Acusa EU al gobernador Rocha Moya por presuntos delitos de narcotráfico
Nacional miércoles 29, Abr 2026
- Supuesto pacto con el Cártel de Sinaloa
- El expediente incluye señalamientos también por armamento y advierte penas severas
Así lo dijo DIARIOIMAGEN el 15 de noviembre de 2024 y el 5 de febrero de 2025.
La justicia estadounidense anunció, mediante la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York , una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, actuales y anteriores, por presuntos delitos de narcotráfico.
El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Terrance C. Cole, informaron que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos, según la imputación difundida por autoridades estadounidenses.
La acusación incluye a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazárez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Los señalados son acusados de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armas y dispositivos destructivos, de acuerdo con la información oficial.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta además cargos relacionados con secuestros que derivaron en la muerte de una fuente de la DEA y de un familiar de esa persona, hechos incluidos en el mismo expediente.
La Fiscalía sostiene que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos para proteger a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y procesos judiciales, además de proporcionar información confidencial y permitir el traslado de cargamentos de droga.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que la Fiscalía indicó que las penas previstas por ley incluyen cadena perpetua y mínimos obligatorios de prisión, aunque cualquier sentencia deberá ser determinada por un juez.
La acusación formal establece que los cargos son señalamientos y que los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
