Aumenta 44% el desplazamiento forzado en varias regiones del país
Mundo, Nacional miércoles 19, Feb 2025Se transgrede el derecho de infantes a la educación
La violencia del crimen organizado obliga a miles de personas a abandonar sus hogares
Se elevó en México a más de 40 por ciento el desplazamiento forzado de personas en 2024, respecto a 2023, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024.
La violencia del crimen organizado, que afecta varias zonas de México, elevó más de 40 por ciento el desplazamiento forzado de personas en 2024, respecto a 2023, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Mientras en 2023, 699 mil 20 personas cambiaron de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, en 2024 esta cifra se incrementó en 1 millón 6 mil 810, lo que implicó que niñas, niños y adolescentes abandonaran las aulas
Aunque no existen estadísticas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes han tenido que abandonar sus planteles por el desplazamiento al que se han visto obligados a causa de la violencia, María Mercedes Ruiz Muñoz, académica del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señala que este desplazamiento transgrede su derecho a la educación.
“El derecho a la educación no solamente es tener una banca y sentarse, sino es el derecho de aprender. Entonces, este derecho de aprender es el que se está violentando. Porque los chicos, los adolescentes, los niños no tienen un espacio, un lugar en dónde realmente construyan aprendizaje”, menciona.
Primeros registros en la década de 1970
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dice que en México, el desplazamiento interno empezó a registrarse en la década de 1970. Pero fue en abril de 2019 que el gobierno federal reconoció oficialmente su existencia y los retos que era preciso atender.
Señala que es preocupante la violencia del crimen organizado que ha obligado a decenas de familias a refugiarse en Chiapas.
“Eso, como fenómeno social, es inédito. Resulta increíble que nuestras comunidades mexicanas ahora tengan que transitar y cruzar la frontera hacia Guatemala cuando hace algunos años era al revés. Entonces, eso sí es preocupante desde la perspectiva del derecho a la educación”, menciona.
Por su parte, Érik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, refiere que aun cuando no existen estadísticas fehacientes sobre abandono escolar por desplazamiento interno causado por el crimen organizado, en los estados con mayor incidencia delincuencial los habitantes de las comunidades conflagradas pueden dar testimonio de personas que se han visto obligadas a partir de sus hogares, dejándolo todo atrás, so pena de perder su existencia.
“Hay casos donde los criminales extorsionan a las familias y las obligan ante Notario Público a entregar sus propiedades de manera legal, así como otros más en donde las amenazas y el clima de violencia obligan a partir de su tierra natal. Las violaciones a los derechos humanos, como el acceso a la educación solamente se documentan en indicadores gruesos como la desescolarización, el abandono escolar y la eficiencia terminal, pero al no existir un ómbudsman que brinde seguimiento para cada estudiante, quedan los casos perdidos en el anonimato”, dice.
Si no fuera por denuncias públicas que realizan las víctimas o los activistas, esto prácticamente no se sabría”, resalta.
Para Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, aunque México no se encuentra en un conflicto armado convencional, la violencia, el crimen organizado, las redes de macrocriminalidad y la militarización de la seguridad generan condiciones similares a contextos de guerra para la infancia en muchas regiones del país.
Menciona que con la violencia que se registra en la mayor parte del país el derecho a la educación es el más afectado.
Mexicanos desplazados retornan de guatemala a sus comunidades
Por otra parte, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) acudió a las comunidades de La Unión Frontera, Monterrico La Frontera y Ampliación Nueva Reforma, en Cuilco, Huehuetenango, para prorrogar el estatus de permanencia por razones humanitarias a las personas desplazadas desde México.
En esta ocasión, se otorgó el estatus de permanencia por razones humanitarias a dos personas adultas y un niño que permanecen en el lugar.
Los ciudadanos mexicanos que habían recibido asistencia humanitaria desde agosto del año pasado han regresado a sus comunidades de origen. Este retorno fue posible gracias a que las autoridades mexicanas retomaron el control de la zona.
Durante las visitas anteriores, el IGM había otorgado 347 estatus migratorios: 73 a hombres, 102 a mujeres, 86 a niñas y 86 a niños. Además, se gestionaron 437 prórrogas, distribuidas de la siguiente manera: 133 en agosto, 117 en septiembre, 88 en noviembre y 99 en diciembre.
La seguridad durante la sexta visita estuvo a cargo de las fuerzas terrestres del Ejército de Guatemala y se contó con el apoyo de la Consejo Nacional del Migrante de Guatemala (Conamigua) y del personal del Instituto Nacional de Migración de México.
Con estas acciones, el Instituto Guatemalteco de Migración confirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de los migrantes extranjeros, en cumplimiento a lo establecido en el Código de Migración y la Política Migratoria.
