Sheinbaum se desentiende de críticas de  IDEA y se concentra en la llamada “ley censura”

CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera

Como es costumbre en la conferencia diaria mañanera desde Palacio Nacional, surgió la pregunta “a modo” y entonces se escuchó la descalificación de la presidenta (con A) contra el grupo IDEA, que agrupa a ex mandatarios de España y América Latina, que protestó por el, por lo menos, maltrato al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de cometer huachicol fiscal y otros delitos, pero sin que el gobierno mexicano pueda eliminar la sospecha de que se trata de un preso político.

El dizque reportero que se contrató para intentar con su pregunta descalificar a IDEA, por las acusaciones penales -vinculadas a conflictos políticos- contra algunos destacados integrantes, como el español José María Aznar, el argentino Mauricio Macri, el colombiano Álvaro Uribe, el paraguayo Mario Abdon y hasta la boliviana Jeanine Áñez, le pidió a la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo su opinión acerca de un desplegado aparecido un día antes en el cual 25 ex jefes de Estado y de Gobierno firmaron que la privación de la libertad busca castigar la disidencia y desacreditar adversarios.

Los ex gobernantes de España y naciones de América Latina exigen en ese documento respeto absoluto al debido proceso, la presunción de inocencia y a las garantías legales del ex mandatario bajacaliforniano.

En su respuesta, la jefa del Ejecutivo Federal afirmó:

“Pues más allá de las personas (el recuento de ex mandatarios acusados de delitos), sería muy bueno que se informara, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República, porque -repito- no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal, es un tema de -obviamente hasta que no quede juzgado- de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, pues cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo, por cometer un fraude a la hacienda pública y por traer durante años combustible ilegal.

“Entonces, quienes afirman diciendo que ´es un asunto político´ están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información, por parte de la Fiscalía, para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez”.

Con esas breves palabras, la presidenta Sheinbaum dio por concluido el tema, al menos en su cotidiana conferencia, pues también surgieron críticas de parte de la presidenta del partido oficial, Morena, la ex responsable de distribuir los programas sociales, Ariadna Montiel Reyes, quien indirectamente utilizó uno de los argumentos favoritos de la llamada Cuarta Transformación cuando surgen críticas al gobierno nacional desde el extranjero: la defensa de la soberanía.

Montiel Reyes sostuvo que este asunto debe ser resuelto por los tribunales mexicanos, aunque olvidó decir que se trata de juzgados de consigna que responden a las indicaciones y recomendaciones del Ejecutivo.

Enseguida, señaló que el pronunciamiento del Grupo IDEA busca trasladar al ámbito mediático e internacional un tema que, afirmó, corresponde al sistema de justicia mexicano.

La ex secretaria del Bienestar indicó que la investigación contra Ruffo Appel se ha desarrollado conforme a los procedimientos legales y recordó que el ex mandatario ha contado con defensa jurídica, compareció ante una autoridad judicial y ha tenido acceso a los recursos legales previstos por la ley.

También, según la dirigente de Morena, la causa judicial se deriva de una investigación de aproximadamente un año, relacionada con operaciones aduaneras, financieras y empresariales, así como con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible transportados en 129 carro-tanques.

También admitió que la “autónoma” Fiscalía General de la República, tiene la responsabilidad de acreditar las acusaciones presentadas, mientras que la defensa tiene el derecho de controvertirlas ante los tribunales, los cuales deberán resolver conforme a la Constitución y la legislación vigente.

La dirigente nacional de Morena sostuvo que las opiniones expresadas por ex mandatarios y figuras políticas extranjeras forman parte del debate público, por lo que reiteró que el desarrollo de las investigaciones y los procesos judiciales corresponde exclusivamente a las autoridades del país.

Morena prepara otro cerrojo, ahora para los medios informativos

La escueta respuesta de la presidenta Sheinbaum a las advertencias de IDEA tal vez se deba a que le interesaba mucho más otro tema abordado en la mañanera, relativo a las iniciativas para poner en práctica las normas reglamentarias de la ley que creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (creada por el actual régimen en sustitución del incómodo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), supuestamente enfocada en defender los derechos de las audiencias, pero que en las filas de la oposición y, en no pocos medios informativos, se considera como un nuevo recurso para acallar voces críticas y divergentes.

Para destacar la importante del proceso que viene, presentado como consulta para dar a conocer los alcances de esa reforma, la mandataria se hizo acompañar del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, y por la consejera jurídica de la Presidencia, antes dirigente nacional del partido oficial, Luisa María Alcalde Luján, para que explicaran los alcances de ese proceso.

Antes, la Presidenta precisó que la consulta convocada está destinada, tanto para las empresas que se dedican a la telecomunicación como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos, desde quienes tienen una radio comunitaria hasta las grandes empresas o la ciudadanía en general.

La consejera jurídica hizo un recuento en los avances de la legislación en “defensa de las audiencias” y aprovechó para enviar un mensaje político, pues sostuvo que el PAN intentó una contrarreforma en esa materia.

Alcalde Luján anticipó que la legislación puesta a revisión busca fortalecer la protección de las personas que reciben los contenidos de la radio y televisión, de manera que se garantice que reciban información clara, veraz y diferenciada de otros tipos de contenido.

Entre los principales derechos destaca recibir información veraz y oportuna, evitar la difusión de información falsa o descontextualizada, distinguir entre información noticiosa y opinión, identificar claramente cuándo un contenido corresponde a publicidad y garantizar el derecho de réplica cuando se difunda información inexacta que afecte a una persona.

Señaló que estos lineamientos aplican para radio y televisión y son obligatorios para concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras, tanto de uso comercial como de uso público como también de uso social.

También se obliga a los medios a contar con un Código de Ética, un Código de Ética y también designar personas defensoras de las audiencias.

Además, los lineamientos contemplan medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, como servicios dirigidos a personas con debilidad auditiva y representaciones visuales inclusivas.

Explicó que cualquier integrante de la audiencia podrá presentar una queja cuando considere que un medio de comunicación vulneró alguno de sus derechos y su protesta deberá ser revisada por un defensor de la audiencia previamente designado, que deben ser imparciales e independientes. El defensor de las audiencias, la cual solicitará un informe al medio correspondiente y, si determina que existió una violación a los derechos de la audiencia, emitirá una recomendación. En caso de que ésta no sea atendida, el asunto podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, instancia que podrá intervenir y, en los casos más graves, aplicar multas o sanciones.

Aquí es donde surgen sospechas y protestas, las cuales fueron recogidas por el coordinador de los senadores del PRI, el guerrerense Manuel Añorve Baños, quien denunció que se trata de una nueva ley censura para callar a los medios de comunicación incómodos a la 4T.

El legislador acusó al gobierno de Morena de dar un peligroso paso más en su autoritario intento de controlar todo lo que se publica y difunde.