Con una SCJN sometida, nadie puede detener el “plan B” de la reforma electoral
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 12, Mar 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
El “plan B” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral fue frenado en 2023 por la entonces autónoma Suprema Corte de Justicia, pues los ministros de ese máximo tribunal encontraron que parte de las reformas propuestas resultaban anticonstitucionales.
En la actualidad, la encargada de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo está empeñada en llevar a cabo esa transformación encomendada por su guía y antecesor.
Pero como le sucedió al caudillo de la 4T, el proyecto inicial de esa reforma fue rechazado por el Poder Legislativo por no alcanzar la mayoría calificada, debido a que sus satélites o rémoras, el PT y PVEM, votaron en contra, pues los cambios propuestos ponían en riesgo su existencia misma.
Sin embargo, al contrario de lo que le ocurrió a su mentor, la actual mandataria tiene prácticamente asegurada la aprobación de su “plan B”, así comprenda aspectos inconstitucionales, pues una nueva Suprema Corte de Justicia “carnal” le asegura que, cualquier modificación, será avalada y podrá ser puesta en práctica a fin de que el actual régimen obtenga el control absoluto sobre todos los comicios que se realicen en la República.
En tono de broma, se comenta que el régimen tendrá el poder decisión hasta en las elecciones de las reinas de las kermeses (las de los carnavales ya están arregladas).
Morena, sin aliados, tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso, así que logrará imponer su voluntad, pues para modificar leyes secundarias o reglamentarias no es necesaria la mayoría calificada. La oposición, inclusive en el muy remoto caso de que se le sumaran las rémoras de Morena, podrá recurrir a todos los recursos políticos y legislativos que tengan a la mano, pero aún así las reformas que proponga el Ejecutivo serán aprobadas, claro, “si cambiarle ni una coma” y con todas las dispensas de trámites, tal como es costumbre en la llamada Cuarta Transformación.
Terminado el proceso legislativo, seguramente vendrán las demandas legales, pero seguramente quedarán anuladas en la Suprema Corte del acordeón, si es que algún juez menor se atreve a conceder algún amparo para evitar la aplicación de las reformas.
Es de recordar que el “plan B” del ex presidente López fue invalidado por la, vale insistir, autónoma Suprema Corte de Justicia al declarar la inconstitucionalidad de la primera parte que incluía cambios a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Obstinado como es, el caudillo de la 4T elaboró un “plan C”, consistente en un paquete de 18 reformas constitucionales presentado en febrero de 2024 el último año de su mandato, con la supuesta intención de elevar programas sociales a rango constitucional y modificar profundamente al Poder Judicial, el sistema electoral y los órganos autónomos.
Por carecer de la mayoría calificada en la Legislatura que estaba por concluir, las iniciativas de reformas constitucionales tuvieron que aplazarse hasta que entraran en funciones las nuevas cámaras de Diputados y de Senadores, elegidas en junio de ese año, que se instalaron el 1 de septiembre.
A la salida del caudillo, su discípula siguió con el proyecto. Primero se aseguró una mayoría calificada en la Cámara de Diputados con el aval de los organismos electorales INE y TEPJF que autorizaron una sobrerrepresentación, que se consolidó con las alianzas con los partidos satélites y con la “compra” y amenazas a legisladores postulados por otros partidos, lograron la misma meta en el Senado.
Con ese respaldo, a pesar de las protestas de la oposición y de los especialistas, culminó con la demolición del Poder Judicial y su relevo por nuevos juzgadores con limitados conocimientos, pero eso sí, 90 por ciento leales con sólo 10 por ciento de capacidad y experiencia.
En lo que no ha podido avanzar la construcción del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación es en el tema electoral, al menos no en materia de reformas legales, aunque sí ha logrado afiliar a los organismos que rigen los comicios.
Al igual que lo que sostenía su guía, la presidenta Sheinbaum sostiene que con su iniciativa busca fortalecer la democracia, garantizar la equidad en la contienda, reducir el gasto público y combatir la corrupción.
Esos declarados buenos propósitos no son validados por la oposición ni por los especialistas en materia electoral, entre ellos los ex presidentes del IFE-INE, José Woldenberg, Leonardo Valdés Zurita, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova Vianello, quienes han rechazado algunas partes, sobre todo el intento de devolver el control de las elecciones al Ejecutivo federal, por lo que algunos de ellos inclusive han participado en el diseña de una propuesta alterna de reforma electoral que, por supuesto, ha sido rechazada en principio por la administración de Sheinbaum.
La jefa del Ejecutivo federal asegura que su decisión de impulsar cambios responde a demandas del pueblo, pero a menos que esas solicitudes le hayan sido planteadas en privado, no se conoce ningún movimiento popular tendiente a exigir una modificación en las contiendas electorales. La comisión creada por la presidenta Sheinbaum y encabezada por Pablo Gómez Álvarez supuestamente hizo una consulta nacional, para lo cual organizó foros en diversas partes de la República, pero no se sabe que ninguna propuesta o recomendación haya sido incorporada al proyecto original del Ejecutivo.
Como las ideas centrales del proyecto de reforma electoral se mantienen igual a como las diseñó el ex presidente López, vale revisar lo expresado por expertos de la organización especializada Transparencia Electoral en mayo de 2023, en un artículo titulado “El Plan B de AMLO y la violación a derechos civiles”.
“El Plan B de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado una gran polémica en el ámbito político y jurídico del país, tanto que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, el 8 de mayo, la inconstitucionalidad de la primera parte del ‘plan B’ de la reforma electoral, la cual contemplaba cambios a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, a lo que AMLO respondió con el desarrollo del Plan C. Pero cabe hacerse algunas preguntas, como: ¿En qué consistía el “plan B”? ¿Por qué resulta contrario a los derechos civiles? ¿Qué pretende el “plan B”?
“Según sus promotores, se trata de una reforma que busca fortalecer la democracia, garantizar la equidad en la contienda, reducir el gasto público y combatir la corrupción. Sin embargo, según sus detractores, se trata de una reforma que viola la Constitución, debilita al Instituto Nacional Electoral (INE), vulnera los derechos de los ciudadanos y favorece al partido oficialista.
“Entre los puntos más controvertidos del “plan B” se encuentran:
“– La reducción del financiamiento público a los partidos políticos en un 50%.
“– La eliminación de las candidaturas comunes y las coaliciones parciales.
“– La prohibición de que los partidos políticos contraten propaganda en medios de comunicación privados.
“– La facultad del INE de presentar al Congreso propuestas de reforma a las leyes electorales. Además de reducir su estructura, causando una gran cantidad de despidos.
“– El derecho a la libertad de expresión: al prohibir que los partidos políticos contraten propaganda en medios privados, se limita su capacidad de difundir sus propuestas y posicionamientos ante el electorado. Además, se otorga una ventaja indebida al partido oficialista, que cuenta con el apoyo mediático del gobierno federal.
Los especialistas también advirtieron acerca del “plan C” de López. Mencionaron que el caudillo advirtió que, si no se aprueba, buscará obtener una mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones para poder reformar la Constitución y llevar a cabo su proyecto de transformación del país.
Eso fue lo que sucedió y que ahora trata de poner en práctica la constructora del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.
En la actualidad, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, denunció que desde el gobierno “quieren ganar a como dé lugar las elecciones del 2027”, y adelantó que su partido daría el debate y votaría en contra, como sucedió en San Lázaro.
