Código de conducta para diputados
Luis Muñoz jueves 4, Jul 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
Este martes 2 de julio entró en vigor el Código de Conducta de la Cámara de Diputados, que establece de manera clara y sencilla la forma en la que los servidores públicos de la institución “deberán aplicar los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código Ético”, cosa que no sucede en el Congreso de la Ciudad de México, calificado de “acéfalo”.
Los diputados del PRD, Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño Ambriz, acusaron al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Martín del Campo, de impedirles hacer uso de su tiempo reglamentario para presentar sus argumentos sobre temas de interés para la sociedad.
Aquí en el Congreso, a diferencia de la Cámara federal, no se respeta ni a los integrantes de su mismo partido (Morena), mucho menos a los que pertenecen a otro instituto político.
La dupla Martín del Campo-Valentina Batres, han llegado al extremo de apoderarse de manera mañosa, apoyados en una “mayoría ficticia”, de las dos principales posiciones en el Congreso: la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Políticas (Jucopo) junto con el PT.
En cuanto a la Cámara de Diputados, donde entró en vigor el Código de Ética este martes, establece que a través de la Contraloría Interna los funcionarios sujetarán su comportamiento al ejercicio del servicio público de forma honesta, evitando en todo momento solicitar, exigir, recibir o pedir de manera indebida bienes, dinero, favores, donativos o regalos, para sí o para terceros. (además de adoptar una postura de respeto a sus pares, acorde a su responsabilidad).
Determina, además, realizar de manera eficiente y eficaz las funciones de fiscalización, control y jurisdiccionales propias de la Cámara, así como de las inherentes a las funciones que desempeñan los órganos de gobierno, comisiones o comités de la institución.
Dispone no conceder privilegios o preferencias a ninguna persona física o moral que indebidamente intente obtener algún beneficio para sí o para un tercero, o pretender que el sentido de uno o más votos se emitan para que un dictamen, ley o decreto sea o no aprobado por el pleno, en una o más comisiones, comités, o por cualquier instancia que tome decisiones o emita resoluciones.
Los servidores deben informar de inmediato a las autoridades competentes la actualización de un posible conflicto de interés que interfiera en el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.
Destaca que se deben utilizar los recursos financieros, humanos y materiales que les son asignados de manera eficaz y eficiente, con austeridad, economía, transparencia y honradez, llevando a cabo los programas y objetivos de la Cámara, “no utilizándolos para beneficio personal o de terceros”.
Y, ojo Martín del Campo: los servidores públicos de la Cámara de Diputados otorgarán trato digno, respetuoso y cordial a toda persona que por cualquier motivo se relacione con sus funciones, empezando por sus pares sean o no de su partido.
Los gastos en el AMLO-Fest
El diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó a la Dirección de Adquisiciones de la Presidencia de la República un informe detallado de los gastos en torno al evento denominado AMLO-Fest realizado el pasado lunes primero de julio, en el Zócalo capitalino.
Mediante un Punto de Acuerdo presentado en el Pleno del Congreso Local, el diputado Gaviño, coordinador de la bancada del PRD, dijo que “el informe de actividades” para festejar el triunfo electoral del ahora presidente de la República, como decían polos de la izquierda, fue un acto “faraónico” en el que se utilizaron casi 3 millones de pesos del erario público para un acto partidista.
“El costo total reportado, sin IVA, fue de 2 millones 923 mil pesos. Sin embargo, en la información disponible no hay especificación acerca de los rubros que se contrataron”, puntualizó Gaviño.
Regular parque vehicular de uso oficial
Autoridades del gobierno de la ciudad y de las 16 alcaldías deben informar sobre el parque vehicular de uso oficial, para saber si cuentan con placas capitalinas o de otras entidades con el fin de evitar el emplacamiento irregular que repercuta en forma negativa en las finanzas locales.
La diputada Valentina Batres Guadarrama presentó un Punto de Acuerdo con ese propósito y dijo que en la CDMX circulan 55 mil vehículos emplacados en otras entidades cuyos dueños habitan en la capital del país.
Indicó que así lo muestran los datos más recientes dados a conocer por el Gobierno de la Ciudad durante la presentación del “Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad, el pasado 3 de junio”.