecado” como destino de las fiestas patrias, por lo que la investigación debe fincarse sobre si atendió o no su responsabilidad como director del Fonden.
Según el propio gobierno federal, Tapia Franco se presentó en Acapulco hasta el 16 de septiembre, es decir, dos días después de que inició el desastre y cuando los ríos se habían desbordado, las viviendas anegadas y los cerros desgajados. Luis Felipe Puente es otro de los personajes cuestionados sobre su participación u omisión en los sucesos que desencadenaron una de las peores tragedias ocurridas en el país, provocadas por los fenómenos naturales.
Ex alcalde de Atizapán y coordinador nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, Puente se deslindó de inmediato y dio a conocer las alertas enviadas a los estados, las que tampoco resultaron de gran ayuda.
Otra oficina bajo observación es la Conagua, de la que depende el Servicio Meteorológico Nacional, encargado de monitorear todo tipo de movimientos, ya que su misión es “proveer pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y del clima estratégica y útil para el país, que sustente la toma de decisiones”.
Pero al margen de éstos y otros servidores públicos del gobierno federal y el hecho de fincar responsabilidades, se debe ir a fondo en todos los terrenos, para evitar que en un futuro se continúen presentando sistemáticamente este tipo de hechos dramáticos, crueles y vergonzosos.
¡OTRA VEZ!
Cero y van muchas las agresiones y la violencia desatada que se presentan durante marchas y movilizaciones, donde grupos de embozados y otros que no lo son agreden a cuanta persona se cruce en su camino.
Es cierto que las manifestaciones no deben prohibirse y que quienes protestan tienen sus motivos para hacerlo, pero también que los que están ajenos a ello no deben ser perturbados en su cotidianidad.
La manifestación del 2 de octubre -como otras más- se está convirtiendo en el espacio preferido por aquellos que buscan perturbar el orden público y provocar reacciones tanto de la población en general como de las propias autoridades.
Si buscan jalar adeptos a su causa, se equivocan, ya que los habitantes de la capital del país se cansaron ya de tanta agresión en su contra y de tener que modificar sus hábitos y tareas por una minoría.
Desde que asumió el actual gobierno federal, son tres los desordenes provocados por una minoría, cuyo propósito todavía no está identificado, aunque los resultados sí.
Por las marchas y movilizaciones, miles de personas pierden diariamente dinero y tiempo, los recorridos de un sitio al otro se hacen más largos, los comercios son obligados a cerrar o decaen sus ventas, el transporte público tiene que corregir sus rutas y el ciudadano en general resulta afectado.
Pero lo peor, es la agresión proveniente de los vándalos que se insertan en algunas de estas marchas y cutos resultados son agentes de seguridad lesionados, robo y daño a comercios y una serie de detenidos, donde se mezclan culpables e inocentes.
Esperamos que en esta ocasión las autoridades deslinden responsabilidades y que los culpables sean castigados y no dejados en libertad como sucedió en ocasiones anteriores.
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