Ex gobernantes de Iberoamérica critican deterioro de garantías democráticas en México

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Más vale que la “eficiente” Fiscalía General de la República (FGR) de México tenga pruebas sólidas y contundentes acerca de la culpabilidad del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en lo que se refiere al delito denominado huachicol fiscal, pues de no ser así arriesga que su ya consolidada fama en lo interno de ineficiente y de actuar con fines políticos se consolide de manera universal.

La mala fama de la FGR mexicana no es reciente, viene, por lo menos, de 2020, cuando “investigó” al ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

El alto mando fue detenido en los Estados Unidos, acusado de vínculos con el crimen organizado, nada menos que por la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón, acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa, y que sentenció a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Al contrario de lo sucedido con García Luna, denostado por el gobierno de México que empezaba la construcción de lo que llaman la Cuarta Transformación, el general Cienfuegos -titular de la Secretaría de la Defensa con el priista Enrique Peña Nieto- fue defendido a rajatabla por el caudillo de Macuspana, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien exigió al gobierno de los Estados Unidos, entonces encabezado por el demócrata Joe Biden, la liberación del militar, con la promesa de que sería juzgado por la justicia nacional.

La averiguación se encargó a la inefable Fiscalía General de la República, entonces a cargo del “prestigiado” investigador Alejandro Gertz Manero, quien por sus méritos en la llamada Cuarta Transformación posteriormente sería premiado con la embajada de México en Londres.

Nada sorpresivo resultó que la “prestigiada” institución mexicana concluyera que no existían motivos para perseguir al militar de alto grado, quien quedó en libertad, sin que se sepa si puede concluir el viaje de placer con su familia a Disneylandia que seguramente quedó pendiente cuando fue detenido por agentes de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA.

En la actualidad, la FGR está bajo la atención generalizada no sólo dentro sino fuera del país, porque contra sus antecedentes, ahora sí parece decidida a combatir con todo rigor a la delincuencia organizada, en particular el escandaloso robo patrimonial conocido como huachicol fiscal, que le ha costado al gobierno, es decir a toda la nación, un mínimo de 600 mil millones de pesos y, como la publicidad de un famoso whisky, “sigue tan campante”.

Los acuciosos investigadores de la FGR tomaron el hilo de un cuantioso decomiso de combustibles (alrededor de nueve millones de litros) en unas instalaciones ferroviarias en Coahuila y de allí se siguieron hasta descubrir que el centro de operaciones estaba en una empresa radicada en Baja California, uno de cuyos socios era el mencionado ex gobernador de ese estado, Ernesto Ruffo Appel.

Para evitar que el peligroso criminal huyera, los agentes mexicanos se movilizaron rápidamente y lo ubicaron en su domicilio particular en Ensenada, lo esposaron y lo exhibieron ante los medios para dar testimonio de que en México nadie está a salvo de la acción de la justicia y, para evitar cualquier intento de fuga, lo encerraron en una de las prisiones de máxima seguridad (no tanto, de allí escapó Joaquín Guzmán Loera, el afamado “Chapo”, ahora inquilino de un penal de alta seguridad, pero en los Estados Unidos).

Los suspicaces y “sospechosistas” de siempre no tardaron en advertir que la celeridad y eficacia con la que actuaron los agentes conducidos por la titular de la FGR, la “fiscal carnal” Ernestina Godoy Ramos, se debió en buena medida a que el principal inculpado, Ruffo Appel, es destacado opositor, pues además de militar en el PAN, forma parte de la directiva de un nuevo partido político que al parecer causa mucho resquemor en las filas oficiales, que se registró como Somos México, pero al cual los sometidos consejeros y magistrados electorales intentan obligar a que cambie de nombre y de colores.

Es de notar que por diversas partes de la República se han detectado enormes contrabandos de combustibles, ajenos a la empresa de Ruffo Appel, presumiblemente ligados a personajes de la llamada Cuarta Transformación que hasta ahora no han sido tocados ni con el pétalo de una carpeta, como se denominan ahora los expedientes judiciales. Hay dos casos sobresalientes, uno originado en Tabasco, donde operaba una organización criminal denominada La Barredora integrada por policías-delincuentes o delincuentes-policías, pero sólo un funcionario de mediano nivel ha sido consignado, sin que los eficientes agentes de la FGR localicen a sus jefes de alto nivel, aunque sus nombres están en la boca de medio mundo, como tampoco han ido más alto en otro cuantioso contrabando de huachicol en el que están involucrados dos ex altos mandos de la Secretaría de Marina, quienes se han declarado chicos expiatorios, pero nadie ha molestado a sus jefes ni a los políticos vinculados que, todo indica, son destacados miembros del partido oficial, Morena.

Primero, las dirigencias nacionales del PAN y de Somos México elevaron protestas por el mal trato a Ruffo Appel y empezaron a calificarlo de preso político, pero en principio generaron poco eco, hasta que se sumaron figuras relevantes como los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y ex gobernadores de varios estados.

Estos reclamos han sido refutados desde la más alta tribuna del oficialismo, la diaria conferencia mañanera de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sostenido que esa captura es resultado de una investigación de más de un año de duración. Lo que no ha mencionado es que una primera solicitud de girar una orden de aprehensión fue denegada por uno los pocos jueces autónomos que sobreviven a la “reforma judicial” emprendida por la llamada Cuarta Transformación. Por eso se tuvo que recurrir a una de nuevas jueces, producto de las elecciones del acordeón, Alejandra Ramírez de la Vega para que concediera la autorización y luego lo vinculara a proceso.

Lejos de que esa decisión “judicial” calmara los ánimos, ayer se dio a conocer la declaración de 25 ex presidentes de México y Latinoamérica, quienes acusan al gobierno de la 4T de “venganza política” en México por caso Ruffo y atribuyeron su detención al “desmantelamiento del Sistema Judicial mexicano”.

Los ex mandatarios que protestan están vinculados a la organización Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), un foro internacional no gubernamental que integran 37 ex jefes de Estado y de Gobierno, definidos como demócratas respetuosos del principio de la alternabilidad durante sus desempeños.

Entre los firmantes de la declaración de IDEA aparecen: Mario Abdo, Paraguay; Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica; Oscar Arias, Costa Rica; José María Aznar, España; Nicolás Ardito-Barletta, Panamá; Felipe Calderón, México; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Fernando Henrique Cardoso, Brasil; Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica; Jean Chrétien, Canadá; Alfredo Cristiani, El Salvador; Eduardo Duhalde, Argentina; Iván Duque Márquez, Colombia; José María Figueres, Costa Rica; Vicente Fox, México; Federico Franco Gómez, Paraguay ; Eduardo Frei, Chile; César Gaviria, Colombia; Felipe González, España; Lucio Gutiérrez, Ecuador; Osvaldo Hurtado L., Ecuador; Luis Alberto Lacalle, Uruguay; Ricardo Lagos, Chile; Guillermo Lasso Mendoza, Ecuador, Mauricio Macri, Argentina; Jorge Jamil Mahuad, Ecuador; Hipólito Mejía, República Dominicana; Carlos Mesa G., Bolivia; Lenin Moreno, Ecuador y Mireya Moscoso, Panamá.

Los ex mandatarios manifestaron en dos comunicados publicados simultáneamente su “profunda preocupación” por el deterioro de las garantías democráticas y el Estado de derecho en varios países de la región, incluidos México, Nicaragua o Venezuela.

Para IDEA, utilizar la privación de libertad para castigar la disidencia convierte la causa en una “grave denuncia sobre el deterioro del Estado de derecho” y envía un mensaje “inadmisible” de persecución desde el propio Estado.

Seguro, hoy habrá respuesta desde Palacio Nacional.