Los diputados no hicieron bien su tarea y ahora tratan de enjuiciar a ministros de la SCJN
Miguel Ángel Rivera viernes 21, Jul 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Lo que son las ganas de quedar bien: diputados de Morena presentaron una solicitud de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no respetar las políticas de austeridad y por no reducirse el sueldo por debajo de lo que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se supone que los diputados —al igual que los senadores— son los responsables de aprobar o desechar las leyes que rigen la vida de nuestro país. Por lo tanto, esos legisladores deben tener un mínimo de conocimiento del Derecho para poder determinar si se justifica una nueva ley o es conveniente reformar y adecuar alguna vieja norma. Por lo mismo, esos “rigurosos” legisladores que pretenden iniciar juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia deberían saber que la Constitución —la ley de máxima jerarquía en nuestro paí — establece que los ingresos de los integrantes del máximo tribunal no se pueden recortar.
De hecho, esos legisladores que desean “quedar bien” con su líder y guía, el inquilino de Palacio Nacional, incurrieron en un error al aprobar la reforma al artículo 127 de la Constitución mexicana para establecer que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
En la emoción de “quedar bien” con el jefe del Ejecutivo, los diputados y senadores “olvidaron” reformar el artículo 94 constitucional, el cual establece que no se puede reducir el salario de los ministros durante su encargo. Vale recordar que, al realizarse la reforma al Poder Judicial a fines del siglo anterior, durante el mandato del ex presidente Ernesto Zedillo, se elevaron sustancialmente los ingresos de los ministros de la Suprema Corte bajo el supuesto de que de esa manera serían menos susceptibles a sucumbir ante sobornos.
La remuneración que reciben los ministros es una garantía para que sus resoluciones no tengan influencias ajenas, se aseguró en aquel tiempo.
Al llegar López Obrador al poder, impuso desde el arranque de su mandato la denominada política de austeridad y, como parte de ella, fue la reforma —que comprendió la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos— modificaciones que fueron presentadas como un gran éxito del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Los legisladores de Morena y sus rémoras destacaron que la reducción de los salarios a servidores públicos y las políticas de austeridad no son un capricho presidencial, sino una manifestación de la voluntad del pueblo. Aseguraron que las y los ministros cayeron en un conflicto de interés tras ampararse, debido a que se benefician a sí mismos.
En realidad, los que generaron el galimatías fueron los diputados y senadores oficialistas, pues está vigente la contradicción entre los artículos constitucionales 94 y 127, la cual está vigente hasta la fecha y por la cual no se puede responsabilizar a los ministros del tribunal constitucional.
Esto sin tomar en cuenta el principio de no retroactividad de las leyes, el cual establece que una reforma no puede aplicarse en detrimento de los derechos de una persona. Es decir, los beneficios de los que disfruta un individuo no pueden eliminarse con una reforma posterior.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, salió en defensa de los ministros.
A través de su cuenta de Twitter, el legislador criticó a sus homólogos en Morena a quienes calificó de fanáticos.
“Esta es la idea de democracia de Morena: someter a juicio político a las y los ministros de la Suprema Corte por no seguir las órdenes del presidente. En su fanatismo, se les olvida la lucha histórica para lograr la autonomía de los tres poderes. Sepan de antemano que eso no sucederá, porque defenderemos con todo a nuestras instituciones y al Poder Judicial, afirmó.
Claro, Creel está en su cargo bajo amenaza, pues los diputados oficialistas han intentado por todos los medios separarlo de la Presidencia de su Cámara. El problema es que la posición de Creel es consecuencia de un pacto en el Palacio Legislativo, por el cual este año le corresponde dicha posición a la bancada del PAN y, en el remoto caso de pudieran defenestrar al también precandidato presidencial, su sitio sería ocupado por otro miembro de la bancada de Acción Nacional, que podría resultar mucho más beligerante que el secretario de Gobernación.
Reanudan la persecución judicial sobre
el presidente del PRI, Alejandro Moreno
Una de las fallidas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido en materia electoral. Primero no sumó la mayoría calificada en el Congreso para aprobar cambios a la Constitución y luego, su llamado “plan B”, que comprendía modificaciones a leyes reglamentarias, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia debido a irregularidades en el proceso legislativo.
No obstante, el oficialismo ha tomado como principal enemigo al presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, a quien no sólo se trata de anular como parte del bloque opositor, sino que inclusive se trata de llevar a prisión.
El instrumento principal para cumplir la venganza de la llamada Cuarta Transformación es la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien se ha valido de su posición para supuestamente poner en evidencia presuntas irregularidades de Moreno Cárdenas, quien dejó inconcluso su mandato para encabezar al PRI y como interino dejó a un supuesto “amigo”, Carlos Miguel Aysa González, quien tuvo tan buen comportamiento que el presidente López Obrador lo premió con la embajada de México en la República Dominicana, a cambio de la cual fue expulsado del tricolor.
Además de Layda Sansores —hija del expresidente del PRI y cacique de Campeche, Carlos Sansores Pérez— el otro personaje que comparte la responsabilidad de perseguir a Moreno Cárdenas es el fiscal Renato Sales Heredia, quien ganó fama nacional como coordinador antisecuestro, pero no fue suficiente para concretar su aspiración de ser candidato del PRI al gobierno de su estado natal.
Por su parte, Layda Sansores tiene cuentas pendientes en la Ciudad de México, por su paso por la ahora alcaldía Álvaro Obregón, lo que le valió ser consignada por su sucesora Lía Limón por los delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Con todo y estos antecedentes, el dúo Sansores-Sales ha realizado una serie de acciones en Campeche, incluido el cateo de varias propiedades, con el fin de justificar delitos similares en contra de Moreno Cárdenas.
Ayer se dio a conocer que fue cateada una casa en Campeche, que presuntamente pertenece al líder del PRI.
Se informó que trata de una acción relacionada con una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de Moreno Cárdenas, aunque fueron cateados 22 predios correspondientes a 29 propiedades que, se presumen, son prestanombres del líder priista.
El cateo es por enriquecimiento ilícito y recursos con procedencia ilícita, manifestó el fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia.
Minutos después del anuncio, el dirigente nacional del PRI rechazó que los cateos sean en lotes o predios de su propiedad. “Es completamente falso que las propiedades señaladas sean de mi propiedad tal como lo señala el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia”, aclaró.
Mediante un comunicado de prensa, Moreno denunció que el operativo es “una farsa, una simulación, una puesta en escena” orquestada por el Ministerio Público local.
Moreno mencionó que los ataques en su contra llegan “casualmente” en una época en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la nación y que la llamada Cuarta Transformación vuelve a atacar valiéndose arbitraria e impunemente de las instituciones del estado, instituciones que están para procurar seguridad y justicia, no para perseguir a quienes pensamos distinto y nos atrevemos a expresarlo.
“No me van a doblar y no me van a echar para atrás”, repitió el dirigente del PRI”.
AVISO: Por vacaciones, esta columna dejará de aparecer las siguientes dos semanas. Nos reencontraremos el 10 de agosto.
