¡Sorpresa! Los EU «descubren» que marco bandas también operan en su territorio
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 7, May 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el magnate Donaldo Trump, presumió ayer la más grande captura de un cargamento de drogas, en un operativo donde se detuvo a varios narcotraficantes a los que se decomisaron armas y otros bienes.
Se trata, sin duda, de un éxito de las autoridades estadunidenses, pero por desgracia para nuestro país, ese triunfo se aprovecha también para tratar de demeritar los esfuerzos del gobierno mexicano, que también ha alcanzado importantes logros en contra de los cárteles que se dedican a contrabandear enervantes. El anuncio lo hizo la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi. Anunció el aseguramiento de 11.5 kilogramos de fentanilo, incluyendo 3 millones de pastillas, un récord en la historia de su país.
Bondi detalló «el desmantelamiento de una enorme organización de tráfico de drogas y armas en Nuevo México, operada por el Cártel de Sinaloa».
La funcionaria destacó que el golpe representa «la mayor incautación de fentanilo en la historia de nuestra nación y el arresto de seis miembros de alto nivel del cártel que se encontraban ilegalmente en los Estados Unidos».
Durante el operativo se decomisaron, además millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo y diversos bienes.
En la conferencia difundida a través Fox News se informó además, que el cabecilla, identificado como Alberto Salazar Amaya, residía en Salem, Oregón. En tanto, la distribución de la droga se realizaba en diversos puntos de Albuquerque, Nuevo México, Phoenix, Arizona y Utah.
Con anterioridad, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas «involucradas en una red de lavado de dinero» para el mexicano Cártel de Sinaloa, informó el Departamento del Tesoro.
El gobierno del magnate Donald Trump considera este cártel, incluido en su lista de organizaciones «terroristas» globales», como «responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas» en Estados Unidos.
Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, destaca Enrique Dann Esparragoza Rosas, acusado de transferir ganancias de la droga desde Estados Unidos a México utilizando un esquema de cambio de dólares por pesos mexicanos. Entre sus clientes, se supone, están «Los Chapitos» (los cuatro hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, el exlíder del cartel de Sinaloa encarcelado en Estados Unidos) y la facción liderada por Ismael «El Mayo» Zambada.
Al margen de la dimensión y los alcances del golpe dado por las autoridades de los Estados Unidos al narcotráfico, esta acción demuestra que han sido justificados los reclamos de los gobiernos mexicanos para que las autoridades del vecino país también hicieran su parte, al combatir a las bandas que, dentro de su territorio, se encargan de la distribución de las drogas-
, y con su moderna tecnología están al tanto de las cantidades de enervantes que se procesan en todos los continentes, además de que están al tanto de la forma como son trasladadas por todos los rincones del planeta, pero sopresivamente, los cargamentos «desaparecen» o se «extravían» en cuanto llegan a sus fronteras, ya sea por tierra, mar o aire.
Como gobiernos mexicanos anteriores, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo se lo hizo notar directamente a la mencionada Fiscal Pam Bondi, quien, como su jefe, el presidente Trump y otros miembros del equipo presidencial de la Unión Americana, tratan de responsabilizar en exclusiva a México de no contener la acción de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El reciente 7 de febrero, la mandataria mexicana respondió a críticas de Bondi. «Empiecen por su país», dijo Sheinbaum ante un memorando en el que el Departamento de Justicia estadunidense demandaba «la eliminación total de los carteles» del narcotráfico.
«Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación», declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.
La declaración de la gobernante mexicana fue en respuesta a un documento publicado días antes por la Fiscalía de EU, en el cual Bondi señala que «el presidente Donald Trump ordenó al Gobierno federal revisar las estrategias de seguridad nacional y antinarcóticos para lograr la eliminación total de los carteles y organizaciones criminales transnacionales».
Sheinbaum pidió «esperar a ver qué es lo que plantean, en qué se va a traducir» ese documento, que «no se entiende muy bien, ni es un decreto general».
La presidenta mexicana advirtió de que «ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos», como controlar el tráfico de armas hacia a México, donde el Gobierno ha detectado que los criminales usan algunas de uso exclusivo del Ejército estadounidense.
Aunque no lo especificó la presidenta mexicana en esa ocasión, el pregonado triunfo de las agencias estadunidenses al interceptar el mayor cargamento de fentanilo en su historia y desmantelar la «enorme» organización dedicada al tráfico de drogas.
Autogoles en las filas del oficialismo
Dicen los enterados que, desde que la organización y supervisión de las elecciones en México dejaron de ser controladas por el gobierno para ser conducidas por la sociedad civil, una de las pocas trampas que sobrevivieron consiste en hacer una doble cantidad de boletas y entregarlas, ya cruzadas a favor del partido oficial, a los «acarreados» que movilzan los partidos políticos con mayores recursos, quienes deberían entregar, en limpo, las boletas que les entregaran en las casillas a las que eran conducidos para «inflar» la votación.
De acuerdo con los misma especialistas, esa práctica ha sido adoptada por el ahora dominante Morena y sus rémoras, que así consiguen porcentajes de votación superiores a los que les aporta su ya numerosa militancia.
Con todo, al parecer los mismos que se han beneficiado de esos vicios parecen emprender un proceso de expiación de sus pecados o tratan de impedir que otras organizaciones puedan desplazarlos medidante las mismas trampas.
¿O podría darse el caso que como producto de las divisiones internas en el oficialismo, algún sector descontento buscar cerrar algunas de las vías ilegales por las que se «inflan» los resultados electorales?
En este capítulo de la picaresca de la política mexicana se inscribe la iniciativa presentada por los diputados del PT José Luis Téllez Marín y Reginaldo Sandoval Flores, con la finalidad de modificar las leyes generales en Materia de Delitos Electorales y de Instituciones y Procedimientos Electorales para sancionar de 50 a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien solicite u ordene presentar evidencia digital del sentido de su voto.
El documento, enviado a la Comisión de Reforma Política-Electoral, precisa que se incrementará también la pena hasta un tercio al que, con la finalidad de obtener una remuneración, debido a su reputación o fama, difunda en cualquier plataforma digital fotografías o videos de la boleta electoral, evidenciando el sentido del voto, a fin de influenciar, persuadir o coaccionar al electorado.
Es decir, de acuerdo con esta iniciativa, en caso se ser aprobada, se castigará lo mismo a quien viola el secreto del voto al exhibir el propio, como a quien manipula a personas de escasos recursos a quienes obligan a votar por determinado candidato a cambio de una recompensa económica quienes, además, deberán presentar prueba de que votaron por el candidato que se les impuso.
Como parte de los mayores controles, la iniciativa de los diputados petistas propone que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, incluya prohibir la publicación o difusión de fotografías o videos de la boleta electoral, durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas.
Téllez Marín y Sandoval Flores exponen que, con esta reforma, se busca preservar la libre expresión de la voluntad popular, garantizar la confidencialidad del voto y proteger a las y los ciudadanos de cualquier tipo de intimidación o represalia y, de esta forma, garantizar elecciones libres.
