Tarea para Morena: cambiar revocación por ratificación
Miguel Ángel Rivera jueves 2, Sep 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A pesar de la actitud triunfal del Presidente en su undécimo mensaje a la nación -éste último en ocasión de su tercer informe de gobierno- quedan dudas, pero en lo particular deseo resaltar una:
¿Para qué la consulta popular que se planea para marzo venidero?
“Estoy seguro de que la gente votará para que continúe hasta el final”, dijo el Presidente en su mensaje desde Palacio Nacional, con sólo los integrantes de su gabinete, legal y ampliado, como testigos presenciales.
“Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional en 2024”, manifestó el jefe del Ejecutivo federal.
Todo indica que esta afirmación del primer mandatario tiene firme sustento. La casi totalidad de las encuestas realizadas por especialistas en la materia indican que tiene el respaldo de la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país.
Esos sondeos de opinión le conceden al menos el 60 por ciento de respuestas favorables a su gestión, por lo cual es lógico concluir que al ser colocados frente a una boleta donde se les pregunte si desean que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe hasta el final del periodo de seis años (menos dos meses) para el cual fue elegido el 1 de junio de 2018, seguramente su respuesta será afirmativa.
A pesar de la seguridad de ser ratificado en el cargo, sorprende que sea el propio Presidente de la República el principal interesado en que se realice la consulta que, para empezar, está planteada en sentido negativo, desde su propio nombre, pues se denomina consulta para la revocación, no para la ratificación.
Aunque, evidentemente, no todos los mexicanos estamos satisfechos con la administración del presidente López Obrador, hasta el momento no se conoce a ninguna organización ni a ninguna persona en lo particular que al momento haya solicitado que el político tabasqueño deje su cargo anticipadamente para descansar en su idílico rancho de Palenque.
A pesar de que todavía falta la ley reglamentaria para esa consulta, las disposiciones en vigor establecen que la revocación del mandato la debe solicitar el 3 por ciento de la lista nominal de electores, lo cual tiene registrados a más de 90 millones de ciudadanos. Es decir se requiere el respaldo de casi tres millones de electores.
Otro de los obstáculos es que los incondicionales del primer mandatario, como el presidente del partido oficial, Morena, Mario Delgado Carrillo, quien exige que la pregunta que se someta a la consideración de los ciudadanos diga si están de acuerdo en la ratificación, cuando que la ley establece que se trata de revocación. Un experto en la materia, el doctor en Derecho y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, está consciente de esta diferencia y ha señalado que la pregunta que, finalmente, será sometida a los ciudadanos deberá ser producto de un acuerdo de todas las fuerzas políticas cuando se vote la ley reglamentaria.
Más allá de ese importante aspecto, sorprende que, en este caso, el presidente López Obrador no ponga en práctica la política de austeridad de la que tanto presume, pues este ejercicio, que para muchos resulta inútil, tendrá un elevado costo.
De acuerdo con las estimaciones iniciales del repudiado Instituto Nacional Electoral (INE), única autoridad para conducir la consulta, su costo será, según estimación del presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, será de alrededor de 9 mil millones de pesos, ya que la organización de dicho ejercicio costará lo mismo que la elección del 6 de junio y no los 522 millones invertidos en la consulta popular del 1 de agosto.
La diferencia consiste en que, para que la revocación o ratificación del mandato tenga valor legal, se requiere que asista a las urnas el 40 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores.
Seguramente, el gobierno federal podría destinar esos miles de millones de pesos en algo más benéfico que la consulta, como podrían ser medicamentos para un deficiente sistema nacional de salud o para la compra de más vacunas o para ayuda a las madres de familia que perdieron las guarderías para sus hijos o…en fin, el gobierno seguramente tiene un panorama mejor definido.
Proceso es candidato firme a ganar el
¿quién es quién en las mentiras de la semana?
La diputada plurinominal suplente de Morena y directora de Redes de la Vocería de la Presidencia de la República, Ana Elizabeth García Vilchis, ha recibido muchos comentarios adversos por sus titubeantes intervenciones en las conferencias mañaneras de los miércoles para cumplir con la difícil encomienda que le fue asignada de dar a conocer el “Quién es quién en las mentiras de la semana”, pero ahora tiene oportunidad de lucirse en la siguiente emisión de esa cápsula. Pero debe tener mucho cuidado la funcionaria porque el tema que puede servir para el lucimiento también puede generar problemas de alto nivel.
El asunto es la supuesta renuncia del consejero jurídico de la propia Presidencia de la República, el abogado Julio Scherer Ibarra.
Las versiones al respecto circularon intensamente la tarde y noche del martes 31 de agosto, la víspera del tercer informe presidencial. La mayor parte de los más destacados medios de comunicación y las redes sociales circularon intensamente la versión.
Lo más sobresaliente es que la renuncia fue confirmada por la revista Proceso, la cual fue fundada por el padre del consejero jurídico de la presidencia y de la cual él mismo fue parte de su consejo de administración, posición que dejó al incorporarse al gobierno federal.
“Mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña electoral que lo llevó a Palacio Nacional, Julio Scherer Ibarra renunció este martes al cargo de Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.
“Una vez concluidas las reformas que López Obrador le encomendó, Scherer decidió separarse del servicio público para retomar sus actividades personales a partir de esta misma semana y el Presidente estaría por hacerlo público en las próximas horas. será la encargada del reporte semanal y será propuesta como”.
Así dicen los dos primeros párrafos de la nota distribuida el martes 31 por la agencia apro, filial de Proceso.
Lo difícil del caso se apreció durante la ceremonia del mensaje que con motivo de su tercer informe de gobierno emitió el presidente López Obrador desde Palacio Nacional ante un reducido número de invitados, los integrantes de su gabinete, legal y ampliado.
Entre los convidados estuvo el funcionario que supuestamente había renunciado la tarde anterior. Por si hubiera sido pasado inadvertido, el propio primer mandatario se encargó de resaltar su presencia. Al término de su discurso apuntó con su dedo hacia el sitio de Scherer Ibarra.
En los comentarios de despedida, el coordinador General de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que Julio Scherer Ibarra se mantiene en su puesto como consejero jurídico y que las versiones de su renuncia son sólo rumores publicados en medios.
Allí está la oportunidad de lucimiento para Ana Elizabeth García Vilchis. Están en primera fila medios repetidamente criticados y repudiados por el presidente López Obrador, el único problema que tendrá será definir, si en la lista de los que publicaron falsas versiones incluye a Proceso, la casa editorial de la familia Scherer Ibarra.
Por otra parte, dentro de las filas del principal partido de oposición, el PAN, se anunció que su presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, pidió licencia para separarse del cargo, con la finalidad de hacer campaña para ser elegido para un segundo periodo.
En tanto quedará el secretario general, Héctor Larios al frente del partido hasta que se elija al nuevo dirigente nacional.
Como encargado de la presidencia quedó el secretario general, Héctor Larios.
De inicio, para evitar suspicacias, Cortés negó tener intención de buscar la candidatura presidencial del PAN para las elecciones de 2024 y ser el promotor y árbitro de este proceso para que “salgamos muy unidos, muy fuertes para corregir el rumbo”.
Como precandidato señaló al que calificó de perseguido político Ricardo Anaya, así como a Mauricio Vila, Maru Campos, Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks, pero advirtió que podrían surgir más.