La Profepa refuerza vigilancia en el Estero de Chac ante daño ambiental
Quintana Roo domingo 9, Nov 2025- Proliferación de obras ilegales
- Sema solicita inspección urgente por daño ambiental persistente
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente retomará labores de inspección y vigilancia en el Estero de Chac.
Chetumal.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retomará labores de inspección y vigilancia en el Estero de Chac, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, luego de que vecinos y activistas ambientales denunciaran la reanudación de obras ilegales en la zona, a pesar de que el sitio había sido clausurado por daño ecológico.
La solicitud formal fue emitida por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo, encabezada por Óscar Rébora Aguilera, quien confirmó que se detectó la presunta violación de sellos de clausura, lo que constituye un delito federal. “Ya se le comentó a Profepa que es urgente retomar la vigilancia. Las construcciones continúan y el daño ambiental persiste”, declaró el funcionario.
Las denuncias ciudadanas señalan que en el terreno clausurado se han retirado las lonas de “clausura” colocadas por Profepa en julio de 2025. Además, se ha sembrado pasto para ocultar el relleno con sascab en áreas de humedales, y se han detallado palapas y andadores de madera, lo que indica que los trabajos no se han detenido.
El predio en cuestión se ubica a espaldas del antiguo campamento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y forma parte de una zona de alta sensibilidad ecológica. El Estero de Chac es considerado un ecosistema estratégico por su biodiversidad y función como regulador hídrico en el sur de Quintana Roo.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones ambientales, quienes advierten que la impunidad ambiental avanza si no se refuerzan las acciones de inspección y sanción. “La autoridad federal no ha regresado para verificar el cumplimiento de sus propias medidas”, denunció un colectivo local en entrevista con medios regionales.
Profepa y la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal coordinarán nuevas visitas de inspección para verificar el estado del ecosistema, documentar daños y aplicar medidas correctivas. Se espera que en los próximos días se emita un informe actualizado sobre las condiciones del estero y las acciones legales correspondientes.
Quemas clandestinas persisten en Playa
El colectivo ciudadano Aire Limpio Playa denunció nuevamente la presencia de quemas clandestinas de basura y vegetación en terrenos baldíos al sur de Playa del Carmen, una problemática que ha persistido durante meses sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales.
En su más reciente publicación en redes sociales, el grupo difundió un video que muestra columnas de humo afectando a colonias cercanas a los fraccionamientos Bali, La Joya y zonas aledañas, donde grupos de pepenadores provocan incendios de manera sistemática, especialmente en las tardes y noches.
“Llevamos meses respirando humo tóxico. Hay niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias que ya presentan síntomas graves. No podemos seguir esperando”, expresó una vecina del fraccionamiento Bali durante una manifestación espontánea.
Los habitantes han reportado dolores de cabeza, irritación ocular, tos persistente y dificultad para dormir, además de una sensación constante de inseguridad ambiental. El colectivo ha solicitado la intervención de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y del Ayuntamiento de Solidaridad, pero hasta el momento no se han realizado operativos ni clausuras visibles.
Según reportes de medios locales, se ha detectado el ingreso de camiones de volteo por caminos de terracería abiertos entre la selva, lo que facilita el depósito de desechos y la posterior quema. El colectivo ha documentado estas actividades con fotografías y videos, que han sido entregados a las autoridades correspondientes.
La situación ha generado indignación entre los vecinos, quienes han comenzado a organizarse para exigir acciones concretas como vigilancia permanente, sanciones a responsables y limpieza de los terrenos. También han solicitado que se clasifique la zona como de riesgo ambiental, para facilitar la intervención de instancias estatales y federales.
El problema se agrava por la falta de regulación sobre el uso de predios baldíos, muchos de los cuales no cuentan con delimitación ni vigilancia, lo que los convierte en focos de contaminación y riesgo para la salud pública.
