QRoo, el más afectado por la deforestación de menonitas
Quintana Roo lunes 22, Sep 2025- Desmontes ilegales en la península
- La Profepa llevó a cabo 17 operativos de inspección en coordinación con la GN
Profepa clausuró más de 2,500 hectáreas de selva en Quintana Roo, tras detectar desmontes ilegales.
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró más de 2,500 hectáreas de selva en Quintana Roo, tras detectar desmontes ilegales y cambios de uso de suelo sin autorización en predios vinculados a actividades agroindustriales impulsadas por comunidades menonitas. Con esta cifra, la entidad se posiciona como la más afectada por deforestación en la Península de Yucatán durante los operativos realizados entre junio y agosto de este año.
Entre el 15 de junio y el 31 de agosto de 2025, la Profepa llevó a cabo 17 operativos de inspección en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y autoridades estatales. Las acciones se concentraron en los municipios de José María Morelos, Bacalar y el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax, donde se detectaron afectaciones en 2,531.12 hectáreas de selva.
Además del cierre de predios, se aseguró maquinaria agrícola, incluyendo un tractor con bomba de fumigación, utilizado para preparar terrenos destinados a monocultivos agroindustriales. La autoridad ambiental confirmó que estas actividades se realizaron sin el cambio de uso de suelo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En total, los operativos en la Península de Yucatán derivaron en la clausura de 17 predios con afectaciones en 3,747.59 hectáreas de selva: Quintana Roo tiene 2,531.12 hectareas afectadas con 11 clausuras, mientras que, Yucatán tiene una supericie afectada de 968.62 hectareas y 4 clausuras, finalmente, Campeche tiene 247.85 hectareas afectadas y 2 clausiras.
La procuradora federal Mariana Boy Tamborrell informó que se han iniciado 13 denuncias penales y procedimientos administrativos en todos los casos. “Tenemos el compromiso de trabajar en coordinación con instituciones de los tres niveles para frenar estos desmontes ilegales y avanzar hasta obtener sanciones ejemplares para quienes arrasan con las selvas”, declaró.
Como parte de las acciones preventivas, Profepa convocó a la creación de una Mesa de Combate a la Tala Ilegal y la Deforestación en Quintana Roo. Este esfuerzo busca articular a autoridades ambientales, de seguridad y justicia para frenar los acelerados procesos de cambio de uso de suelo y promover la restauración de la vegetación nativa.
Las comunidades menonitas, señaladas como principales responsables de los desmontes, han sido objeto de inspecciones en años anteriores por prácticas agrícolas que implican la eliminación masiva de selva para la siembra de monocultivos. Aunque algunas cooperativas han buscado regularizar sus actividades, los operativos recientes evidencian que la problemática persiste.
Rezago educativo en JMM
A pesar de que el municipio de José María Morelos cuenta con una de las mayores concentraciones de población maya en Quintana Roo, más del 70% de sus habitantes mayahablantes no sabe leer ni escribir en su lengua materna. Así lo denunció la activista y promotora cultural María Uc Tun, durante un foro comunitario sobre derechos lingüísticos realizado en la cabecera municipal.
“Es una lengua que se habla todos los días en casa, en el campo, en el mercado, pero que no se enseña ni se escribe en las escuelas”, lamentó Uc Tun, quien ha trabajado por más de una década en proyectos de alfabetización en lengua maya. Según sus estimaciones, de los más de 20 mil mayahablantes en el municipio, menos de 6 mil tienen alguna competencia lectora o escritora en su idioma.
La activista señaló que, aunque existen programas federales de educación indígena, estos no han logrado consolidar una enseñanza efectiva del maya escrito. “Los libros llegan tarde, los maestros no siempre dominan la lengua, y muchas veces se prioriza el español como única vía de aprendizaje”, explicó.
Entre los principales obstáculos identificados están:
– Escasez de libros y materiales didácticos en lengua maya.
– Limitada capacitación de docentes bilingües en escritura y gramática maya.
– Ausencia de políticas locales que promuevan el uso del maya en espacios públicos y educativos.
– Estigmatización social que asocia el uso del maya con pobreza o falta de escolaridad.
Uc Tun también denunció que en varias escuelas del municipio, los niños mayahablantes son corregidos o sancionados por hablar su lengua en clase, lo que genera inseguridad lingüística y pérdida de identidad.
La situación contraviene lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el derecho de los hablantes a recibir educación en su lengua materna y a acceder a servicios públicos en ese idioma. “No se trata solo de conservar la lengua, sino de garantizar que sea útil, digna y presente en la vida cotidiana”, subrayó la activista.
Ante la falta de respuesta institucional, varias comunidades han comenzado a organizar talleres de lectura y escritura en maya, impulsados por promotores culturales, abuelas sabias y jóvenes universitarios. “Queremos que nuestros niños puedan escribir su nombre, contar sus historias y leer los cuentos de sus abuelos en su propia lengua”, dijo Pedro Chuc, maestro comunitario de la localidad de Kancabchén.
