El robo de combustible se ha reconfigurado territorialmente en los últimos 25 años
* Destacadas, Seguridad lunes 24, Nov 2025
- “Ordeña” interminable
- Hidalgo continúa como epicentro nacional del huachicol
La ordeña de combustible en México se reconfiguró territorialmente, abrió nuevos mercados, como el gas LP y el huachicol fiscal en aduanas, y se integró a las finanzas de organizaciones criminales que ya no sólo trafican drogas, sino también combustibles robados.
Pese a operativos militares e inversiones tecnológicas de los gobiernos federales en los últimos 25 años, el robo de combustible se ha reconfigurado territorialmente, abriendo nuevos mercados, como el gas LP y el huachicol fiscal en aduanas e integrándose a las actividades de organizaciones criminales.
Un cuarto de siglo después de las primeras alarmas oficiales, el mapa del huachicol sigue casi intacto. Los ductos cambian de presión, se modernizan las válvulas, se despliegan soldados y se anuncian operativos especiales, pero la ordeña continúa, más sofisticada, más violenta y con más puntos de extracción que nunca.
Las bandas se tecnifican, diversifican combustibles (gasolina, diesel, gas LP) y combinan el robo físico con el fraude fiscal, mientras la violencia alrededor de estas rutas se intensifica, desde homicidios y confrontaciones armadas hasta explosiones fatales y desplazamientos comunitarios.
Datos de la empresa pública del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) documentan tomas clandestinas de ductos, al menos desde el año 2000 y hasta 2025, sin que este fenómeno reporte un freno considerable.
En las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el huachicol creció de práctica tolerada en comunidades colindantes con ductos a industria delictiva de alto impacto; durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador rompió récord con más de 74 mil tomas clandestinas detectadas.
El actual gobierno arrancó con una ofensiva que presume aseguramientos masivos en varios estados, pero heredó un delito ya diversificado: el contrabando técnico en aduanas y redes logísticas empresariales mezcladas con funcionarios corruptos.
Un mapa que no se mueve es el corredor Tula-Tlahuelilpan, a pesar de los operativos militares. Los mismos puntos siguen encendidos. Hidalgo continúa como epicentro nacional del huachicol.
Registros de Pemex sistematizados por organizaciones civiles ubican al estado en el primer lugar de tomas clandestinas en 2023 y 2024; sólo en 2024 se contabilizaron alrededor de 2 mil 450 perforaciones en ductos de petrolíferos, muy por encima del resto del país.
Municipios como Tula, Cuautepec, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Ajacuba y Tepetitlán mantienen actividad constante en 2025, sosteniendo al corredor Tula-Tlahuelilpan como el más perforado de México.
En Veracruz, la franja Tierra Blanca-Omealca-Tres Valles se mantiene activa con repuntes anuales y el Istmo vuelve a figurar con hechos en Jaltipán, Acayucan y Coatzacoalcos, donde confluyen ductos estratégicos y rutas históricas del crimen organizado.
En Puebla prevalece el «Triángulo Rojo», con municipios como Palmar de Bravo, Tepeaca, Acajete, Acatzingo y Quecholac a la cabeza.
Los datos más recientes ubican de forma recurrente a Hidalgo, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz entre las entidades con más tomas clandestinas del país.
Guanajuato ilustra la mezcla entre crimen organizado y fuerzas del Estado: en mayo de 2025, 11 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos en Apaseo el Alto mientras custodiaban un camión conectado a una toma clandestina; el caso exhibió la penetración del huachicol en cuerpos de seguridad y la importancia del corredor Celaya-Querétaro-Bajío en la economía ilegal del combustible.
En Coahuila, donde históricamente el foco estaba en el trasiego de hidrocarburos por ferrocarril y carrotanques, el Gobierno federal reportó en 2025 uno de sus mayores decomisos: 15 millones de litros asegurados en carrotanques sin documentación, parte de una red vinculada con operaciones similares en Altamira, Tamaulipas.
El robo de gas LP abrió un segundo negocio ilícito permanente: sólo en 2023 se documentaron alrededor de 2 mil 470 perforaciones en ductos de gas LP, y para 2025, entre enero y septiembre se reportan 758 piquetes a gasoductos.
En territorio poblano, los municipios más afectados por el robo de gas LP a Pemex son Tepeaca, San Salvador, Tlahuapan, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.
En Tlaxcala, el problema se presenta principalmente en Calpulalpan, mientras que en el Edomex la ordeña de gas ocurre en Nextlalpan, Tepetlaoxtoc, Polotitlán, Aculco, Jilotepec y Tonanitla.
En esas entidades se atribuye el robo de gas LP a células de La Familia Michoacana y otros grupos locales que supuestamente tienen el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además del Cártel de Santa Rosa de Lima y células locales que operan en el Triángulo Rojo y en los límites de Hidalgo con Querétaro.
Los piquetes los resiente en mayor proporción el gasoducto Cactus-Guadalajara.
Su recorrido principal atraviesa los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, conectando importantes centros de consumo con la fuente de suministro.
Expansión al fraude fiscal en aduanas
El llamado huachicol fiscal consiste en importar gasolinas y diesel haciéndolos pasar por aditivos o lubricantes para evadir el IEPS y el IVA.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va de la actual Administración, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) registró 66 incidencias de presunto huachicol fiscal en aduanas del norte del país.
Los hallazgos corresponden al ingreso ilegal de un volumen total de 3 millones 485 mil 85 litros de hidrocarburos, con un valor declarado de 31 millones 946 mil 448 pesos.
Los hidrocarburos detectados son aceite diésel gasóleo, gasolina, diésel, aceite ligero liviano, aceite lubricante, diésel bajo en azufre, mezcla de diésel y nafta ligera, así como aceite diésel.
Apenas el mes pasado, el Secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que existen querellas en curso por un monto total de 16 mil millones de pesos relacionadas con casos de contrabando y facturación ilegal de combustibles.
Este esquema ya involucra a redes empresariales y mandos militares, en 2025 fueron detenidas 14 personas, entre ellas elementos de Marina, señaladas por integrar una estructura de contrabando ligada a un vicealmirante con conexiones políticas.
