No todo es fiesta en el gobierno; cayeron las remesas en enero
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 2, Mar 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
A pesar del éxito de la gran concentración popular en la zona céntrica de la Ciudad de México, con la presentación de la popular cantante colombiana Shakira, la cierto es que el gobierno que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación atraviesa malos momentos.
Por cierto, al contabilizar al total de asistentes al espectáculo musical del domingo anterior, el gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, volvió a demostrar la “flexibilidad” –por denominarla de alguna manera – de sus instrumentos de cálculo, pues unas veces ante un Zócalo y calles aledañas repletos por organizaciones opositoras, no logra sumar más de cien mil, pero cuando se trata de una concentración de apoyo al régimen ha calculado hasta un millón de asistentes.
En el caso de Shakira, espectáculo que se presentó como gratuito, pero en realidad fue patrocinado por una empresa privada, los cálculos oficiales aparecieron moderados, pues la jefa de Gobierno dio como válida la cifra de 400 mil personas que, es de suponer, incluye a los que llegaron al Zócalo y los que presenciaron el espectáculo a control remoto, en los sitios donde se colocaron grandes pantallas.
En el caso de validar el optimismo generado por el espectáculo dominical, suman más los motivos de preocupación para el régimen.
Para empezar, está el riesgo del fracaso de la muy buscada reforma electoral con la que Morena busca perpetuar su control absoluto, pues se mantiene la inconformidad nada menos que de sus satélites del PT y PVEM, sin cuyos votos no se pueden realizar cambios constitucionales como los que pretende imponer el partido oficial. La entrega de la iniciativa al Congreso de la Unión para ser aprobada (sin cambios, claro) se ha demorado ya en varias ocasiones y se suponía que el plazo definitivo vencía ayer, sin que se conociera la versión definitiva al tiempo que en medios oficiales se decía que la iniciativa sería entregada la tarde-noche.
La referida reforma electoral es un asunto de suma importancia para el régimen en el terreno político, donde siempre existe la posibilidad de dar la vuelta y encontrar otros resquicios para conseguir el mismo fin de retener el control.
La situación aparece muy diferente en materia económica, en donde se trata de cuestiones materiales. Salvo que se recurra a la máquina de imprimir dinero y generar más inflación o aumentar la ya demasiado pesada carga de la deuda pública, resulta muy difícil compensar la caída en los ingresos.
Esto viene al caso porque ayer mismo se anunció que las remesas de mexicanos residentes en el extranjero, básicamente en los Estados Unidos, cayeron el pasado mes de enero.
El Banco de México (Banxico) informó que en el primer mes de 2026, los ingresos por remesas provenientes del exterior fueron de 4,594 millones de dólares, los cuales se derivaron de 11.5 millones de transacciones, con un envío promedio de 401 dólares. De esta manera, en enero de 2026 los ingresos por remesas presentaron un retroceso anual de 1.4%, derivado de la combinación de una caída de 5.2% en el número de envíos y de un crecimiento de 3.9% en el monto de la remesa promedio.
Banxico también indicó que en los últimos doce meses (febrero 2025–enero 2026), el flujo acumulado de los ingresos por remesas resultó de 61,710 millones de dólares, que se compara con el monto acumulado a doce meses de diciembre pasado de 61,777 millones de dólares (enero 2025–diciembre 2025).
Los expertos del banco central advierten que el descenso es consecuencia de la agresiva política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes. Es de recordar que en junio de 2026, el gobierno de Donald Trump anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.
Para medir el impacto social, es de señalar que el diario especializado El Economista destaca en su nota informativa que “de acuerdo con estimaciones del Inegi y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), son 4.9 millones de familias las que reciben remesas en México, donde 11.1 millones de adultos son beneficiarios.
Tal vez, a manera de compensación, la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum, anunció que hoy, martes, será publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que establece la reducción paulatina de la jornada laboral semanal hasta llegar a 40 horas, la cual es presentada por la llamada Cuarta Transformación como un gran avance en beneficio de la clase trabajadora.
La modificación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Senado y forma parte del compromiso número 60 de los 100 objetivos planteados por el Gobierno federal en la llamada segunda etapa de la transformación.
En su mañanera, la mandataria sostuvo que el objetivo central de esta reforma es mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, al disminuir el cansancio, prevenir accidentes y fortalecer el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar. Subrayó que un mayor descanso contribuye directamente a la salud, la seguridad y el bienestar integral.
Estos comentarios han sido refutados por los legisladores de oposición, quienes advirtieron que la reforma no hace obligatorio el descanso de dos días a la semana y que la reducción de la jornada diaria de una hora por día, con seis días de trabajo, no compensa el desgaste que sufren los trabajadores para trasladarse de sus viviendas a los centros de labor, en particular en grandes ciudades como México, Monterrey y Guadalajara, por mencionar sólo a las principales.
Además de los reproches expresados por senadores y diputados de oposición durante el debate para aprobar la supuesta reforma de avanzada, un estudio de la empresa especializada Indeed en 2023, alrededor del 37% de los trabajadores mexicanos invertía una hora en trasladarse de su casa a la oficina, mientras que el 24% destinaba dos horas o más.
Otra muestra de la “nueva justicia” mexicana
Después del “show” que montaron en Tenejapa, Chiapas, donde se disfrazaron de indígenas, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de los acordeones volvieron a sesionar en la capital del país, para dejar constancia de lo que es la nueva justicia mexicana.
En su sesión de ayer, el máximo tribunal del país resultado de la reforma al Poder Judicial validó un amparo a la poderosa empresa Televisa que la protege de pagar “impuestos indebidos”. El fallo fue aprobado por una mayoría de seis ministros y tres en contra.
La decisión significa que la Suprema Corte (SCJN) dejó en firme la sentencia de un tribunal colegiado que le concedió a Televisa un amparo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le pague 103 millones 73 mil 347 pesos por concepto de intereses de impuestos “indebidos” en los ejercicios fiscales de 1998, 1999, 2003 y 2004.
El comunicado, publicado en el portal del máximo tribunal, sin mencionar a la empresa beneficiada, explica:
“El pleno fijó como criterio obligatorio que, en términos del párrafo tercero del artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), no procede el pago de intereses cuando las personas contribuyentes obtienen una sentencia que declara nulo un crédito fiscal previamente pagado sin que la misma ordene de manera expresa y directa la devolución por pago de lo indebido.
“El Pleno sostuvo que tanto la devolución como los intereses tienen diversa naturaleza, pues mientras la devolución de las cantidades con su respectiva actualización tiene un carácter restitutorio, toda vez que la persona contribuyente recibe su dinero a valor actual, en cambio, los intereses son indemnizatorios y sancionatorios, dado que surgen de un incumplimiento o actuar negligente que, cuando se vincula con una sentencia de nulidad debe relacionarse con un pronunciamiento condenatorio.
“Por tanto, afirmó que no siempre que proceda una devolución necesariamente trae aparejada el pago de intereses ya que éste proviene de un incumplimiento o actuar negligente por parte de la autoridad fiscal, para lo cual es necesario que exista una obligación a cargo de la misma de devolver ciertas cantidades, en el entendido de que las personas contribuyentes que pagan un crédito fiscal antes de impugnarlo lo hacen en un contexto de presunción de legalidad del acto administrativo que le dio origen”.
