Desmedido, el aumento de tarifas de Aguakan en Q. Roo

Quintana Roo martes 17, Jun 2025

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

 

 

 

• Se disparan los recibos hasta en un 1000%

El servicio de agua potable en Quintana Roo ha sido motivo de controversia durante años, con la empresa Aguakan en el centro de las críticas por sus prácticas de cobro y gestión. En los últimos meses, el descontento ciudadano ha alcanzado un nuevo nivel debido al aumento desmedido de tarifas, que ha generado una ola de inconformidades entre los consumidores.

Usuarios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos han denunciado que sus recibos de agua han experimentado incrementos de hasta 1000%, sin una explicación clara por parte de la empresa. Este aumento ha sido particularmente grave para familias de bajos recursos y pequeños negocios, quienes han visto afectada su economía por los costos elevados del servicio.

Además, se han reportado cobros indebidos, donde los consumidores reciben facturas con montos excesivos sin haber aumentado su consumo de agua. La falta de transparencia en la facturación ha sido una de las principales quejas, ya que Aguakan no ha proporcionado información clara sobre los criterios utilizados para calcular los nuevos precios.

Claro ejemplo, el de una casa particular donde el cobro se disparó a cantidades que ya resultan impagables, y es que mes con mes los usuarios pagaban unos 300 pesos, pero ahora el recibo supera los mil 300, teniendo ahora deudas de hasta 24 mil pesos, al haber acumulado recibos sin pagar por varios meses. Y no por falta de voluntad, sino por falta de recursos y en medio de un servicio deficiente, por el cual, muchos se han quejado, lo lamentable, es que si los consumidores no saldan su deuda, les cortan el servicio.

Es decir, que el aumento de tarifas no es la única razón por la que la población quintanarroense ha manifestado su rechazo hacia Aguakan. Entre las principales inconformidades destacan:

– Deficiencias en el suministro: En diversas colonias, el servicio de agua es intermitente, con cortes prolongados que afectan la vida cotidiana de los habitantes.

– Contaminación del agua: Estudios recientes han detectado contaminantes en el agua potable que superan los límites permisibles, lo que representa un riesgo para la salud pública.

– Mala gestión del drenaje sanitario: La empresa ha sido señalada por el deficiente manejo de aguas residuales, lo que ha provocado problemas ambientales y sanitarios en varias zonas.

– Prácticas irregulares: Auditorías gubernamentales han revelado que la concesión otorgada a Aguakan en 2014 se realizó bajo condiciones cuestionables, lo que ha llevado a procesos legales en su contra.

Ante el creciente descontento, el gobierno estatal ha tomado medidas para retirar la concesión de Aguakan y transferir el servicio a una entidad pública. Sin embargo, la empresa ha recurrido a amparos legales para frenar el proceso, argumentando que la cancelación de su contrato es injustificada.

 

Un conflicto añejo

 

Mientras se resuelve el conflicto, los ciudadanos continúan exigiendo un servicio de agua eficiente, accesible y transparente, que garantice su derecho al acceso a este recurso vital. La batalla por el agua en Quintana Roo sigue en curso, y el desenlace de este enfrentamiento marcará el futuro de la gestión hídrica en la región.

El conflicto entre Aguakan y el gobierno de Quintana Roo ha sido una batalla legal y política que culminó con la cancelación de la concesión de la empresa para operar el servicio de agua potable en cuatro municipios clave: Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Este proceso, que inició con denuncias ciudadanas y consultas populares, ha expuesto una serie de irregularidades en la gestión de la empresa y ha generado un debate sobre el futuro del suministro de agua en la región.

Desde hace años, Aguakan ha sido señalada por diversas fallas en el servicio, incluyendo cobros excesivos, contaminación ambiental y abandono de zonas donde debía garantizar el suministro. La empresa también enfrentó acusaciones de lavado de dinero, relacionadas con el pago de más de mil millones de pesos a la administración estatal en 2014, presuntamente para obtener la concesión de manera irregular.

Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) documentó violaciones al derecho a un medio ambiente sano, lo que reforzó los argumentos para la cancelación de la concesión. A pesar de los intentos de Aguakan por frenar el proceso mediante amparos y recursos legales, la justicia federal determinó que la empresa no tenía derechos adquiridos sobre la prórroga anticipada de su contrato.

El Congreso de Quintana Roo, en diciembre de 2023, aprobó el Decreto 195, que anuló la extensión de la concesión otorgada en 2014. Aguakan respondió con una demanda de amparo, obteniendo primero una suspensión provisional y luego una definitiva, lo que le permitió seguir operando temporalmente. Sin embargo, en abril de 2025, un juez federal negó el amparo promovido por la empresa, validando la decisión del Congreso estatal.

Con la cancelación de la concesión, el servicio de agua potable será transferido a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), entidad pública que asumirá las funciones operativas en los municipios afectados. El retiro de Aguakan marca el fin de una era en la gestión del agua en Quintana Roo y abre la puerta a un nuevo modelo de administración del recurso. La pregunta clave ahora es si CAPA podrá garantizar un servicio eficiente y transparente, evitando los problemas que marcaron la gestión de Aguakan.

 

Denuncian cobros indebidos por reparaciones 

Usuarios acusan a Aguakan y al Ayuntamiento de Benito Juárez de exigir dinero para reparar fugas y registros de agua potable. Según testimonios, trabajadores de ambas entidades solicitan pagos adicionales para realizar arreglos, argumentando que no cuentan con los materiales necesarios.

Vecinos de diversas regiones de Cancún han reportado que, al solicitar la reparación de fugas de agua potable y drenaje, los empleados de Aguakan y Desarrollo Urbano les han pedido dinero para comprar los materiales. En algunos casos, los trabajadores han solicitado pagos extra para “dar prioridad” a los reportes, lo que ha generado indignación entre los afectados.

Una de las afectadas, residente de la Supermanzana 523, relató que lleva semanas sin agua y que, al pedir apoyo a una cuadrilla de Aguakan, le informaron que debía pagar por la compra de refacciones. “Vengo con el recibo de agua, pidiendo atención por el reporte que no ha sido atendido, y me dicen que debo pagar la reparación porque no tienen el material. Eso no es justo”, expresó.

En la Región 92, otro inconforme denunció que ha solicitado la reparación de una fuga de agua potable que afecta la presión del suministro en su hogar. Sin embargo, los empleados de Aguakan le pidieron dinero para realizar la reparación, alegando que no contaban con el material completo. “En otros casos me piden dinero para el refresco y darle prioridad a mi reporte”, afirmó.

Situaciones similares se han registrado en la avenida Rancho Viejo, donde los habitantes han solicitado en múltiples ocasiones la reparación de un registro en mal estado. En este caso, los trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez también han exigido dinero para realizar la reparación, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los vecinos.

 

 

 

 Obtiene la FGE de Q. Roo 84 vinculaciones a proceso y 22 sentencias, la semana pasada

 

Othón P. Blanco.- En el periodo del 9 al 15 de junio del año en curso, la Fiscalía General del Estado (FGE), al mando de Raciel López Salazar, obtuvo 84 vinculaciones a proceso, además de cumplimentar 35 órdenes de aprehensión y lograr 22 sentencias por la comisión de diversos delitos.

Lo anterior lo dio a conocer el Fiscal General durante la conferencia de prensa semanal del Gabinete de Seguridad, en la que también participaron Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno; Contralmirante Julio César Gómez Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana; Teniente Coronel Carlos Gerardo Méndez de la Cruz, Subjefe de Estado Mayor de la 34º. Zona Militar y Vicealmirante Diplomado de Estado Mayor Marco Antonio Muñoz Hernández, Comandante de la XI Zona Naval de Chetumal.

En lo referente a las vinculaciones a proceso, señaló que esta semana hubo 35 por ciento más que la anterior, cuando imputaron a 62 personas. De las 84 logradas, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, fueron 40; homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud y privación de la libertad personal, ocho; violencia familiar, seis; homicidio calificado, cuatro; homicidio, tres; lesiones, tres; robo agravado, tres; desobediencia y resistencia de particulares, dos; lesiones culposas, dos y violación, dos.

Además, esta Representación Social logró una vinculación a proceso por cada uno de los delitos de abusos sexuales, daños, despojo, despojo calificado, feminicidio en grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa, lesiones dolosas, pederastia, privación ilegal de la libertad, extorsión, abuso sexual y violación; trata de personas y violación y abuso sexual.

Por otra parte, de las 35 órdenes de aprehensión cumplimentadas, 80 por ciento, es decir 28, tuvieron su origen por delitos de altos impacto. Cinco fueron por robo calificado, cuatro por corrupción de menores, cuatro por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, tres por homicidio, tres por violación, dos por homicidio calificado, dos por homicidio en grado de tentativa, dos por robo agravado ; los ilícitos de abuso de confianza, abusos sexuales, daños, feminicidio en grado de tentativa, fraude, homicidio en grado de tentativa y robo calificado, robo de vehículo con violencia, secuestro exprés y robo agravado, violación y abusos sexuales, y violencia familiar, sumaron una cada uno.

“Igualmente, obtuvimos de los jueces de juicio oral, 22 sentencias condenatorias de hasta 50 años de prisión: siete por secuestro, cuatro por homicidio en grado de tentativa, tres por abuso sexual, tres por homicidio calificado, tres por violación, una por allanamiento de morada y una por homicidio en grado de tentativa”, expresó.

Durante el lapso referido, personal de este organismo autónomo cumplimentó nueve órdenes de cateo: siete de estas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y dos por trata de personas.

Finalmente, Raciel López Salazar informó que abrieron mil 106 carpetas de investigación, de las que mil 27 fueron sin detenidos y 79 con detenidos; además, tuvieron 116 detenciones en flagrancia del delito.