Sin avances en el combate al huachicol, el régimen defiende a Andy López Beltrán
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 18, Ago 2026CLASE POLITICA Miguel Angel Rivera
Mientras la presidente (con A) Claudia Sheinbaum Pardo se esmera por poner a salvo la reputación del junior Andrés Manuel López Beltrán (“no me digan Andy”) el más grave delito que afecta al país, el huachicol –del que, por cierto, hay indicios que llevan al mencionado hijo del caudillo de la llamada Cuarta Transformación– sigue mermando los ingresos del gobierno federal.
El daño patrimonial se estima en más de 700 mil millones de pesos –y como Juanito Caminante, sigue tan campante– desde que se empezó a tener registro, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, que entonces consistía sólo en el robo de combustible mediante tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicano (Pemex), se hizo más sofisticado a partir de 2019, el primer año de gobierno del cacique de Palenque, Andrés Manuel López Obrador, pues se organizó una red de complicidades que se beneficia de la entrada y salida de millones de litros de derivados del petróleo que, de suyo resulta un lucrativo negocio, al cual se debe sumar que sus beneficiarios no pagan nada de impuestos.
Este fenómeno negativo ha sido estudiado con detenimiento, entre otros, por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex subsecretario de Energía del gobierno federal, Francisco Barnés de Castro, quien estimó que, en el sexenio pasado, el huachicol ocasionó que Petróleos Mexicanos perdiera 17 mil 200 millones de dólares por el robo directo, mientras que por IVA y IEPS se estiman 11 mil millones de dólares adicionales; la gran pérdida para el país fue de 28 mil 200 mdd (estimados a un cambio de 20 por uno dan un gran total de más de 500 mil millones de pesos.
Por desgracia, no se ha logrado atrapar hasta ahora a los principales beneficiarios de esa ilegal actividad, pues con toda la parafernalia publicitaria, los detenidos hasta ahora resultan “peces menores”.
Esto se aplica inclusive en el escandaloso caso donde se involucra, entre otros, al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al que la publicidad oficial ha intentado presentar como “gran capo”, a pesar de que el monto del botín que se le atribuye a su organización, 4,000 millones de pesos, resulta irrisorio frente a la enorme cifra derivada del estudio de Barnés de Castro, así como de otros especialistas.
En ese afán propagandístico de exhibir supuestos éxitos del actual régimen federal, ayer se anunció como un gran logro del Gabinete de Seguridad haber recuperado más de 51 mil litros de hidrocarburo en Veracruz, cantidad irrisoria si se le compara con los millones de litros de combustibles decomisados en otras operaciones, de las que, por cierto, hasta ahora no se conoce la identidad de los jefes de esas bandas, como tampoco de lso propietarios o usufructuarios de las refinerías clandestinas descubiertas en algunos puntos del territorio nacional.
Resulta inexplicable que al localizarse esas costosas y visibles instalaciones no se haya aprehendido a ninguna persona, vaya, ni siquiera el velador o el portero. Respecto al más reciente “descubrimiento”, en Tihuatlán, Veracruz, las autoridades anunciaron que, además del hidrocarburo, se aseguraron armas, cartuchos y vehículos. También, al parecer, esta vez sí hubo detenidos, pero se ignora si eran simples trabajadores o ejecutivos de mayor nivel.
Hasta el momento, entre los acusados de operar el huachicol fiscal los de mayor rango son los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, uno contralmirante y el otro vicealmirante (equivalente a generales en la jerarquía del Ejército) a quienes se intenta presentar como los principales jefes de una organización criminal que operó de contrabando no miles sino millones de litros de combustibles.
Sin embargo, como ya he mencionado en este espacio, ellos han filtrado declaraciones, incluidas copias de cartas dirigidas a la presidenta Sheinbaum, en las que se presentan como “chivos expiatorios”, pues dicen que los verdaderos jefes están por encima de ellos.
Por lo pronto, han confirmado que dieron aviso del involucramiento de altos mandos de la Marina –dependencia comisionada por el ex presidente López para cuidar las aduanas marítimas– a su tío político, el titular de esa secretaría, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien al parecer informó a su supremo comandante, el Presidente de la República, sin que nada ocurriera en el anterior sexenio.
Fue hasta que llegó Claudia Sheinbaum al poder cuando el nuevo secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, denunció las irregularidades en un acto público encabezado por la jefa del Ejecutivo. Dijo que aunque fue duro aceptarlo, «habría sido imperdonable callarlo», y confirmó la baja y aprehensión de involucrados, entre ellos algunos de alto rango.
Como resultado de esa acción fue apresado Manuel Roberto Farías Laguna, pero su hermano Fernando fue puesto sobre aviso y logró salir del país, primero a Guatemala, luego a Colombia y finalmente a Argentina, donde fue detenido por el gobierno de ese país debido a que ingresó con documentos falsos.
Como las relaciones entre México y Argentina no son precisamente muy amistosas, el gobierno de la nación sudamericana no ha respondido a la demanda de extradición presentada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Precisamente ayer, la presidenta Sheinbaum hizo referencia al caso, pero sin mucha convicción, pues en su mañanera comentó que “todo parece indicar que sí va a haber un traslado” a México de Fernando Farías Laguna.
La mandataria reveló haber solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informes acerca del proceso para trasladar al detenido a territorio mexicano. Pero no hay nada definitivo, pues Sheinbaum precisó: “todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí”.
En una inesperada conjunción de asuntos, en la misma mañanera, la jefa del Ejecutivo federal defendió al junior López Beltrán por la cancelación de su visa. “La visa no define a un mexicano o a una mexicana”, afirmó Sheinbaum, en un mensaje que parecía cifrado y que requiere mayores explicaciones. Sheinbaum agregó que si Estados Unidos decide retirar una visa, se trata de una determinación de ese país. La discípula y sucesora del padre de Andy, también informó que no ha tenido comunicación con Andrés López Beltrán y afirmó que el gobierno de México no cuenta con pruebas que lo vinculen con algún delito.
Sheinbaum también señaló que la visa forma parte de una disputa política de algunos sectores de Estados Unidos con el proyecto que encabeza su gobierno. Sin embargo, descartó que la situación implique un rompimiento en la relación bilateral.
La conexión de asuntos resulta del hecho de que la cancelación de la visa a Andy ha dado motivo a comentarios en el sentido de que las autoridades del vecino país posiblemente lo consideran ligado a algún delito, a lo cual se suma que en México han circulado versiones en el sentido de que las pistas acerca del huachicol fiscal parecen tomar rumbo a Tabasco y Chiapas, concretamente a Palenque, y se han filtrado conversaciones inculpatorias en donde se menciona a Andy.
Por otra parte, prevalecen comentarios en el sentido de que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no ha actuado con suficiente energía para contener el delito del huachicol. Por ejemplo, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos Aurelio Hernández González, advirtió que los esfuerzos para combatir este delito han sido insuficientes, además de que el gobierno ha sido poco transparente y poco claro en sus esfuerzos para combatirlo.
“Nos preocupa demasiado que no se toque el tema de la corrupción porque ahí está el tema fundamental, además del robo de combustibles y de petróleo, pero también el huachicol fiscal, ahí está la clave”, expresó.
Otra vez, la Constitución no se cumple: El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Javier Laynez Potisek, dijo que la renuncia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, anunciada ayer, no cumple con la Constitución, la cual claramente establece que la renuncia de un magistrado electoral solamente procede por causa grave que debe aprobar el Legislativo”.
