Morena, defensora de los trabajadores, tiene congelada reforma que los beneficia
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 3, Feb 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Con un simple “no sé”, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, salió al paso de una reiterada demanda de la oposición de terminar el proceso para que entre en vigor una reforma al artículo 123 constitucional que están pendientes.
Esto quedó en evidencia en la sesión de ayer de la Cámara de Senadores, en donde la legisladora hidalguense y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, hizo una moción para solicitarle a la presidenta “de manera respetuosa la incorporación en el Orden del Día de la declaratoria de constitucionalidad del artículo 123, dado que está en sus manos y ya no requiere ningún otro trámite”.
“Es una solicitud para que pueda hacerse la declaratoria y después su publicidad”, añadió Viggiano.
La respuesta de la presidenta fue muy breve: “No tenemos ahorita la información con relación a ese asunto, pero con mucho gusto, en la próxima sesión, le informaremos al respecto”.
Llama mucho la atención esta omisión del oficialismo, pues el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha procurado presentarse como defensor a ultranza de los derechos de los trabajadores, consagrados precisamente en el artículo 123 constitucional y en su reglamentaria Ley Federal de Trabajo.
Al respecto, es de recordar que la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo anunció de manera destacada el envío de una iniciativa al Congreso de la Unión, directamente a la mencionada Cámara de Senadores, la cual propone reducir paulatinamente la jornada laboral de las 48 horas actuales a sólo 40, es decir, dos días de descanso.
También la mandataria ha presumido el aumento al salario mínimo, desde la llegada de Morena al poder.
Lo más sobresaliente es que en lo referente a mejoras para los trabajadores no hay oposición, cuando más algunas propuestas de cambios menores o adiciones para mejorarlas.
La protesta por la omisión de publicar las reformas a las que se refirió la secretaria general del PRI la detalló el pasado día 14 del presente mes la diputada local Erika Lührs Cortés, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) ante el Congreso de la Guerrero,
La legisladora guerrerense presentó en esa fecha, nuevamente, un punto de acuerdo para exhortar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República a emitir ya la Declaratoria de Constitucionalidad de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios dignos.
La legisladora recordó que esta propuesta fue presentada desde marzo de 2025 y que a pesar de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión y por 31 legislaturas estatales, persiste una omisión injustificable por parte del Senado para concluir el proceso legislativo correspondiente.
La diputada explicó que la reforma constitucional, enviada el 5 de febrero de 2024 por el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene como objetivo garantizar un salario digno para sectores fundamentales como maestras y maestros de educación básica, incluidos quienes laboran en comunidades alejadas; policías municipales, Guardia Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas, así como médicas, médicos, enfermeras y enfermeros del sistema de salud.
Detalló que la reforma establece que estos trabajadores deberán percibir un salario mensual no inferior al promedio registrado ante el IMSS, el cual, a abril de 2025, asciende a 18 mil 657 pesos mensuales, además de asegurar que los incrementos salariales anuales nunca estén por debajo de la inflación.
La legisladora lamentó que para el Presupuesto 2026 no se haya contemplado un incremento salarial para quienes laboran jornadas de ocho horas o más, mientras que sí se consideraron aumentos para otros programas.
Finalmente, Erika Lührs reiteró que no existe justificación para seguir retrasando la declaratoria de constitucionalidad de una reforma ya aprobada.
Esa demanda para que se publiquen y por consiguiente entren en vigor estas reformas que benefician a los trabajadores del país, no fue el único reproche al oficialismo. Con el aparente propósito de promover otras reformas, los senadores de oposición aprovecharon para recalcar las fallas de la llamada Cuarta Transformación.
Para empezar, a nombre de la bancada del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 28 de la Constitución en materia de investigación de accidentes en el transporte.
Para empezar, la senadora panista mencionó “las lamentables tragedias ocurridas en el descarrilamiento del Tren de pasajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que dejó un saldo de 14 personas muertas y cerca de un centenar de personas heridas.
Además recordó el desplome de un tramo de la vía elevada de la línea del Metro de la Ciudad de México que dejó 26 personas muertas y alrededor de un centenar de usuarios lesionados.
Indicó que esos accidentes “ponen de manifiesto la urgente necesidad de investigar, de manera puntual y objetiva, las causas de estas tragedias para que no vuelvan a ocurrir».
“Es preocupante que tanto la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico, como el desplome en la Línea 12 del Metro enfrentan un problema grave de credibilidad”, añadió la legisladora, quien luego descalificó las conclusiones de la Fiscalía General de la República, encabezada por la “fiscal carnal” Ernestina Godoy Ramos.
“La versión pública presentada por la Fiscalía General de la República pretende establecer la narrativa oficial, de un error humano de la tragedia, sosteniendo que la causa central del siniestro fue el exceso de velocidad, atribuido al maquinista y a otros operadores descartando fallas determinantes en la vía o en el tren, presentando esa conclusión como si se tratara de un desenlace prácticamente definitivo.
“No obstante, en días recientes han comenzado a surgir elementos de información que se contradicen con la narrativa oficial, deficiencias graves en el monitoreo y de control de velocidad, fallas o limitaciones en sistemas de control, equipos de software desactualizados, comunicación deficiente con la central y de cámaras inservibles, en condiciones de los vagones antiguos muy desgastados, tramos deplorables de combinación con la velocidad incrementada en el riesgo del descarrilamiento, incluso que el personal operativo carecía de la licencia ferroviaria vigente.
“Un tren de pasajeros no puede salir a operar con tantas irregularidades detectadas y, menos aún, atribuir la responsabilidad a un grupo de operarios que pretenden usar como chivo expiatorio de la tragedia”, destacó la senadora Díaz Marmolejo.
También recordó que ese tren, durante su construcción, tuvo señalamientos de anomalías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de posibles hechos de corrupción. “Lo anterior no es novedad, pues otras obras emblemáticas del sexenio anterior, al igual que el proyecto del Tren Interoceánico está cobijado bajo el manto de la corrupción, en la que están involucrados los hijos del expresidente López Obrador”, denunció la legisladora, por lo cual concluyó:
“Las tragedias a las que nos hemos referido nos exigen que desde el Poder Legislativo promovamos cambios legales que contribuyan a garantizar la seguridad de usuarios y operadores en los servicios del transporte público y privado, para que la movilidad a través de estos medios sea segura para todos.
También, a nombre de la bancada del PAN, el senador Mario Humberto Vázquez Robles presentó una iniciativa para mejorar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de permitir la fiscalización de obras públicas cuando existan indicios de corrupción, sobrecostos o accidentes, eliminando trabas a la fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso y anteriores.
“Hablar de esto no es un tema técnico o administrativo, es hablar de corrupción, de opacidad y de impunidad, y de las consecuencias reales que todo ello tiene sobre la vida, la seguridad y el patrimonio de las y los mexicanos.
“Porque cuando la fiscalización falla, no sólo se pierden recursos públicos, se pierden oportunidades, se pierde la confianza y, en el peor de los casos, se pierden vidas humanas”, sentenció el senador panista.
