Enérgicas declaraciones contra “huachicoleros”; los jefes, impunes
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 26, Oct 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
“Vamos por todos los peces corruptos”, ofreció Raquel Buenrostro Sánchez al rendir protesta el 28 de noviembre de 2024 ante el Senado como secretaria de la Función Pública, dependencia que se convirtió días después en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“Si hay denuncias las vamos a perseguir. Ahorita nosotros estamos haciendo un diagnóstico de lo que hay. Nosotros no hemos encontrado denuncias de la administración anterior no. No tenemos nada en expediente, en archivo no tenemos nada”, agregó la funcionaria.
La ex titular del Sistema de Ahorro Tributario (SAT), que ganó fama de estricta, tanto que prácticamente no hubo oposición contra su nombramiento, salvo por el caso de la senadora panista Lilly Téllez, quien explicó que el representante del ex presidente López, el ahora senador Alejandro Esquer Verdugo, se encargó de instruir a sus compañeros de la mayoría oficialista votar a favor de la ratificación de la funcionaria, a la que supone uno de los más cercanos al político que vive en “La Chingada”.
“Les instruyó a todos los mafiosos de la bancada de Morena que ratificaran a Raquel Buenrostro, lo cual es una garantía de que va a continuar la corrupción”, afirmó la legisladora sonorense, quien agregó:
“En el sexenio de AMLO, la corrupción en México se disparó y la señora Buenrostro fue la tapadera, ella ya demostró que lo que sabe hacer es encubrir a los corruptos, cómplices de López Obrador.
“Por eso López Obrador le dijo al senador Esquer que todos tienen que votar a favor de ella, porque Raquel Buenrostro tiene el encargo de continuar siendo la tapadera de la corrupción, principalmente de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, de todas las fechorías que han cometido los hijos de Andrés Manuel López Obrador, de todas las fechorías, de todos los contratos en los que incluso se ha visto beneficiado el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López”.
Los argumentos de Téllez no tuvieron eco ni entre sus compañeros de bancada. Buenrostro fue ratificada con una votación a favor de 95 senadores, 17 abstenciones y sólo uno en contra, de la mencionada Lilly Téllez.
Las buenas intenciones de Buenrostro para combatir la corrupción fueron ratificadas cuando asumió las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de Personales (INAI), el organismo autónomo que fue desaparecido por la llamada Cuarta Transformación por resultarle incómodo al pedir cuenta de las acciones y programas gubernamentales.
La secretaria indicó que asume “con responsabilidad las funciones de autoridad garante que le son transferidas del INAI, bajo la premisa de que la transparencia y la protección de datos personales no desaparecen, sino se fortalecen con un modelo.
Ofreció combatir la corrupción y, en particular, se refirió al llamado huachicol fiscal, un grave delito que apenas asomaba la punta del iceberg, pues sólo unos cuantos días antes, el 28 de marzo, se hizo público el primer gran decomiso, de casi 8 millones de litros de huachicol en Ensenada, Baja California.
El cuantioso contrabando se encontró en un predio clandestino en el kilómetro 100 de la autopista Rosarito-Ensenada, en la colonia El Sauzal. Además de casi ocho millones de litros de combustible, las autoridades también confiscaron 100 contenedores, 46 remolques tipo cisterna, 19 tractocamiones, 12 motobombas y dos remolques tipo oficina.
El predio donde localizó todo, ha sido vinculado a Gerardo Novelo Osuna, ex senador suplente de Morena, aunque él ha negado las acusaciones.
No se conoció ninguna acción contra el político “moreno”, pero Raquel Buenrostro anunció acciones contra funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrados en la trama del “huachicol fiscal”.
A partir de este momento quedó confirmado un principio sobre el que se fundamenta la acción de la llamada Cuarta Transformación al juzgar los delitos, que se resume en una frase que se atribuye al dictador Porfirio Díaz: “A los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, justicia a secas”.
Esto se confirmó porque en la misma ceremonia de traspaso de funciones, pues se le preguntó a la funcionaria acerca de las investigaciones en torno al cuantioso fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), como rebautizó el oficialismo a lo que se conoció como Conasupo en la repudiada etapa “neoliberal”. Allí se cometieron delitos por (según reportes oficiales) casi 15 mil millones de pesos, cantidad que hizo palidecer el más grave saqueo atribuido al sexenio de Enrique Peña Nieto, conocido como la “estafa maestra”, a consecuencia de la cual se castigó a una rebelde ex amiga, Rosario Robles Berlanga, vinculada a la difusión de videos en los que se exhibió a cercanos colaboradores del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Colaboradores que recibieron cuantiosas cantidades de dinero en efectivo de parte del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada.
La encargada de cuidar el buen comportamiento de los funcionarios públicos, la mencionada Raquel Buenrostro, dijo ignorar si existía alguna investigación en contra de Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex, asunto que, dijo, correspondía a la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero.
Esta declaración está en consonancia con la actitud asumida por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el ex presidente López Obrador, quien excusó a su entrañable Ovalle –el primero en impulsarlo en cargos públicos cuando era titular del Instituto Nacional Indigenista– al asegurar que el cuantioso fraude fue “por descuido” y “mala suerte” y culpó a funcionarios de origen priista, que “engañaron” a su allegado.
Los acusados ocupaban cargos importantes en Segalmex e instituciones ligadas, pero son funcionarios menores en la escala del gobierno federal.
En sus promesas, respecto a la persecusión del “huachicol fiscal”, la secretaria Anticcorrupción se manifestó muy enérgica. Aseguró que atendería la instrucción de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción y en ese sentido daría seguimiento a las irregularidades en la importación irregular de combustibles.
“El tema del huachicol es un tema fundamental porque es un tema de muy alto impacto económico y de muy alto impacto en la seguridad nacional, entonces se considera un tema prioritario y definitivamente nuestro compromiso es atender todas las denuncias que tengan que ver en materia de huachicol”, indicó la secretaria Buenrostro.
En declaraciones posteriores, acerca del contrabando de combustibles, la
secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, admitió que la corrupción en el sector no se limita a pequeños delitos, sino que involucra a “altos mandos y esquemas bien diseñados” de empresas transnacionales.
Denunció que estas empresas, muchas de ellas “de mucho dinero y alto prestigio”, operan en colusión con funcionarios de aduanas, la Marina Mercante y áreas de comercio exterior para evadir impuestos. En mayo de 2025 indicó que, con cada desembarque ilegal de combustible, México perdía cerca de 1,000 millones de pesos en impuestos.
Pero la acción de la dependencia a su cargo se ha limitado a denunciar a funcionarios menores y empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido acciones en contra de prominentes empresarios y, en México, la Secretaría de Seguridad, a cargo del Omar García Harfuch, con respaldo de las fuerzas armadas, ha logrado otros cuantiosos decomisos y, a raíz de una nueva denuncia del actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se puso en evidencia corrupción dentro de la misma dependencia, así como en aduanas, con la colaboración de empresas conocidas como “factureras”.
Como resutado, ya están consignados mandos de la Armada y se busca a otros, pero no aparecen los nombres de los verdaderos jefes y beneficiados de esa enorme operación delictiva que, según filtraciones, se organizó desde 2019, mientras que el gobierno “moreno” inició las pesquisas apenas este año.
Claro, tampoco aparecen nombres de los altos funcionarios involucrados, mientras todos los indicios llevan a una finca de sonoro nombre ubicada en Palenque, Chiapas, y hacia un heredero que suplica que no le digan “Andy”.
