Habitantes demandan libre acceso a las playas en Tulum
Quintana Roo martes 29, Abr 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez
- Buscan intervención del Congreso, ante promesa incumplida
Las playas mexicanas, reconocidas mundialmente por su belleza y biodiversidad, son bienes nacionales que pertenecen a todos los ciudadanos. Este principio está consagrado en la Constitución mexicana y reforzado por la Ley General de Bienes Nacionales, que garantiza el libre acceso y disfrute de las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre. Sin embargo, en la práctica, este derecho enfrenta obstáculos que han generado tensiones entre comunidades locales, turistas y desarrolladores privados.
No obstante, en Tulum, la organización ciudadana Playas Libres ha alzado la voz contra lo que consideran promesas incumplidas por parte de las autoridades estatales y municipales para garantizar el libre acceso a las playas públicas. Este movimiento, que ha ganado fuerza en los últimos días, busca la intervención del Congreso local para resolver una problemática que afecta tanto a residentes como a turistas.
En este marco, la organización presentó una solicitud ante la Comisión de Turismo de la XVIII Legislatura para emitir un acuerdo de urgente y obvia resolución que posponga el cobro de acceso a través del Parque del Jaguar y garantice que habitantes y visitantes, nacionales y extranjeros, puedan disfrutar de las playas de manera gratuita; y sin ningún impedimento por parte de particulares.
Y es que, el acceso a las playas de Tulum se ha visto obstaculizado por el proyecto presidencial del Parque del Jaguar, que impone cuotas de entrada y limita los accesos públicos en la zona hotelera. Según Cinthia Peraza, representante de Playas Libres, esta situación ha generado inconformidad entre los habitantes y sectores económicos locales, quienes consideran que las medidas adoptadas son insuficientes y perjudiciales.
La organización ha señalado que las declaraciones de las autoridades han sido “puro atole con el dedo”, una expresión que refleja el descontento ante promesas que no se han materializado. A pesar de las reuniones con funcionarios municipales, incluyendo el presidente municipal Diego Castañón, los avances han sido mínimos, lo que ha llevado a los ciudadanos a buscar apoyo en la Comisión de Turismo.
Entre las principales demandas de Playas Libres se encuentra la suspensión del cobro de acceso al Parque del Jaguar hasta que se garantice la entrada libre a las playas de la zona hotelera. La organización propone que quienes deseen pagar lo hagan de manera voluntaria, con tarifas de 120 pesos para turistas y 60 pesos para residentes locales.
Además, los ciudadanos han solicitado que el Congreso emita un acuerdo de urgente y obvia resolución para atender esta problemática. La diputada Euterpe Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Turismo, ha sido señalada como una figura clave para impulsar estas medidas.
El conflicto no sólo afecta el acceso a las playas, sino también la economía local, ya que los prestadores de servicios turísticos han reportado pérdidas debido a la disminución de visitantes. Asimismo, los bloqueos carreteros realizados por turistas inconformes han evidenciado la gravedad de la situación.
Mientras tanto, los habitantes de Tulum continúan organizándose para exigir soluciones concretas y garantizar que las playas sean un espacio accesible para todos. Este movimiento ciudadano representa una lucha por los derechos colectivos y la preservación de uno de los principales atractivos turísticos de la región.
Marco legal y reformas clave
En octubre de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que reformó los artículos 8 y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales y añadió el artículo 154. Estas modificaciones establecen que el acceso a las playas no puede ser restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en casos específicos definidos por reglamentos.
Además, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre están obligados a permitir el libre tránsito hacia las playas, mediando acuerdos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para definir accesos públicos.
Las reformas también introdujeron sanciones severas para quienes impidan el acceso a las playas, incluyendo multas de entre tres mil y doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la revocación de concesiones en caso de reincidencia.
A pesar de los avances legales, el acceso libre a las playas mexicanas sigue siendo un tema polémico. En destinos turísticos como Tulum y Mazatlán, se han reportado casos de cierre de accesos públicos por parte de particulares, lo que ha generado protestas y movilizaciones ciudadanas. Estas prácticas no sólo afectan a los residentes locales, sino también a los turistas, quienes enfrentan restricciones para disfrutar de espacios que, por ley, son de uso común.
La Semarnat ha trabajado en coordinación con autoridades locales para recuperar accesos públicos y garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, la resistencia de algunos desarrolladores privados y la falta de infraestructura adecuada para el acceso público han dificultado la implementación efectiva de estas medidas.
El acceso restringido a las playas tiene un impacto significativo en las comunidades locales, especialmente en aquellas que dependen del turismo como fuente principal de ingresos. La privatización de playas limita las oportunidades económicas y genera desigualdad en el uso de recursos naturales que deberían beneficiar a todos los mexicanos.
Además, la falta de acceso público puede afectar la percepción internacional de México como destino turístico, lo que podría tener consecuencias económicas a largo plazo. Garantizar el libre acceso a las playas no sólo es un derecho constitucional, sino también una estrategia para promover la equidad y la sostenibilidad en el desarrollo turístico.
Organizaciones como Playas Libres han desempeñado un papel crucial en la defensa del acceso público a las playas. Estas agrupaciones han impulsado campañas de concienciación y han exigido la intervención del Congreso para garantizar que las leyes se cumplan de manera efectiva.
Náuticos en Playa no superan expectativas
El periodo vacacional de Semana Santa, que tradicionalmente representa una oportunidad de auge para los prestadores de servicios turísticos náuticos en Playa del Carmen, se vio afectado por condiciones climáticas adversas. Durante tres días, la Capitanía de Puerto cerró las actividades para embarcaciones menores debido a fuertes vientos y marejadas, lo que impactó significativamente las operaciones del sector.
José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística Mar Caribe, señaló que los días más importantes de la Semana Mayor, que comprendieron el viernes, sábado y domingo pasados, fueron los más afectados por el cierre de puerto. Aunque la primera semana del periodo vacacional tuvo buena actividad, las interrupciones posteriores disminuyeron las operaciones y modificaron los planes de los turistas.
A pesar de las adversidades, los prestadores de servicios náuticos mantienen expectativas positivas para el cierre del periodo vacacional, confiando en que la temporada de pesca y la afluencia de turistas estadounidenses puedan compensar las pérdidas registradas.
El mal tiempo no sólo afectó las actividades en el mar, sino también la economía local, ya que los turistas optaron por cancelar o reagendar sus reservaciones. Sin embargo, Gómez Burgos expresó optimismo respecto a la recuperación del sector, destacando que Playa del Carmen es un destino resiliente que siempre encuentra formas de adaptarse a las circunstancias.
Con el inicio de la temporada de pesca y la mejora gradual de las condiciones climáticas, los prestadores de servicios náuticos esperan que los números se mantengan estables y que el turismo extranjero continúe siendo un pilar importante para la economía local.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Náuticos de Playa del Carmen, Miguel Ángel Ramírez Lara, reconoció que en este periodo vacacional, ha sido mayor el número de turistas nacionales que visitan Playa del Carmen, al de visitantes extranjeros, tendencia que parece que continuará en los próximos meses.
Más de 341 mil alumnos vuelven a las aulas tras dos meses de suspensión
- Este lapso incluyó paro magisterial y vacaciones de Semana Santa
Este lunes, Quintana Roo marcó un hito en su calendario educativo con el regreso de más de 341,000 estudiantes de educación básica y 24,000 docentes a las aulas, después de un periodo de dos meses sin clases. Este lapso incluyó un paro magisterial y las vacaciones de Semana Santa, lo que generó un ambiente de incertidumbre en el sector educativo.
El Comité Central de Lucha, respaldado por la base magisterial, anunció la reincorporación a las actividades escolares como una medida para recuperar el ciclo escolar. Sin embargo, esta decisión no está exenta de tensiones, ya que persiste la posibilidad de una nueva suspensión si el magisterio estatal decide unirse al paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el próximo 15 de mayo.
El regreso a clases implica desafíos significativos. Las autoridades educativas deberán implementar estrategias para recuperar los 55 días perdidos desde el inicio del paro magisterial el pasado 28 de febrero. Además, el calendario escolar enfrenta interrupciones adicionales debido a días festivos próximos, como el Día del Trabajo y el Día de la Madre.
El paro magisterial, motivado por protestas contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007, ha mantenido un ambiente de movilización en el sector educativo. Aunque las aulas vuelven a llenarse de estudiantes y docentes, el magisterio continúa su lucha por derechos laborales, lo que podría influir en la estabilidad del ciclo escolar.
Mientras tanto, los estudiantes, con mochilas al hombro, regresan a sus lecciones con la esperanza de normalizar su aprendizaje. Este regreso a clases no sólo representa un esfuerzo por recuperar el tiempo perdido, sino también un recordatorio de los retos que enfrenta el sistema educativo en Quintana Roo.
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