Antes repudiado, el “fiscal carnal” ahora es bienvenido en el segundo piso de la 4T

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Rodeado del escándalo, acusado de encubrir actos de corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sobre todo ser promovido como “fiscal carnal”, el prestigiado abogado Raúl Cervantes Andrade, senador con licencia, presentó su renuncia ante la Junta de Coordinación Política del Senado a la Procuraduría General de la República, cargo en el que fue reemplazado por Alberto Elías Beltrán, quien entregó a Alejandro Gertz Manero, nombrado por el nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Unos días después del arranque del nuevo sexenio, la Procuraduría se convirtió en Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que Gertz pasó de uno a otro cargo, no sin librarse de acusaciones de que se trataba de un nuevo “fiscal carnal”.

Las denuncias no prosperaron por el ambiente triunfalista provocado por el arrollador triunfo de Morena y el movimiento al que se empezó a nombrar como “Cuarta Transformación”, así como por los antecedentes del funcionario, quien trabajó con los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) en el entonces DF y del panista Vicente Fox Quesada, como secretario de Seguridad, y luego haber sido diputado federal por el partido Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano).

La actividad del también ex rector de la Universidad de las Américas (plantel Ciudad de México) estuvo siempre rodeada de críticas y sospechas en los principales casos que le correspondió atender, sobre todo los vinculados con asuntos políticos, como la extradición y juicio al ex director general de Pemex, Amilio Lozoya Austin, vinculado a las acciones de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht; el secuestro del capo Ismael “El Mayo” Zambada y el consecuente asesinato del diputado electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén; y más recientemente, el escadaloso y enorme caso de robo y contrabando de combustibles conocido como “huachicol fiscal” y, finalmente, la negociación para aceptar como “testigo protegido” al empresario neoleonés Raúl Rocha Cantú, acusado de tráfico de combustibles, drogas y armas, cuya participación, además, ensombreció el concurso Miss Universo ganado por la mexicana (tabasqueña) Fátima Bosch, hija de un funcionario de Pemex.

Gertz abandonó el cargo de titular de la FGR mediante una carta dirigida al Senado en el que comunica que la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo decidió nombrarlo embajador ante “un país amigo” -que se presume es Alemania-, lo cual no es de ninguna manera una renuncia, ni mucho menos una causa grave.

No obstante, la mayoría oficialista en el Senado, convertida en oficialía de partes,  validó la renuncia y lanzó la convocatoria para iniciar el proceso para la elección del sustituto.

Entretanto, el Ejecutivo operó rápidamente, para que la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy fuera nombrada ¿por el propio Gertz? encargada del despacho del funcionario a quien le corresponde sustituir las ausencias del fiscal general, lo que la ubica desde ahora como principal aspirante a recibir el nombramiento defintivo con el voto de los incondicionales senadores de la llamada Cuarta Transformación. El otro candidato mencionado es el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció anticipadamente a su cargo para incorporarse al equipo de Sheinbaum.

¿Así de “fiscales carnales” o se quiere alguien más cercano?

         Esto lleva necesariamente a recordar los antecedentes, cuando Morena todavía no alcanzaba el poder federal y se convirtió en el principal opositor al nombramiento de un “fiscal carnal”.

Es necesario precisar que la reforma para convertir a la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía (FGR) empezó desde 2014, a sólo dos años del arranque del gobierno del mencionado Peña Nieto, pero por diversos conflictos, el proceso culminó hasta octubre de 2017, pero la ley entró en vigor hasta finales de 2018, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, al parecer con el visto bueno del presidente electo, al que Peña Nieto ya la había cedido gran parte de los asuntos de estado, como parte del proceso de transición, que los mal pensados atribuyen a un pacto para que el saliente no fuese perseguido.

Para empezar, es de mencionar el escándalo generado por el cese del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo por órdenes del encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, debido a que violó el código de conducta del órgano.

“El referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República. De esta manera, la Procuraduría reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional», informó la PGR en un comunicado.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución», respondió el destituido funcionario, quien en entrevista con el diario Reforma  declaró que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de la empresa Odebrecht al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña presidencial de 2012.

De acuerdo con el entonces titular de la Fepade, Lozoya le mandó una carta para presionarlo a fin de que lo exonerara públicamente y le ofreciera una disculpa.

Nieto Castillo tuvo también un enfrentamiento con el PVEM, ya que acusó por supuestos delitos electorales al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, quien recibió ese cargo como parte de la alianza del PVEM con el gobierno priista. El partido reaccionó con una denuncia contra Nieto porque supuestamente violó la ley al aceptar la Fepade a pesar de haber sigo asesor de la bancada del PRD en el Senado, lo cual supuestamente lo invalidaba.

Luso de su destitución, Nieto se incorporó al equipo de campaña del ex presidente López, en cuyo gobierno reapareció al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y luego fue procurador de Justicia de Hidalgo, cargo al que renunció para aspirar a la posición de senador por su natal Querétaro, como etapa previa para buscar la gubernatura. Ante la derrota, recibió premio de compensación del gobierno de la presidenta Sheinbaum, como director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En su fase como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, renovó sus denuncias contra Lozoya, asunto que tampoco pudo solucionar el fiscal general Gertz Manero, por lo que todavía está vigente el juicio, aunque el acusado a logrado anular muchas de las denuncias y, en cuanto al resto de los supuestos implicados, sólo recibió sanción de cárcel un ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, que ahora es funcionario del gobierno “moreno” de Campeche.

En el tema del “fiscal carnal”, la promoción de Ernestina Godoy representa el cambio de la llamada Cuarta Transformación de cuando fue oposición y combatió enconadamente el nombramiento de un allegado a Peña Nieta y ahora busca uno mucho más cercano a la primera mandataria.

Godoy fue la procuradura de Justicia de la Ciudad de México al inicio del mandato de la ahora Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, pero luego logró dar el salto para ser la primera titular de la Fiscalía, cuando vino el cambio de nombre y de funciones de esa dependencia. Se desempeñó en el cargo hasta el término del sexenio, en 2024.

En ese año integró, con el ahora secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, la fórmula de Morena para el Senado por la capital. Salieron triunfadores, pero ocuparon muy poco tiempo sus escaños, pues pasaron al gabinete de Sheinbaum. Godoy como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, hasta hace unos cuantos días, cuando recibió el encargo de atender interinamente la FGR, hasta que termine el proceso en el Senado para designar nuevo Fiscal General, posición para la que la abogada tiene mano.

Ella no puede negar su militancia en Morena, partido por el que ha sido diputada local y federal, así como senadora.