Avanza el proceso para retirar concesión a la empresa Aguakan
Quintana Roo jueves 24, Abr 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Un juez federal ha declarado legal el decreto legislativo que cancela la concesión otorgada a la empresa Aguakan.
- Un juez federal declaró legal el decreto legislativo que se las cancela
En un paso significativo hacia la recuperación del control del suministro de agua potable en Quintana Roo, un juez federal ha declarado legal el decreto legislativo que cancela la concesión otorgada a la empresa Aguakan. Esta decisión marca un hito en la lucha por garantizar el acceso al agua como un derecho humano fundamental en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
La concesión, originalmente otorgada en 1993 y ampliada de manera controvertida hasta el año 2053 durante la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, ha sido objeto de críticas por incumplimientos contractuales y deficiencias en el servicio. Entre las irregularidades señaladas se encuentran el abandono de zonas concesionadas, derrames de aguas negras y tarifas excesivas, consideradas de las más altas en Latinoamérica.
El decreto 195, aprobado en diciembre de 2023, fue respaldado por una consulta pública realizada en junio de 2021, donde más del 35% del padrón electoral votó a favor de rescindir el contrato de concesión. La gobernadora Mara Lezama ha reiterado su compromiso de defender el derecho de los quintanarroenses al agua, calificándolo como un derecho humano que debe ser protegido a toda costa.
“Un juez federal denegó a Aguakan el amparo que promovió contra el decreto legislativo de diciembre de 2023, con esto el juez confirmó la legalidad del decreto 195 al tener por acreditadas irregularidades en los servicios y la protección de derechos fundamentales al medio ambiente, la salud y el agua”, dijo la mandataria estatal.
A pesar de la sentencia, Aguakan aún tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión dentro de un plazo de 10 días hábiles. Paralelamente, el gobierno estatal ha presentado denuncias penales contra la empresa por presunto fraude procesal y lavado de dinero, lo que añade una dimensión legal compleja al proceso.
“Seguimos avanzando en este derecho humano que tienen los quintanarroenses y lo vamos a defender a capa y espada, porque es un derecho del pueblo y aquí está la gobernadora para defender, porque hay que escuchar para entender el enojo del pueblo y las irregularidades que existieron a lo largo de los años”, aseveró Lezama Espinosa.
La transición hacia un nuevo modelo de gestión del agua plantea desafíos significativos, incluyendo la necesidad de garantizar un suministro continuo y eficiente para la población. Mientras tanto, los ciudadanos celebran la decisión como un paso hacia la justicia y la mejora de los servicios básicos en la región.
Consulta pública es válida
El decreto que puso fin a la concesión de Aguakan también se sustenta en los resultados de la consulta pública realizada el 5 de junio de 2021. Durante este ejercicio democrático, más del 35% del padrón electoral de los municipios implicados expresó su opinión, votando mayoritariamente a favor de rescindir el contrato de concesión.
La pregunta sometida a la ciudadanía fue: “¿Está usted de acuerdo en que la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?”. Los resultados mostraron un amplio rechazo a la continuidad de la empresa en la región.
En el municipio de Benito Juárez, el “Sí” recibió 69,893 votos, mientras que el “No” obtuvo un contundente respaldo de 157,759 votos, duplicando prácticamente al apoyo a Aguakan. La participación alcanzó el 36.79%.
En Isla Mujeres, el “Sí” acumuló 3,806 votos, frente a 5,880 que optaron por el “No”, con un nivel de participación del 44.96%. Por su parte, Puerto Morelos registró cifras similares, con 3,647 votos a favor del “Sí” y 5,947 por el “No”, alcanzando también un 44.96% de participación.
El caso de Playa del Carmen fue particular, ya que, aunque el “No” se impuso con 51,417 votos frente a los 11,269 del “Sí”, el porcentaje de participación de 28.02% resultó insuficiente para que la consulta tuviera carácter vinculante.
Estos resultados reflejan un rechazo generalizado hacia la gestión de Aguakan en la mayoría de los municipios consultados, lo que fue clave para respaldar la decisión del gobierno de rescindir la concesión.
Desmantelan videocámaras ilegales en el estado
En un operativo coordinado, las autoridades de Quintana Roo han retirado decenas de cámaras de seguridad instaladas de manera ilegal en diversos puntos del estado. Estas cámaras, presuntamente utilizadas por células delictivas para monitorear a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad, fueron localizadas en municipios como Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Mahahual y Felipe Carrillo Puerto.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por el contralmirante Julio César Gómez Torres, las cámaras ilegales se encontraban en postes de luz, árboles, parques y otras estructuras públicas. Su instalación, sin autorización oficial, constituye una violación a la normativa estatal de videovigilancia, que prohíbe a particulares colocar dispositivos en espacios públicos.
El operativo forma parte de una estrategia más amplia para debilitar la infraestructura del crimen organizado en la región. Según las autoridades, estas cámaras permitían a los grupos delictivos monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y planificar actividades ilícitas con mayor precisión.
Además de retirar los dispositivos, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier cámara sospechosa a través de las líneas de emergencia 911 y 089. También se está trabajando en la actualización de la Ley de Videovigilancia del Estado, con el objetivo de reforzar las medidas legales contra quienes instalen equipos de monitoreo sin autorización.
Este esfuerzo interinstitucional, que incluye la colaboración de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, busca garantizar la seguridad y privacidad de los ciudadanos, así como fortalecer el estado de derecho en Quintana Roo.
Capturan a mujer líder de una red de trata de blancas
- Las explotaban sexualmente en Quintana Roo
La captura de Lix Verónica Novoa Montenegro en Villavicencio ha sido un caso que ha sacudido a la opinión pública. Según la Fiscalía General de la Nación, de Colombia, Novoa Montenegro fue identificada como la principal responsable de una red de trata de personas que operaba desde Colombia hacia México. Su modus operandi consistía en contactar a jóvenes a través de redes sociales, ofreciéndoles falsas oportunidades de empleo en hoteles de lujo en Cancún.
Una vez que las víctimas aceptaban, Novoa gestionaba toda la documentación necesaria, incluyendo pasajes aéreos y dinero para el traslado. Sin embargo, al llegar a México, las jóvenes eran recibidas por miembros de la organización criminal, quienes les retenían sus documentos y las obligaban a ejercer actividades sexuales bajo la excusa de pagar supuestas deudas relacionadas con su manutención.
“Es trasladada desde Cancún hasta playa del Carmen, específicamente a una zona privada que estando en ese lugar le retienen sus documentos personales como pasaporte, cédula y demás, lo hacen toma fotográfica, la intimidan y le indican que la actividad laboral está relacionada es con la prostitución”, detallaron sobre una de las víctimas.
El caso salió a la luz gracias al testimonio de una de las víctimas que logró escapar y regresar a Colombia. Esta joven denunció que, junto con otras tres mujeres, fue engañada y explotada sexualmente tras haber viajado a México en marzo de 2024. Con esta declaración y otras pruebas recabadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se emitió una orden de captura contra Novoa Montenegro.
La detención se llevó a cabo en un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército en Villavicencio. Durante la audiencia, un fiscal especializado imputó a Novoa Montenegro el delito de trata de personas, aunque la acusada negó los cargos. Actualmente, se encuentra bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras las autoridades continúan investigando para desmantelar la red criminal y proteger a posibles nuevas víctimas.
Este caso subraya la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la trata de personas y de fortalecer las medidas de prevención y protección para las víctimas potenciales.