Autoridades federales y locales actúan tarde para sancionar a los violentos
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 17, Nov 2025CLASE18 DEL DÍA Miguel Ángel Rivera
A la vista de los acontecimientos, lo menos que se puede decir es que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación reacciona con mucha lentitud.
Esto por el llamado (equivalente de mandato) de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para que investigue quién o quiénes están detrás de los encapuchados que provocan la violencia en todas las marchas de protesta contra el gobierno resulta, por decir lo menos, tardío.
En su mañanera de ayer, al comentar la violencia ocurrida en paralelo con la marcha convocada el sábado anterior por la generación Z y acusar a determinados grupos de patrocinar a esos comandos violentos, la jefa del Ejecutivo federal pidió la intervención de las autoridades para exhibir y, ¿posiblemente? consignar a los patrocinadores.
En su conferencia, la mandataria afirmó que ha pedido a la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, que se investigue a un “grupo muy violento” que en la marcha de la ‘Generación Z’ del sábado provocó un enfrentamiento con la policía local a las puertas de Palacio Nacional.
“Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue, quiénes son estos grupos, por qué esta violencia, (si) están pagados. Esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero, es falsa”, dijo la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.
Por eso sostengo que el gobierno de la República reacciona con mucha lentitud.
Esos grupos violentos que emergen cada vez que hay una marcha en contra del gobierno, aparecieron en la vida nacional desde hace más de 12 años, pues hay registros de que irrumpieron en una manifestación desde el año 2013.
Aquí sí puede el régimen de la llamada Cuarta Transformación culpar, como acostumbra, a los gobiernos del pasado (en este caso el sexenio de Enrique Peña Nieto) de haber permitido esos actos violentos sin acusar o castigar a los culpables.
Pero, en los más de siete años en que Morena y sus satélites detentan el poder tampoco han podido descubrir a los promotores de esos actos violentos.
Ya con la 4T en el poder, los encapuchados vestidos de negro han aparecido en protestas callejeras feministas y de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, es decir, desde hace más de once años, igualmente durante el sexenio de Peña Nieto, pero el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el ex presidente López prometió desde su prolongada campaña aclarar el caso de la desaparición de los normalistas y hasta se atrevió a decir que los devolvería vivos.
Igualmente, desde su campaña, su heredera y discípula, la actual presidenta Claudia Sheinbaum también ofreció esclarecer ese asunto para satisfacción de los padres de los desaparecidos y de sus seguidores y simpatizantes.
Ninguno de los dos cumplió y ni siquiera lograron aclarar quiénes son, ni quién los envía, esos contingentes violentos que aprovechan las marchas de protesta para generar inquietud, como tampoco en las manifestaciones que reclaman el respeto para las mujeres.
Esto a pesar de que en prácticamente en todos los atentados violentos se reportó que alguno de los atacantes había sido detenido y remitido a las autoridades. Después, nada, se mantiene el vacío, nadie parece capaz de encontrar un hilo conductor hacia los promotores de la violencia. ¿Será porque cada uno de los violentos actúa motu proprio y sólo se encuentra con otros semejantes durante las marchas?
Un antecedente medio aclarado, hace ya muchos años, más de medio siglo, concretamente el 10 de junio de 1971, se dio la matanza de estudiantes en una manifestación en respaldo a demandas de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León para democratizar la elección de autoridades. El trágico evento se conoce también como el “halconazo”, esto porque la agresión contra los jóvenes estuvo a cargo de una organización paramilitar denominada “Halcones”.
Reporteros del diario Excelsior revelaron que los transportes utilizados por el grupo agresor se resguardaban en instalaciones del gobierno del entonces Distrito Federal y esto llevó a descubrir que los entrenadores de los “halcones” eran miembros del Ejército, dependientes directamente de la Presidencia de la República, cuyo titular era Luis Echeverría Álvarez, quien ya tenía antecedentes de violento represor, pues se le ligaba con la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.
El ex regente del DF, Alfonso Martínez Domínguez, responsabilizó directamente a Echeverría, al confirmar que las instalaciones del gobierno local las ocupaban los militares dependientes directamente del jefe del Ejecutivo Federal. Después de estas declaraciones, el experimentado político llegó al gobierno de Nuevo León.
En relación con la violencia desatada por el llamado “bloque negro”, en imitación a otros grupos que se presume surgidos de Alemania, aunque no tienen ningún vínculo, las autoridades de la llamada Cuarta Transformación no han logrado ningún avance en descubrir cómo se entrenan, dónde se reúnen y, especialmente, quién los financia.
Esto lo confirman las palabras de la presidenta (con A) Sheinbaum al ordenar a la Procuraduría de Justicia capitalina buscar a los presuntos patrocinadores de esa organización de violentos.
De entrada, cabe suponer que las investigaciones están mal encaminadas, pues la mandataria se adelantó en sus conclusiones al suponer que esos encapuchados son promovidos por opositores a su gobierno.
El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, tampoco parece estar muy encaminado a solucionar el dilema.
En un comunicado, oficial, distribuido el mismo sábado, luego de los disturbios en el Zócalo, el gobierno capitalino apuntó:
“Durante el avance de la movilización, se registró el ingreso de alrededor de mil personas embozadas al Zócalo, quienes, de manera violenta, derribaron las vallas de Palacio Nacional con martillos, cadenas, alicates y el lanzamiento de proyectiles explosivos. Ante ello, los elementos de la SSC se movilizaron para formar una valla humana con la intención de salvaguardar la integridad de todas las personas manifestantes.
“Los grupos violentos iniciaron agresiones directas contra la policía, como golpes, robo de escudos y lanzamiento de artefactos explosivos. Es importante señalar que la Policía de la Ciudad de México exclusivamente realizó trabajos de contención, sin responder a las provocaciones, utilizando extintores para evitar conatos de incendio. Como resultado, se detuvo a 20 personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades, además de la remisión de 20 más por faltas administrativas”.
Prejuicios aparte, en este relato se encuentran elementos que podrían dar pistas para descubrir la forma de operar de los grupos violentos y, por supuesto, llevar hasta sus patrocinadores.
Para empezar, queda sin disipar la duda de ¿por qué esos grupos violentos no aparecen nunca en las marchas y concentraciones de la llamada Cuarta Transformación? Si los patrocinan sus rivales, sería de esperar que afectaran también los eventos oficiales.
Segundo, un contingente de mil personas se tiene que movilizar de alguna manera, pues las estaciones del Metro en el Zócalo y sus alrededores estuvieron cerradas y tampoco circularon en esa zona ni autobuses ni micros o peseras. ¿Dónde están sus transportes?
Tercero, el referido informe del gobierno capitalino revela que los agresores portaban martillos, cadenas, alicates y proyectiles explosivos. ¿Cómo fue posible que llegaran con esos instrumentos hasta la Plaza Mayor?, si la policía instaló apenas disimulados retenes en donde se limitaba el acceso de los manifestantes y se les impedía avanzar con cualquier objeto considerado peligroso.
Cuarto, ¿dónde están las declaraciones de los detenidos? ¿No se sabe de dónde llegaron y cómo se mantienen, además de las dádivas del gobierno? Cuando, por alguna razón, un ciudadano común comparece ante un juez civil o penal o ante el Ministerio Público, lo primero que se le exige es revelar sus datos personales, incluido domicilio y lugar de empleo o de estudios.
Los violentos ¿de qué privilegios gozan y por qué?
