Si los jueces de casa no imparten justicia ¿a quién se debe recurrir?
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 10, Ago 2026
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Como parte del incompleto proceso de democratización nacional, se erigieron como máximas autoridades en materia electoral el Instituto (INE) y el Tribunal (TEPJF), con la seguridad de que actuarían en forma imparcial o que, al menos, habría equilibrio de fuerzas y no estarían sometidos al gobierno en funciones.
Esto funcionó de manera muy efectiva desde el nacimiento del INE y del primer tribunal en materia electoral, hace poco más de 30 años, pero desafortunadamente, la llamada Cuarta Transformación acabó con esa autonomía y sometió a las dos instituciones a su control y se puede decir que a su servicio. Que mayor ejemplo que el haber autorizado que el partido oficial, Morena, y sus rémoras del PT y el PVEM alcanzaran una representación en el Congreso de la Unión de casi el 75 por ciento -complementado en el Senado con cooptación de legisladores de otros partidos mediante dádivas o amenazas- cuando en las urnas sumaron menos del 55 por ciento de los sufragios. Una diferencia de más de 20%, cuando la Constitución establece un límite de sobrerrepresentación de cuando más el ocho por ciento.
El hecho es que a partir de esa autorización, por parte de consejeros y magistrados electorales, la llamada Cuarta Transformación ganó, indebidamente, la facultad de reformar la Constitución a su libre arbitrio y conquistó, también indebidamente, la potestad de ganar todos los litigios que se dilucidan en el Instituto y el Tribunal electorales. En todos los casos, los funcionarios oficialistas imponen su mayoría en beneficio de los intereses del oficialismo.
Todos estos antecedentes vienen al caso porque los partidos de oposición y los ciudadanos en desacuerdo con las imposiciones del gobierno no tienen a quién recurrir. En esto sí se aplica a rajatabla lo establecido en la Carta Magna: la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal y sus fallos son inatacables.
Por eso no debe sorprender la decisión del presidente nacional del PRI, el también senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien al no encontrar vías de justicia dentro de México, decidió acudir a instancias extranjeras para denunciar los excesos del régimen mexicano.
Mediante un comunicado, la dirigencia del partido tricolor informó que su dirigente nacional llevó una acusación de presunta censura ante la justicia estadounidense; esto, tras la prohibición que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) de impedirle referirse como “narcopartido” a Morena, la fuerza política gobernante en México. (Es de tener en cuenta que la tan llevada y traída Constitución nacional establece con toda claridad en su artículo 61 que los legisladores federales, como es el caso de Moreno, son inviolables por las ideas que dicen en sus labores).
Además, a través de redes sociales, el también senador de la República anunció que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para revisar la actuación de tres consejeros electorales: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.
El priista, explica el documento del tricolor, “busca blindar sus comentarios mediante la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Ley Magnitsky), una ley que permite al gobierno de EU imponer sanciones económicas y restringir la entrada a su territorio cuando se acrediten actos de violaciones a derechos humanos o corrupción.
“Alito” Moreno recordó que en julio de 2025, Estados Unidos sancionó y revocó de su visa al juez brasileño Alexandre de Moraes tras acreditar una supuesta represión de la libertad de expresión y persecución contra opositores políticos.
“Ese antecedente demuestra que las autoridades estadounidenses ya han utilizado sus herramientas para responder frente a conductas que consideran graves afectaciones a la libertad de expresión”, añadió.
En el comunicado se menciona que, en su calidad de senador de la República, Moreno Cárdenas dijo estar “convencido que la libertad de expresión merece una defensa firme, y señaló que esta denuncia no será la única vía.
“El también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), informó que la resolución del INE que le coartó su libertad de expresión, ha sido impugnada ante la Sala Superior (del Tribunal Electoral) y advirtió que presentará “las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El dirigente nacional priista expuso asimismo que “todo lo que dañe y destruya el régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional y, cuando corresponda, sancionado”.
Reiteró que en México tenemos un órgano electoral sometido y al servicio del gobierno, tomando decisiones que afectan directamente a la oposición. Por ello, adelantó que desde el PRI “vamos a defender nuestra libertad de expresión y utilizaremos todas las vías legales e internacionales para que se conozca lo que está sucediendo.
“No nos van a callar y vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México. En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de Morena terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado.”, aseguró el presidente nacional del PRI y de la COPPPAL.
Continúa la resistencia frente a la “ley censura”, mientras que Morena la defiende
Por su parte, la dirigencia nacional del continuó su esfuerzo por frenar las anunciadas reformas en “defensa de las audiencias” que todos los especialistas definen como una “ley censura”.
La dirigencia nacional del PAN, presidida por el diputado Jorge Romero Herrera, anunció una iniciativa para regular el contenido de las conferencias presidenciales, con derecho de réplica y rendición de cuentas.
El presidente del partido azul acusó que las conferencias de prensa mañaneras se han convertido en espacios de propaganda política, persecución de opositores y descalificación de quienes no respaldan al gobierno de Morena.
Romero Herrera señaló que desde el espacio presidencial se realizan señalamientos y se atribuyen responsabilidades sin que existan pruebas suficientes o hayan concluido los procesos correspondientes. Como ejemplo, mencionó el caso del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien, afirmó, se ha señalado como responsable de un delito desde la mañanera, pese a que el proceso en su contra aún no concluye.
También advirtió sobre una presunta intención del gobierno federal de controlar los contenidos de los medios de comunicación bajo el argumento de proteger a las audiencias, lo que, consideró, representaría una forma de censura y una amenaza para las libertades ciudadanas.
Por ello, anunció que las bancadas del PAN en el Congreso de la Unión promoverán una iniciativa para regular y garantizar el derecho de réplica durante las conferencias matutinas del gobierno federal, de modo que los ciudadanos y actores políticos puedan responder en tiempo real a los señalamientos realizados desde Palacio Nacional.
El dirigente blanquiazul argumentó que, si el gobierno federal exige a los medios privados garantizar el derecho de réplica, la oposición y la ciudadanía deben contar con la misma posibilidad cuando desde la Presidencia se difunda información falsa o tendenciosa.
Romero sostuvo que la iniciativa busca establecer condiciones de mayor equidad en las mañaneras, contrastar los datos difundidos por el Ejecutivo y convertir estos ejercicios en verdaderos espacios de rendición de cuentas, en lugar de permitir lo que calificó como un “monólogo de descalificación”.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, la también panista Kenia López Rabadán, los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias representan un riesgo latente para la libertad de expresión y de prensa, al otorgar al gobierno la facultad de definir lo que es veraz y lo que no, así como supervisar a los medios de comunicación.
La legisladora panista consideró que esta “sobrerregulación” contenida en el artículo 53 excede los límites legales y vulnera la autonomía institucional. Por ejemplo, la definición de qué es “verdad” se vuelve muy compleja y que, si quien va a definir qué es verdad es el gobierno, pues claramente se trastoca la libertad de los mexicanos.
