Legisladores confirman que dejaron pasar a aspirantes a jueces con malos antecedentes 

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Se presenta como una demostración del esmero de senadores y diputados en el esfuerzo por depurar el sistema de justicia nacional, pero en realidad confirma que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación realizó una reforma judicial a la “trompa talega”, es decir, a la carrera y sin cuidar ni siquiera los aspectos esenciales.

Esto por la decisión de las directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores de impugnar las candidaturas a 26 aspirantes a ocupar diversos cargos en el futuro Poder Judicial por no cumplir con los requisitos aprobados por los mismos legisladores durante el proceso de reforma constitucional emprendido por su caudillo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por su discípula y sucesora, la actual Presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo y aprobado a toda carrera por los integrantes del Poder Legislativo.

Como parte de esa atropellada reforma se presumió por parte del oficialismo que habría una selección minuciosa y detallada de los futuros jueces, magistrados y ministros para tener la seguridad de que impartirían justicia mucho mejor que sus antecesores, todos los cuales fueron renunciado u orillados a dejar sus sitios, acusados de servir a intereses particulares y descuidar las demandas de quienes no tienen para pagar sus servicios. Claro, todo eso fue de palabra, pero nunca se conocieron de consignaciones de juzgadores corruptos.

A menos de un mes de que se realicen los también problemáticos y confusos comicios mediante los cuales supuestamente el pueblo de México tendrá el privilegio -“único en el mundo”, presumen los jilgueros de la 4T- de elegir a sus juzgadores, los senadores y diputados han “descubierto” que se les colaron muchos aspirantes a miembros del nuevo Poder Judicial que deberían ir a los tribunales como acusados y no como jueces.

Los legisladores no pueden culpar a nadie de esos errores u omisiones, pues ellos mismos fueron, primero, los responsables de aprobar un proceso de selección con grandes vacíos, cuando no, de plano, con procedimientos contradictorios y, en segunda fase, los encargados de revisar los expedientes de cada uno de los abogados que se inscribieron para llenar los huecos que dejarían los juzgadores que no se plegaron a ser sólo ejecutores de los poderosos en turno a cargo del gobierno federal.

Esos diputados y senadores pueden alegar como pretexto que se les duplicó la tarea de revisar los expedientes, pues además de proceder a la revisión de los antecedentes de los candidatos que se registraron directamente ante las cámaras del Congreso, tuvieron que hacerlo también con quienes se postularon ante el Poder Judicial, pues los funcionarios salientes se negaron a validar un procedimiento mal planeado y peor ejecutado.

El hecho es que, contra lo prometido al arrancar la reforma judicial de que habría una selección rigurosa y detallada que evitar la llegada de juzgadores sometidos a intereses ajenos a la impartición de justicia, se descubrió que había casos inaceptables que ya habían dejado pasar los legisladores y que, por lo mismo, fueron inscritos por el Instituto Nacional Electoral (INE) en las de por sí complicadas boletas para ser utilizadas en las votaciones programadas para el cercano 1 de junio.

Entre las irregularidades encontradas de última hora por los legisladores aparecen sospechosos de delitos graves como secuestro o tener vínculos con miembros del crimen organizado, portación de armas, delitos contra la salud, abuso sexual, órdenes de aprehensión vigentes y hasta desaparición forzada.

Ese recuento de presuntos delitos se concentra en 18 candidatos, pero además en la lista de irregularidades aparecen otros 8 candidatos que no cumplen con el promedio general de calificación en la licenciatura de cuando menos ocho puntos que exigen los lineamientos y convocatoria para participar en esta elección.

Por ello, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, solicitan formalmente al INE la cancelación del registro de candidaturas.

Un breve boletín que aparece en la página oficial de Internet de la Cámara de Diputados expone que con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos legisladores expusieron que 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada; y 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.

El documento agrega que “el informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.

“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna. Asimismo, insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.

“Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.

“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, señaló Gutiérrez Luna.

El presidente de los diputados federales subrayó que el promedio mínimo no sólo es un requisito formal, sino un criterio que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiren a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático.

Por ello, dice el comunicado, el mencionado diputado Gutiérrez Luna y el senador Fernández Noroña “solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país”.

El informe enviado al INE y a las otras instancias relacionadas con la elección del nuevo Poder Judicial menciona la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de las personas que aspiran a convertirse en juzgadores. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.

La exposición de motivos también señala que la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial y que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.

A pesar de todos estos antecedentes negativos, todavía ayer en su mañanera, la presidenta Sheinbaum defendió el proceso de elección del nuevo Poder Judicial.

De acuerdo con una nota informativa del diario La Jornada, la mandataria, dio a conocer “una liberación muy grave” de un personaje ligado a la delincuencia organizada, y aseguró que la elección de nuevos integrantes del Poder Judicial permitirá sanear a ese sector a fin de evitar liberaciones de este tipo de delincuentes, pero por la documentación de los presidentes de las cámaras legislativas se evidencia que entre los aspirantes a nuevos juzgadores están algunos que ya están ligados a la delincuencia organizada.

A pregunta acerca de la posición de la Conferencia del Episcopado Mexicano en el sentido de que con los comicios judiciales habría “riesgo” que ese poder quede en manos de la delincuencia organizada, Sheinbaum descartó tal posibilidad y reviró: “No va a ser así, no ocurrirá de esa manera”.