Millones de pesos para proteger edificios, pero los delincuentes están a salvo
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 13, Nov 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
¿Cuánto costó blindar Palacio Nacional y otros edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México? y ¿quién es el beneficiario de esa concesión que se hizo por asignación directa?
Estas son apenas dos de las dudas que surgen tras el comportamiento de las autoridades nacionales –léase gobiernos federal y de la Ciudad de México– frente a las marchas y protestas callejeras programadas para este fin de semana.
Las manifestaciones tienen diverso origen y propósitos diversos. En consecuencia, se justifica una respuesta también diferenciada, aunque en el fondo las consecuencias son las mismas, pues los afectados son ciudadanos ajenos a las protestas a los cuales se les viola su derecho al libre tránsito y eventualmente daño a sus propiedades, así como también afectaciones al patrimonio histórico de nuestro país, pues los ataques contra Palacio Nacional no sólo implican daños a la residencia de la Presidenta (con A), sino a un valioso e histórico inmueble por sí mismo, así como por los tesoros que alberga en su interior.
En este espacio hemos recordado que las leyes nacionales califican de delito el bloqueo de autopistas, avenidas y otras vías de comunicación, sin calificar cuáles son las razones o los motivos para esa clase de protestas.
De acuerdo con los principios de derecho, consagrados en varios artículos de la Constitución General de la República y en sus leyes reglamentarias, las leyes son o deben ser de aplicación general. Es decir, en todos los casos deben ejecutarse por igual.
Sin embargo, las autoridades nacionales unas veces actúan de una manera y a la siguiente se comportan de forma distinta, pero no cumplen con lo que ordenan las leyes, en particular esas que ordenan tratar como delito los bloqueos.
Sólo para recordar, cabe mencionar que el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación tipifica los bloqueos de carreteras como delito y establece sanciones de tres meses a siete años de prisión y multas para quienes interrumpan total o parcialmente el tránsito en las vías de comunicación federal.
En la capital del país, los bloqueos de calles y avenidas están sancionados principalmente por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y, dependiendo de la gravedad y si se ejerce violencia, también puede aplicarse el Código Penal o el Código Penal Federal.
Por desgracia, aparejadas con las protestas callejeras, a últimas fechas se ha convertido en una constante que grupos violentos cometan toda clase de daños a los inmuebles y otros delitos, sin que las autoridades, en una actitud, por no definirla con adjetivos más contundentes, puede ser calificarla de benévola, permite toda clase de excesos sin que se castigue a nadie. No se trata de recurrir a la violencia, simplemente, aplicar la ley.
Esas acciones violentas se manifestaron especialmente a partir de una marcha para exigir el respeto a las mujeres, de fecha 8 de marzo de 2021, ya en pleno ejercicio del gobierno federal a cargo de la llamada Cuarta Transformación.
En esa marcha, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se registraron 62 elementos de la Policía de la Ciudad de México heridos y 19 personas civiles lesionadas; de ellos, nueve policías y una civil fueron trasladadas al Hospital San Ángel Inn Chapultepec para su atención médica; el reporte hasta el momento es que presentan policontusiones y se encuentran estables.
“La mayoría de las manifestaciones por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas transcurrieron de manera pacífica, en un contexto de plena libertad, sin que hasta el momento exista reporte de daños mayores”, aclara la información tomada de la página oficial de Internet del gobierno de México y no de ningún medio descalificado por “carroñero”.
“Algunos grupos provocaron violencia y agredieron a elementos de la policía, que no cayeron en la provocación a pesar de que 62 resultaron heridos”, agrega la información oficial.
En esa oportunidad, como en marchas similares, no se reportaron detenidos por los evidentes delitos de daño en propiedad ajena –incluidos edificios históricos– ni por las lesiones a los que se supone agentes de la autoridad.
En materia de policías heridos, la situación empeoró en la reciente marcha por la matanza del 2 de octubre de 1968.
Ese día, en sus espacios de radio y tv, Grupo Fórmula reportó:
“La conmemoración del 2 de octubre en el Zócalo de la CDMX se tornó violenta: enfrentamientos entre el bloque negro y la policía dejaron 94 uniformados lesionados, 16 hospitalizados y varios comercios saqueados, incluidos joyerías.
“Aunque hubo flagrancia en los robos, solo se reporta un detenido.
“Mientras tanto, el gobierno capitalino reconoce la templanza de los policías y anuncia compensaciones. Una marcha histórica marcada por la violencia que no se veía desde hace años”.
Lo del adjetivo acerca de la “templanza” de los agentes sirve para encubrir la declarada intención del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de “no reprimir”. Es, a todas luces, un concepto equivocado, pues lo que se trata es de aplicar la ley.
En ese evento, del 2 de octubre de 2025, uno de los delitos asociados fue el saqueo de una joyería ubicada en el primer cuadro capitalino. En este caso, los policías lograron capturar a uno de los delincuentes, que se cubría con una máscara y vestía de negro para confundirse (¿o era parte del contingente?) con los violentos que lucharon contra los guardias.
El presunto delincuente fue consignado ante las autoridades, junto con parte del botín que obtuvo en el saqueo a una joyería y ahora, se supone, sigue sujeto a proceso, aunque esto no se ha confirmado oficialmente, pues ni siquiera se sabe si todavía está preso.
Lo que sí se conoce es que ningún otro integrante de ese grupo de violentos encapuchados ha sido procesado por sus faltas cometidas durante la protesta convocada originalmente para pedir respeto a las mujeres.
¿Alguien sabe quién los controla y conduce? ¿De dónde salen los recursos para sostenerlos? ¿Cómo llegan y salen incólumes después de sus destrozos?
Otra vez, preguntas sin respuesta.
En vez de perseguir a los presuntos delincuentes, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha preferido gastar una millonada en “blindar” los edificios públicos y privados que son el objetivo de esos grupos violentos.
Como ha ocurrido históricamente, el Zócalo capitalino es meta para las expresiones de protesta, pero también para la celebración de éxitos políticos o sociales y, para el presente fin de semana es la meta de dos manifestaciones de la conflictiva situación presente de nuestro país.
De un lado, el magisterio disidente, encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició una nueva serie de protestas en pos de su vieja demanda de tener el control de la asignación de plazas y aumentos salariales o promociones para los trabajadores de ese sector.
Esa organización tenía planeado instalar un campamento en el Zócalo, pero al parecer convino con las autoridades federales o locales, trasladarlo a los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro, la antigua Candelaria de los Patos.
Con ello se evitan confrontaciones, pues organizaciones de la sociedad civil convocaron para una marcha para mañana, sábado 15, con diversas demandas que básicamente consisten en protestar por las reformas impuestas por la mayoría oficialista de la llamada 4T en el Congreso.
En apariencia, para evitar confrontación entre los dos contingentes, la autoridad (cualquiera que sea) convenció a los maestros disidentes a abandonar el Zócalo, mientras se mantienen la sospecha de que grupos violentos pretendan infiltrar la protesta sabatina convocada por organizaciones que se dicen pertenecer a la “generación Z”.
Pero, nuevamente, en vez de perseguir a los violentos, se optó por “blindar” edificios.
Esta acción fue justificada por el controvertido coordinador de los senadores del Morena, Adán Augusto López Hernández, quien sostuvo que es obligación de la autoridad “salvaguardar la integridad de los monumentos históricos y de cualquier edificio público”. Claro se encargó, también, de acusar a anteriores gobiernos, pues sostuvo que los provocadores son del PRI y del PAN.
¿Y no es responsabilidad de las autoridades encarcelar a los delincuentes?
