Generan más de 26 mil mdp rentas vacacionales en Q. Roo
Quintana Roo martes 7, Oct 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez
- La plataforma Airbnb sostiene más de 54 mil empleos
La actividad generada por las rentas vacacionales en Quintana Roo, especialmente a través de plataformas digitales como Airbnb, dejó una derrama económica superior a los 26 mil millones de pesos durante el último año, consolidándose como un motor clave para la economía del estado.
Según un análisis interno de Airbnb, este impacto financiero no solo beneficia a los anfitriones, sino que activa una cadena de valor que incluye proveedores de servicios, comercios locales, transportistas y prestadores de actividades turísticas. De hecho, más de 54 mil fuentes de trabajo fueron sostenidas gracias al gasto de los huéspedes.
“Las plataformas digitales de hospedaje son hoy una pieza clave para el desarrollo económico local. En estados como Quintana Roo, permiten que el turismo se traduzca en ingresos para miles de familias y pequeñas empresas, fortaleciendo al mismo tiempo la cohesión de las comunidades”, señaló Philippe Boulanger, vicepresidente de Economía Digital de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el 45% de las reservaciones en Quintana Roo, durante 2024, fueron realizadas por mexicanos, lo que posiciona al turismo nacional como el principal impulsor de esta industria. Además, por cada peso gastado en hospedaje, los visitantes destinan cuatro pesos adicionales en consumo local, principalmente en alimentos, transporte, entretenimiento y comercio.
Los sectores más beneficiados a nivel nacional fueron:
– Servicios de alimentos y bebidas: 33%
– Artes, entretenimiento y recreación: 15%
– Transporte terrestre: 11%
– Comercio y reparación: 10%
Casi la mitad del gasto generado por los huéspedes se realizó en las zonas donde se ubican los alojamientos, lo que beneficia directamente a comunidades que tradicionalmente han quedado fuera del turismo masivo.
“Tenemos la oportunidad de consolidar un modelo de turismo más incluyente y sostenible, que asegure que los beneficios lleguen también a las comunidades que históricamente habían quedado al margen”, destacó el representante de Airbnb.
Este crecimiento ocurre en medio de una polémica con el sector hotelero, que ha cuestionado las condiciones regulatorias y fiscales de las plataformas digitales. Sin embargo, los datos muestran que su impacto económico y social es cada vez más significativo en el ecosistema turístico de Quintana Roo.
Con más de 80% del PIB estatal vinculado al turismo, las rentas vacacionales representan una alternativa que diversifica la oferta, descentraliza los beneficios y promueve una experiencia más personalizada para los visitantes.
Nueva ley de libre acceso a las playas
El sector hotelero de Quintana Roo se encuentra en estado de análisis y expectativa ante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma que garantiza el libre acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre en todo el país. La iniciativa, que modifica las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fue aprobada por unanimidad el pasado 1 de septiembre con 470 votos a favor y ahora está en manos del Senado para su discusión final.
La reforma establece que el acceso a las playas será libre, gratuito y permanente, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social, y que no podrá ser restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en casos específicos de protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, expresó que, aunque reconoce el carácter federal de las playas, considera “complicado” que todos los hoteles estén obligados a abrir accesos directos desde sus instalaciones. “Hay varios hoteles que no tienen acceso directo. Es un reto importante. Lo correcto sería tener varios accesos, pero no se puede en todos los hoteles. Vamos a analizar cómo viene la iniciativa”.
Por su parte, David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, consideró que la reforma puede ser positiva si se implementa con responsabilidad compartida entre autoridades y sector privado “La vemos bien. Creemos que no va a ser una reforma lesiva para el turismo, y sí puede mejorar un anhelo social de tener mayores accesos públicos a la playa. En destinos como Tulum, la falta de planeación ha limitado los accesos públicos”.
A pesar de la reforma, en los más de 900 kilómetros de litoral que tiene Quintana Roo, solo existen 98 playas públicas con acceso libre. En Cancún, por ejemplo, el municipio reconoce apenas 12 accesos libres en sus 28 kilómetros de costa, muchos de ellos a través de pasillos estrechos.
En zonas como Playacar, Puerto Aventuras y Cozumel, los visitantes y locales han denunciado restricciones impuestas por hoteles y clubes de playa, que incluso colocan casetas de seguridad y exigen reservación o consumo mínimo para permitir el ingreso.
Aunque la reforma representa un avance legal significativo, diversos actores sociales han cuestionado la capacidad de las autoridades para garantizar su cumplimiento. La ley establece que los municipios serán responsables de asegurar accesos seguros y señalizados desde las vías públicas, pero aún no se han definido mecanismos claros de vigilancia ni sanciones efectivas.
En Tulum, 25 establecimientos ya han adoptado la medida de acceso libre, sin cobros ni consumo mínimo, como parte de los ajustes normativos que deberán realizarse en los próximos 90 días.
Se avala aumento de tarifa al transporte público
La ciudadanía de Quintana Roo se pronunció mayoritariamente a favor de un aumento en la tarifa del transporte público, siempre y cuando esté vinculado a mejoras tangibles en el servicio. Así lo revelaron los resultados preliminares de la Consulta Estatal en materia de Movilidad, organizada por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), en la que participaron más de 25 mil personas en los 11 municipios del estado.
El ejercicio se llevó a cabo durante el primer fin de semana de octubre, mediante 16 mil encuestas digitales, 8 mil presenciales y más de 12 mil opiniones directas, según informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa. El objetivo fue conocer las necesidades de los usuarios y medir la aceptación social ante un posible ajuste en el costo del pasaje.
El 82% de los participantes se manifestó a favor de actualizar la tarifa, pero con la condición de que el incremento se traduzca en un servicio más eficiente, unidades modernas, mayor frecuencia de rutas y menos saturación de pasajeros.
“Estaría dispuesta a pagar hasta 12 o 15 pesos como máximo, pero solo si hay un verdadero compromiso por mejorar el servicio”, señaló una estudiante universitaria.
