Delitos contra menores, sin freno
Luis Muñoz viernes 6, Ene 2023Segunda vuelta
Luis Muñoz
La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un fenómeno que se ha extendido y por tanto, demanda su inmediata atención.
En ese sentido, la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) propuso crear la Alerta de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, con un enfoque preventivo y la implementación de mecanismos de respuesta inmediata para la atención, sanción y erradicación de la violencia infantil.
Define la alerta “como el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, realizadas entre las diversas autoridades para establecer medidas que articulen la identificación, detección, atención, prevención y reducción de los principales factores de violencia contra niñas, niños y adolescentes, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de las diferentes autoridades del Estado”.
Sus objetivos, dijo, son incorporar mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el fin de garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, proponer acciones conjuntas para su prevención, atención y sanción. Para ello destaca la necesidad de monitorear, identificar y advertir oportunamente los riesgos de violencia; propiciar escenarios de información pública sobre las acciones y logros frente a riesgos y situaciones relacionadas, así como unificar y coordinar estrategias con todas las entidades federativas, para lograr mayor eficacia. La legisladora Gómez del Campo señaló que la alerta se emitirá cuando exista un contexto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en un territorio.
También cuando existan omisiones documentales y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus objetivos en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.
Explicó que su trámite se podrá iniciar a solicitud de organismos públicos autónomos o internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil o grupos de familiares de víctimas. Asimismo, a partir de la identificación por parte del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y del incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones de sus derechos fundamentales.
La declaratoria de alerta deberá presentarse al gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Para su levantamiento, se deberá acreditar fehacientemente su cumplimento, mediante la incorporación en las políticas públicas o legislación, y/o de la disminución sostenida de la violencia identificada.
En su argumentación refiere que, de acuerdo con la organización Save The Children, en 2021 se cometieron en México más de 27 mil 772 delitos contra este sector: dos mil 450 homicidios (siete diarios), más de 107 feminicidios de niñas y adolescentes (nueve al mes) y 13 mil 758 lesiones. En tanto que, al primer trimestre de 2022, hubo 595 homicidios y aumentaron 83.52 por ciento los reportes de violencia familiar. Gómez del Campo agregó que México está en deuda con las niñas, niños y adolescentes, porque las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre ellas y ellos no deben tolerarse ni por instituciones gubernamentales ni por la sociedad.
Alcaldes no combaten violencia
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de México, Alejandro Armenta Mier, cuestionó este miércoles la capacidad y voluntad de los gobiernos estatales y municipales del país en el combate a la delincuencia. Sin embargo, para que no haya pretexto por falta de recursos para llevar a cabo su tarea en esa materia, Mier dijo que para este 2023 el Congreso aumentó hasta 17% las participaciones para que los alcaldes del país inviertan en módulos, cámaras, patrullas, gasolina, llantas y equipamiento para que los cuerpos de policía no estén en condiciones miserables.
En una rueda de prensa, el senador señaló que los gobiernos “están obligados” a impulsar el combate a la delincuencia mediante el fortalecimiento de la policía local y, en cambio, destacó, la mayor parte del presupuesto destinado a este rubro en los gobiernos locales se gasta en servicios personales, es decir, sueldos, gratificaciones, prestaciones, apoyos y gastos de representación.
“Para los gobiernos municipales hay pueblo pobre y gobierno rico”, reprochó el legislador morenista.
Según Armenta, mientras eso ocurre, la mayoría de las policías municipales “tienen que pagar las balas para enfrentar a los grupos delictivos que llevan armas de alto poder, además de que dan chalecos antibalas caducados y les entregan patrullas sin gasolina”.
Por ello, recalcó que para este 2023 hubo un aumento considerable en las participaciones para que los munícipes inviertan en seguridad.
En esa línea, llamó a no culpar al Gobierno Federal de las fallas en materia de seguridad.