El gobierno ofrece ayuda en fraude en la UNAM, pero padece uno similar en la SEP

CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera

Cuando se descubrió el fraude en el examen de admisión al grado de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo se apresuró a ofrecer los “buenos oficios” de su gobierno para ayudar a la máxima casa de estudios a salir delante de ese problema.

La mandataria ofreció desde su tribuna de Palacio Nacional que, “en lo que requiera la UNAM estamos para ayudar, el objetivo, pues es que todas todos los jóvenes tengan universidad.

La jefa del Ejecutivo recordó su paso por la UNAM y, por ello, en su conferencia mañanera estableció claramente su respeto por la autonomía de la máxima casa de estudios, pero de cualquier forma indicó que era necesario tomar una decisión para subsanar los problemas derivados del descubrimiento de que se registró un fraude masivo con el uso de la Inteligencia Artificial para superar las barreras creadas igualmente con ese moderno sistema tecnocrático.

La jefa del Ejecutivo también apuntó una posible salida para los jóvenes que no encontraran sitio en las escuelas y facultades de la UNAM.

Por eso “planteé que jóvenes que no puedan entrar a UNAM tienen la opción de la Rosario Castellanos, de las Benito Juárez y otras universidades que o planteles de estas universidades que estamos construyendo. Entonces la UNAM tiene que tomar una decisión. Tiene una comisión técnica que nombró el Rector para poder dar una salida a este problema y ahí está el gobierno de México para apoyar en lo que se requiera”, aseguró con toda seriedad la mandataria, aunque seguramente sabe que no hay comparación en la calidad de la educación entre una y otras instituciones educativas.

Días después del escándalo derivado del descubrimiento de las trampas cometidas por un gran número de los aspirantes a ingresar a la universidad y luego del aparente gesto amistoso de la presidenta Sheinbaum de ofrecer la colaboración de su equipo de trabajo, los papeles se invirtieron porque se descubrió que también hubo fraude al aplicarse un examen en el sector educativo oficial a profesores que aspiraban a escalar posiciones en el escalafón de su sector y, obviamente, lograr mejores salarios y prestaciones.

El examen fue aplicado por personal de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), dependencia que no especificó el número de casos irregulares, pero dio indicios  al informar que participaron en la evaluación un total de 52,974, de los cuales un alto porcentaje cometió “conductas indebidas” y fue dado de baja de inmediato de la plataforma digital (tampoco se aclaró si perdieron sus empleos). La evaluación se realizó los días 1 y 2 del presente mes. Las conductas consideradas irregulares consistieron básicamente en uso de teléfonos celulares, suplantación de identidad y utilización de fotografías impresas o materiales no autorizados durante el monitoreo en línea.

Aunque se trata de un asunto grave, tal vez la eventual solución a corto plazo podría resultar de fácil aplicación, aunque no se puede plantear la baja de todos los profesores que incurrieron en irregularidades, pues eso crearía un problema adicional para el arranque del siguiente ciclo escolar, el ya muy cercano día 31 del presente mes.

El problema de fondo estriba en el hecho de que la institución encargada de aplicar la evaluación, la mencionada USICAMM, es uno de los puntos fundamentales en la ya prolongada lucha del magisterio disidente, agrupado en torno a la denominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Esa Unidad, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) nació como parte de la reforma educativa realizada durante el sexenio del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, tendiente a quitar a la CNTE y al oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la facultad de asignar plazas y aprobar ascensos en el escalafón, sin tomar en cuenta a las autoridades de la SEP.

Las organizaciones sindicales, especialmente las ligadas a la la disidencia, lucharon de inmediato, contra ese cambio que les restaba capacidad para manipular a sus afiliados, pues ninguno lograría mejoras si no respaldaba los frecuentes paros de labores o no acudía a las concentraciones y manifestaciones “populares”.

Año con año, al emprender sus campañas de protesta, los sindicalistas exigían la desaparición de USICAMM, así como otras demandas que generaban gran arrastre en las bases del magisterio, como son la exigencia de un aumento de ciento por ciento en los salarios y la derogación de la Ley del ISSSTE, cuyo punto central está en el tema de las pensiones, que ahora se determinan mediante el sistema de afores, mientras que los profesores desean volver al antiguo mecanismo denominado solidario, por el cual las aportaciones de los trabajadores en activo sirven para pagar sus mensualidades a los jubilados.

El gobierno encargado de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, a cargo de la presidenta Sheinbaum, se ha declarado de manera reiterada incapaz de satisfacer estos dos puntos, pues el presupuesto federal no soportaría el impacto de un aumento salarial del ciento por ciento para los maestros –lo cual sería exigido, además, por otros gremios– y el número de trabajadores en activo no es suficiente para sostener indefinidamente las pensiones y jubilaciones de quienes pasaron a retiro, los cuales van en aumento, pues los maestros se jubilan cada vez a menor edad.

En este estira y afloja, el régimen de la 4T ha tenido que ceder en lo que respecta a USICAMM, el cual de hecho está en pleno proceso de desaparición, aunque el mencionado examen a profesores todavía permanece entre sus funciones. En las más recientes negociaciones con el magisterio, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, representado por las secretarías de Educación y de Gobernación, confirmó que la USICAMM dejará de operar para dar paso a un nuevo sistema de admisión, promoción y reconocimiento.

De hecho, ese nuevo sistema ya está en proceso de aplicación, se conoce como Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), el cual está muy vinculado a la Nueva Escuela Mexicana de la que tanto se ufana la llamada Cuarta Transformación, aunque ha generado notables escándalos como el protagonizado por el exdirector general de Materiales Educativos, responsable de la elaboración de los libros de texto gratuito, Marx Arriaga, quien prácticamente fue sacado a la fuerza de su oficina, luego de promover un levantamiento contra el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, a quien acusó de regresar a la SEP a la época neoliberal, actuar de forma reaccionaria y obedecer a intereses contrarios a la educación democrática.

A la pesar de la severidad con que los trató ese ex funcionario que llegó a tan importante cargo en la SEP, al parecer recomendado por la segunda esposa del caudillo de la 4T, la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, seguramente para Mario Carrillo no representaron un problema muy grave, pues en ese conflicto recibió total respaldo de la presidenta Sheinbaum, quien también tuvo diferencias con el Marx tercermundista, debido a que no atendió las indicaciones de destacar en los libros de texto las acciones heroicas de mujeres en la historia de nuestra nación. De hecho, Arriaga recibió críticas de ser misógino.

Fuera de las actividades educativas, la principal fuente de inquietud para Mario Delgado debe ser la frecuencia con que se liga con uno de los delitos más graves en contra del patrimonio nacional: el huachicol.

Esas denuncias empezaron con un ex compañero de partido, a quien ya no puede refutar, pues ya falleció, nada menos que Porfirio Muñoz Ledo, con quien disputó la presidencia del partido oficial, Morena. El desaparecido político lo acusó de haber hecho campaña para alcanzar ese cargo con respaldo del llamado “Rey del huachicol”, Sergio Carmona Angulo, quien fue asesinado en una barbería de la zona metropolitana de Monterrey.

Esta riesgosa amistad ha tomado actualidad por el esfuerzo de los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, quienes llegaron a altos mandos de la Marina, pero actualmente están sujetos a proceso acusados de ser jefes de una organización que operó o encubrió cuantiosos contrabandos de cimbustibles, mientras que ellos se declaran “chivos expiatorios”.