Para ahorrar, mejor no realizar la consulta para la revocación de mandato
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 9, Nov 2025CLASE10 DEL DÍA
Miguel Ángel Rivera
A pesar de no ser necesario, los dirigentes y militantes de Morena se han cansado de repetir el mantra: “no somos iguales”, para diferenciarse de anteriores gobiernos surgidos del PRI y del PAN. La verdad, eso es innecesario porque, efectivamente, no son copia de lo anterior, pues ¡son los mismos!
Esto se confirma con el movimiento en la Cámara de Diputados para reformar la ley en materia de revocación de mandato, lo cual supuestamente tiene como finalidad dar la oportunidad a los ciudadanos de quitar del poder al Presidente de la República en funciones (en este caso Presidenta, con A) en caso de considerar que no ha cumplido o que de plano ha incurrido en delitos.
El cambio central consiste en modificar la fecha de la votación, para empatarla con las elecciones federales, planeadas para el 6 de junio de 2027, en las cuales se renovará totalmente la Cámara de Diputados federal (500 sitios) y paralelamente, habrá elecciones de gobernador en 17 estados (12 regidos por Morena), en la mayoría de los cuales se renovarán también congresos locales y ayuntamientos. Así que estarán en disputa miles de posiciones, a las cuales los “morenos” y sus satélites desean sumar la consulta popular en materia de renovación de mandato.
La iniciativa nace con el desacuerdo generalizado de la oposición, por considerar que se trata de una trampa, pues al incluir la figura presidencial –que según muchas encuestas tiene una aceptación superior al 70 por ciento– se favorecerá a los abanderados del oficialismo, muchos de los cuales tendrán en contra las malas cuentas rendidas por los actuales mandatarios, léase Sonora, las dos Baja California, Sinaloa, Colima, Guerrero, Campeche y Michoacán. También, en las actuales condiciones del país, se anticipa que el oficialismo verá reducida su ventaja en la Cámara de Diputados, aunque ha consolidado su control sobre el Instituto y el Tribunal electorales, los cuales le concedieron la artificial mayoría calificada de que actualmente disfruta.
Es de recordar que el sexenio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, al validar la Ley Federal de Revocación de Mandato en febrero de 2022, que este ejercicio de participación ciudadana no puede coincidir con las elecciones federales intermedias.
La sentencia del máximo tribunal señaló que la revocación de mandato debe ser un proceso independiente y no una “ratificación del Presidente en turno, como se argumentaba que permitía la redacción de algunos artículos de la ley.
La consulta, indicaron los ministros, debe regirse por sus propios tiempos y normativas para evitar que se mezcle con contiendas electorales, lo que podría desvirtuar su propósito.
También establecieron que el Congreso de la Unión debía legislar para adecuar los procesos, asegurando que la revocación de mandato se lleve a cabo en una jornada separada de las elecciones federales.
La sentencia, por supuesto, generó el disgusto del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien luego se desquitó en demasía, pues simplemente promovió que desapareciera esa Suprema Corte independiente y se modificara todo el Poder Judicial Federal, sustituido ahora por un grupo de incondicionales.
En resumen, no hay Suprema Corte capaz de limitar los abusos de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, en cambio, el vengativo político de Macuspana conserva todo su poder, por intermedio de su alumna y sucesora, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo.
Por eso reconocemos que los “morenos” no son iguales, son los mismos.
Su caudillo, el referido ex presidente López se formó en las filas del PRI, al igual que dos de sus peones que conducen el proceso de modificar la ley en materia de revocación de mandato. Uno es el actual coordinador de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila y el michoacano Leonel Godoy Rangel, actual presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, uno de los organismos involucrados en preparar la iniciativa para justificar la reforma al artículo 35 constitucional, el cual establece las condiciones para realizar la consulta en materia de revocación de mandato. Los dos políticos se iniciaron, también, en las filas del PRI, en donde alcanzaron posiciones relevantes, aunque ninguno pudo cumplir desde esas filas su ambición de gobernar sus respectivos estados. Los dos alcanzaron esas anheladas posiciones cuando abandonaron al PRI y, coincidentemente, fueron postulados por el prácticamente desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual también desertaron (Godoy llegó a ser su presidente) para sumarse a las filas de Morena, al lado de su adalid, el expresidente López.
Una de las críticas más fundamentadas contra la eventual reforma surgió también del ex partido de estos personajes, el PRI, de parte del coordinador de los diputados federales, el también exgobernador, pero de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.
El coahuilense afirmó que con la reforma constitucional en materia de revocación de mandato se pretende “que la Presidenta de la República se meta a la boleta de las elecciones en las intermedias”, lo que va “en contra de la democracia mexicana”.
El legislador comentó que a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales (presidida por Godoy) se les hizo llegar por correo “el citatorio para el lunes, a las 18 horas, a la votación de un proyecto de dictamen […] de modificaciones al artículo 35 de la Constitución relacionada con la revocación de mandato.
“El objetivo –continuó Moreira– es adelantar la revocación al año en el cual hay elecciones y empatarla con la elección de diputadas y diputados federales, en este caso. Y, por ende, se va a empatar con aquellos estados que tienen gobernador, alcaldes, también diputaciones locales y con las del Poder Judicial Federal, la mitad que falta, más las de los poderes judiciales locales”, explicó.
Detalló que esta reforma provocará dos cosas: “que en la elección vaya también la revocación y, por lo tanto, la presidenta de la República podrá hacer campaña para no ser ‘revocada’, porque esto lo van a armar para entrar a las campañas.
“Segundo, que los candidatos de Morena, porque es con quien se identifica la Presidenta, se van a colgar de ella en la campaña constitucional”, agregó.
El coordinador priista recordó que las revocaciones son a petición del pueblo, por lo que la consulta se hace un año antes de la revocación, en este caso, sería el próximo año. “Tendrán un tiempo para levantar cuando menos el 3 por ciento de las firmas en cuando menos 17 entidades”.
Anotó que, al ser una reforma a la Carta Magna, “va a volver constitucional todas las violaciones que se quieran hacer”. Segundo, aunque se realicen modificaciones secundarias, el nombre de la titular del Ejecutivo federal vendrá en la boleta, lo que “va a generar un problema de distorsión en las elecciones”.
También, calificó como “falaz” el argumento de la mayoría parlamentaria de que esta reforma es para ahorrar recursos. Dijo que la iniciativa, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), podría estar motivada por “el miedo a perder la mayoría” o que la Presidenta “pudiera perder la intermedia, y con ello se blinda”.
En tanto, el PAN se ha opuesto desde su origen a la forma en que se ha legislado la revocación de mandato por considerar que ha sido manipulada con fines electorales y que vulnera la Constitución
Las principales figuras de Acción Nacional han precisado estar de acuerdo con el concepto jurídico de la revocación de mandato como un instrumento de democracia directa, pero no con las formas como lo han impuesto Morena y sus satélites.
Los legisladores del PAN (diputados y senadores) han votado en contra de la legislación impulsada por Morena, calificándola de “cuento populista”.
Lo cierto es que uno de los argumentos centrales del oficialismo, el de ahorrar dinero al realizar las dos elecciones al mismo tiempo, no tiene fundamento.
Para ello basta revisar el artículo 35 constitucional, el cual ordena que la consulta se debe realizar a petición de los ciudadanos (al menos tres por ciento de los escritos en la lista nominal de electores) o de un sector de legisladores.
Si se trata de ahorrar, basta con no convocar a esa votación, pues la Constitución no obliga a realizarla.
Entonces ¿para qué los cambios?
