Dicen que no, pero hay una justicia para los amigos y otra para los que no lo son

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

La presidenta con. (A) Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no hay “justicia selectiva” en el caso de la detención de Ernesto Ruffo por presuntos delitos de huachicol y crimen organizado.
La mandataria respondió así a denuncias del ex presidente del PAN Felipe Calderón Hinojos en el sentido de que la detención de Ernesto Ruffo demuestra, a su juicio, que se está utilizando el sistema de justicia con fines políticos. Además, sostuvo que el actual régimen aplica una “justicia discriminatoria y selectiva” y apuntó que los cambios impulsados en el Poder Judicial buscaban facilitar resoluciones alineadas con intereses del poder.
Sheinbaum recordó inclusive que el mismo Calderón anteriormente ha criticado al ex gobernador de Baja California, pero ahora está “diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente”.
Además, rechazó que esta detención sea un asunto político y reiteró que se trata de una acción tomada por las autoridades luego de al menos un año de investigaciones sobre una red de distribución ilegal de combustible en México.
“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año. Un año en el que se hacen todas las dirigencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, precisó la mandataria, quien en diversas ocasiones ha refutado las acusaciones de que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación tenga vínculos con la delincuencia.
“No tenemos pactos criminales con nadie… nuestro gobierno está sólido y fuerte porque estamos cerca del pueblo, estamos cumpliendo y la gente sabe que estamos actuando con rectitud y tenemos autoridad moral y política en el país”, afirmó, por ejemplo, el reciente 20 de mayo.
La mandataria subrayó que la actual administración mantiene una política de actuación basada en la legalidad y el combate a la delincuencia.
De acuerdo con lo que ha trascendido, es probable que el ex gobernador de baja California Ernesto Ruffo Appel haya incurrido en actividades ilegales, lo cual confirmará las palabras de la presidenta Sheinbaum, pero lo que no puede eliminar con sus comentarios es la sospecha de que su gobierno trata de manera diferente a los acusados que militan en la llamada Cuarta Transformación y a quienes se oponen a ella.
Esto fue lo que puso de relieve el ex presidente Calderón, quien también denunció que el actual régimen aunque “tiene enfrente una lista de funcionarios de Morena acusados” de alianzas criminales no los tocan, pero “a los enemigos, la ley a secas”.
“Independientemente de lo que se deslinde en el caso de @RuffoAppel, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva. Tienen enfrente una lista de funcionarios de Morena acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen. Como Porfirio Díaz: a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas , mi solidaridad con él, más allá de ofensas recibidas”, escribió Felipe Calderón.
La referencia de Calderón estaba, evidentemente, dirigida al caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y de sus allegados, colaboradores o ex funcionarios, cuya extradición solicita el gobierno de los Estados Unidos por sospechas de vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS), calificado por la justicia del vecino país como “terrorista”.
En nuestro país hay testimonios de que la victoria de Rocha Moya y su grupo en las elecciones de 2021 fue posible por la colaboración de elementos del grupo criminal que secuestraron e intimidaron a militantes y dirigentes de los partidos de oposición, para impedirles votar u obligarlos a sufragar por el oficialismo.
Esas acciones ilegales fueron denunciadas a las autoridades electorales, dominadas por el oficialismo, que sólo registraron los hechos, pero no impusieron sanciones.
También hay testimonios de que dinero de esa organización fue invertido en campañas de candidatos de Morena, lo cual de comprobarse implicaría la anulación de las elecciones y aunque ya han transcurrido casi seis años -en el venidero 2027 se elegirá nuevo gobernador en Sinaloa, así como en otros 16 estados- esos actos deben obligar a las autoridades a imponer algún tipo de sanción.
Previo a las votaciones de ese año, un recuento del diario El País, publicado el 20 de abril de 2024, destacó que durante el proceso electoral fueron asesinados, en diversas partes del país, 30 candidatos, otros 77 fueron amenazados y, además, se registraron 11 secuestros.
Es probable que algunos casos hayan sido seguidos por la justicia como delitos comunes, pero no hubo ninguna acción en el terreno electoral.
Esto confirma que hay un trato diferente para los acusados que forman parte de la llamada Cuarta Transformación y los que militan en la oposición, como ocurre en lo relacionado con el huachicol.
Desde las filas del oficialismo se insiste en presentar a Ruffo Appel como miembro de una mafia que controla esa actividad ilícita, pero no hacen ninguna referencia a los otros hallazgos que no fueron manejados por las empresas asociadas al grupo de Ruffo.
En un debate con legisladores del oficialismo, la diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de su Cámara, que clasificó a Ruffo como preso político, advirtió que en el entramado del huachicol fiscal deben estar coludidos servidores públicos de cuando menos siete u ocho instituciones de los tres niveles de gobierno. De manera que el responsable no puede ser un ciudadano de la oposición “que ha forjado la democracia en el país”.
Otro indicio de que hay un trato diferente a quienes no forman parte de la 4T es una nota aparecida ayer en el portal de La Jornada con el título En la mira, si Ruffo inyectó dinero del huachicol fiscal al partido Somos México, la cual recoge declaraciones del senador morenista Saúl Monreal -quien hace méritos para poder suceder a su hermano David en el gobierno de Zacatecas- en el sentido de que pedirá en la Comisión Permanente y ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que se investigue si el nuevo partido Somos México recibió dinero producto del huachicol que se le imputa a Ruffo.
La intención es obvia: generar elementos que permitan cancelar ese registro que acaba de recibir Somos México, una organización que genera mucha incomodidad en las filas del oficialismo, incluidos los consejeros del INE, que les impusieron, para conservar su registro oficial, la condición de ¡cambiar de nombre y de colores!
Por otro lado, aunque el gobierno presume reducción de los delitos graves, todavía subsiste el secuestro, como lo confirmó la organización no oficial Alto al Secuestro.
En su más reciente informe, esa ONG reportó que “durante junio de 2026 cinco personas fueron secuestradas al día durante junio del presente año.
El informe detalla qie “se registraron 158 víctimas de secuestro, lo que representa un incremento del 7.5% en comparación con las 147 víctimas reportadas en mayo de 2026.
“Se contabilizaron 89 secuestros, representando una disminución del 3.3% en comparación con los 92 casos de mayo de 2026”.
Alto al Secuestro precisa que durante el referido mes de junio se registraron 6 eventos de secuestro de migrantes, con 18 víctimas, uno en Baja California, con 1 víctima y en Chihuahua 5 casos, con 17 víctimas.
La ONG destaca, además, que se registraron 7 casos de secuestros masivos, con 38 víctimas. Los casos se registraron uno en Chihuahua con 4 víctimas, uno en Jalisco con 8 víctimas, uno más en el Estado de México con 6 víctimas, otro en Michoacán con 4 víctimas y 2 en Sinaloa con 12 víctimas.
Los estados con mayor incidencia en esta clase de delitos durante junio de 2026 fueron: Sinaloa con 18 secuestros; Veracruz, 8 secuestros; Guanajuato, 6 secuestros; Baja California y Estado de México con 5 secuestros, respectivamente.
Los estados que reportaron cero secuestros son: Aguascalientes, Colima, Guerrero, Tamaulipas y Yucatán.