Más ex funcionarios presos por el “caso Ayotzinapa”; los culpables, libres
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 6, Ago 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Alumno distinguido del político de izquierda Alejandro Cervantes Delgado y político exitoso en todos los cargos que ha desempeñado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, Ángel Heladio Aguirre Rivero ha sido perseguido por la violencia, que lo mismo lo encumbró que ahora lo tiene en prisión.
Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la cual por lo exitoso de sus estudios fue promovido a profesor, tuvo como su principal objetivo profesional ser gobernador de su natal Guerrero y lo logró ¡en dos ocasiones, pero en ninguna de esas oportunidades logró cumplir un periodo sexenal completo.
En los dos periodos le siguió esa sombra de la violencia. Primero, sucedió en el palacio de Gobierno de Chilpancingo a Rubén Figueroa Alcocer, quien cayó por la presión derivada de la llamada “matanza de Aguas Blancas”, un paraje del municipio de Coyuca de Benítez donde la Policía Estatal interceptó una manifestación de campesinos y los masacró con un saldo de 17 muertos.
En principio, el gobierno guerrerense intentó hacerlo aparecer como un enfrentamiento e inclusive “sembraron” armas entre los campesinos abatidos, pero la coartada cayó cuando circuló un video sobre lo ocurrido realmente.
A Aguirre Rivero le correspondió concluir el sexenio iniciado por Figueroa, del 12 de marzo de 1996 al 31 de marzo de 1999, periodo donde se dedicó a procurar la reconciliación de las diversas corrientes sociales y políticas.
Después fue elegido diputado federal y senador (por primera minoría), ambos postulados por el PRI. Sin embargo, aunque la constitución de Guerrero le permitía ser postulado para un nuevo periodo como gobernador, la dirigencia del tricolor optó por su primo Manuel Añorve Baños, por lo cual Aguirre Rivero aceptó ser candidato de una coalición integrada por el PRD, PT y Convergencia y superó al entonces candidato oficial. Por cierto, tampoco tendría un sexenio completo, pues el Congreso local había reformado la Constitución para emparejar las elecciones de gobernador con los comicios federales, por lo que ese periodo de ajuste quedó limitado a cuatro años y siete meses.
Ni esa reducida temporada pudo completar porque se atravesó una de las mayores tragedias ocurridas en el México contemporáneo: la desaparición (y presumible asesinato) de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El entonces procurador de Justicia del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, encabezó las primeras averiguaciones que se centraron en indagar al grupo criminal Guerreros Unidos, documentar la colusión de la Policía Municipal de Iguala y, como resultado, se logró la detención inicial de 33 presuntos implicados, incluyendo mandos y elementos de la policía local.
Es de recordar que la procuraduría estatal ya contaba con mapas de operación y estructura de Guerreros Unidos y del ex alcalde José Luis Abarca, posteriormente aprehendido y todavía preso por su responsabilidad en el caso.
Contrario al esperado reconocimiento por el avance de las averiguaciones de su dependencia, el ex procurador Iñaki Blanco denunció en reiteradas ocasiones que la extinta PGR intentó presionar para culpar al ex gobernador Ángel Aguirre de nexos con el narcotráfico. Blanco ha defendido la legalidad de sus primeras diligencias periciales y balísticas, argumentando que no se incurrió en tortura y que las bases sentadas por la fiscalía de Guerrero apuntaban de forma directa a la Policía Municipal y al crimen organizado local.
Las presiones surgieron durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, pero se volvieron bandera de lucha del líder opositor y candidato presidencial primero del PRD y luego de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien se atrevió a ofrecer que solucionaría ese complicado caso, sin que lo lograra entonces y tampoco en los seis años de su gobierno.
Elemento central en las denuncias del caudillo de la llamada Cuarta Transformación fue la acusación de que se trató de un crimen de Estado, es decir, que se organizó desde el gobierno, ya sea estatal o federal. En particular, se dejó correr la versión de que los autores materiales de la captura y desaparición de los normalistas fueron elementos del Ejército.
El hecho es que las presiones obligaron Aguirre Rivero a renunciar al cargo, en donde fue reemplazado por Rogelio Ortega Martínez, nombrado por el Congreso estatal, cuyo principal cargo público había sido Secretario General de la Universidad Autónoma de Guerrero.
A pesar de los rumores en contra, las averiguaciones y consignaciones realizadas por la Procuraduría guerrerense bajo el mando del mencionado Iñaki Blanco sirvieron, en buena medida, de base para los posteriores trabajos de la Procuraduría General de la República, entonces a cargo el ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam.
El dictamen de la PGR se conoció popularmente como la “verdad histórica”, expresión utilizada por Murillo Karam durante una conferencia de prensa donde informó acerca del avance de sus indagaciones.
Mientras tanto, la oposición y algunas organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos, mantuvieron las sospechas de que se trataba de un crimen de Estado. Para comprobarlo, promovieron que el gobierno federal contratara a un grupo de especialistas extranjeros que formaron un grupo especial con el patrocinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se denominó Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A pesar de los blasones de sus integrantes el GIEI tampoco llegó a una conclusión definitiva, pero dejó latente la sospecha de que el gobierno mexicano oculta algo, en defensa del Ejército.
Tampoco López Obrador logró cumplir su promesa de solucionar ese trágico suceso, pero a través de su Procuraduría (luego Fiscalía) General de la República (FGR), a cargo del abogado Alejandro Gertz Manero, se dedicó a derruir la “verdad histórica”, al grado de dejar en libertad a algunos de los reconocidos responsables de los asesinatos de los normalistas y, en compensación, cargó responsabilidades a ex funcionarios (claro se trata de “conservadores” y “neoliberales”).
Entre los acusados por la llamada Cuarta Transformación están el general José Rodríguez Pérez, quien fuera en el momento de los hechos el comandante del 27 Batallón de Infantería, pero sobre todo el ex procurador Murillo Karam al que se acusó de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en la desaparición de los 43 normalistas. Hasta ahora, esas denuncias se han desvanecido, pero el ex procurador permanece en calidad de detenido, aunque en su domicilio por problemas de salud, pero sin que se le haya declarado culpable, pues sólo se recurrió a la anticonstitucional prisión preventiva oficiosa (PPO).
Ayer llegamos al extremo de que la “autónoma” FGR, ahora a cargo de la “fiscal carnal” Ernestina Godoy Ramos, aprehendió al ex gobernador Aguirre Rivero, bajo el cargo de, supuestamente, haber ocultado o desaparecido testimonios relacionados con la desaparición de los normalistas.
La Fiscalía acusó al perredista de ocultar y destruir evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, principalmente de todo lo que ocurrió alrededor del Palacio de Gobierno de Iguala aquella noche.
Esta acción tiene como antecedente que, durante el sexenio de López Obrador, el entonces presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas, aseguró que el ex gobernador guerrerense estaba entre los responsables de implementar la repudiada “verdad histórica”.
También surge el recuerdo del rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum de un regalo que le envió el ex gobernador.
El pasado 24 de agosto de 2025, la mandataria realizó una visita al municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, donde encabezó una asamblea con mujeres artesanas.
Sheinbaum fue abordada por una mujer que le entregó una bolsa con un obsequio “de parte del licenciado Ángel Aguirre”. La mandataria lo rechazó: “¡Uy, no, mi amor!.. Mándele saludos y dígale que no, no recibo regalos de ellos”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.
¿Desde entonces estaba bajo investigación o sólo se le ubicaba entre los enemigos de la 4T?”. O ¿quiénes son “ellos”?
