De nueva cuenta, la ministra Lenia Batres impide que la Suprema Corte cumpla su misión

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Volvemos a las andadas. La autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, abandonó de nueva cuenta una sesión de la Suprema Corte de Justicia (en este caso de su Segunda Sala) con lo cual impidió la buena marcha de la justicia.

La ministra argumentó que en la sesión privada se pretendía resolver un amparo que significaría un daño al erario por más de 4 mil millones de pesos.

Con esto, la ministra que consiguió permanecer en ese cargo gracias a la fraudulenta (por decir lo menos) elección del pasado 1 de junio, puso en evidencia la clase de justicia que tendremos a partir de septiembre venidero, a partir de que rindan protesta los nuevos jueces, magistrados y ministros producto de esa irregular votación, en la cual los “acarreados” por la llamada Cuarta Transformación votaron conforme a los “acordeones” que les entregaron los “coordinadores” enviados desde todos los niveles de gobierno y desde todas las dependencias: No va a prosperar ninguna demanda dirigida en contra del gobierno.

En su afán de lucimiento en beneficio de la llamada Cuarta Transformación, la propia ministra explicó que se ausentó de la sesión de ayer de la Segunda Sala para obligar a sus compañeros a discutir los casos fiscales en sesión pública y no en privado, como se hace actualmente. En realidad, vale insistir, con su ausencia impidió que los ministros que conservan su autonomía validaran una demanda contra impuestos que se consideran injustificados, con lo cual el gobierno federal dejaría de recibir una buena cantidad de dinero. Esto lo evidenció al indicar en su mensaje que, para la sesión de ayer estaba prevista la votación de asuntos fiscales “de altísimo costo”.

“Ante la inminencia del término de la presente Corte, solicitaré que todos los asuntos fiscales que aún quedan pendientes de resolver en salas se aborden en sesiones públicas del Pleno en vez de sesiones privadas en las que son obscuras (e injustificadas, desde mi punto de vista) las causas que sostienen deducción, exención o devolución de impuestos, como se ha resuelto con mayor frecuencia en las últimas sesiones”, escribió Batres Guadarrama en su cuenta de X. Es decir, confirmó que su interés es preservar fuentes de ingreso para el gobierno y declarar injustificadas e inválidas las inconformidades de los particulares, quienes desde este punto de vista siempre son los malos y perversos.

En su mensaje en la red social, Batres Guadarrama comentó que la Segunda Sala tenía prevista la votación de un proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek en el amparo tramitado por la empresa Pegaso PCS S. A. de C. V., en el que, según Batres, el daño al erario federal sería de más de 4 mil millones de pesos, porque propone desestimar el asunto por no contener un tema de constitucionalidad.

Ya en otra ocasión, el 9 de abril anterior, Batres Guadarrama recurrió al mismo subterfugio de ausentarse para impedir que se realizara una sesión. En aquella ocasión quedaron pendientes de dictamen 21 litigios. Antes, el 12 de marzo, Batres se retiró de la sesión luego de que sus compañeros la declararon impedida para participar en la resolución de un amparo relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego. En tal oportunidad, quedaron pendientes 30 asuntos.

Es de mencionar que otra de las ministras incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, Yasmín Esquivel Mossa, también reelegida como parte del referido “paquete” oficialista promovido por los repudiados “acordeones”, forma parte de esta Segunda Sala y ella se mantuvo en su sitio, aunque votó contra lo que pudiera afectar al Ejecutivo federal.

Por ejemplo, antes de que se tuviera que interrumpir la sesión por falta de quorum, los integrantes de la Segunda Sala resolvieron un único asunto, por el cual se declaró inconstitucional el cobro de un impuesto del 2 por ciento por concepto de “aprovechamiento” de la infraestructura de la Ciudad de México, establecido desde 2021 a plataformas digitales como Ubereats y DiDi sobre el total de sus comisiones por servicios de reparto de comida y mercancías.

Con tres votos contra uno, la Sala rechazó el proyecto de la Esquivel Mossa, quien proponía negar el amparo solicitado por la empresa Cargamos Mobility en contra del artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, impulsado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto fue posible porque, en lugar de turnar el caso a otro ministro para que elaborara un nuevo proyecto conforme al sentido mayoritario, el ministro presidente Javier Laynez Potisek asumió directamente la redacción de la versión final de la sentencia, la cual resultó a favor de la empresa. Se trata del primer amparo concedido contra dicho artículo.

La mayoría de los ministros concluyó que el cobro previsto en el artículo 307 Ter no constituye un “aprovechamiento” por el uso de infraestructura pública, como sostiene la legislación local, sino un impuesto. Por ello, lo declararon inconstitucional, ya que el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para legislar en materia de comercio electrónico ni para establecer contribuciones sobre ingresos derivados de ese modelo de negocios, lo cual corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

El proyecto original de la ministra Esquivel Mossa proponía negar el amparo, al considerar que el legislador local actuó válidamente al establecer dicho cobro, argumentando que surgió como respuesta al crecimiento acelerado del comercio electrónico derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19, y que dicho modelo genera un uso intensivo de la infraestructura urbana al promover la venta y entrega física de alimentos, paquetería y otros productos dentro de la Ciudad de México.

Esa propuesta sólo obtuvo el voto favorable de la propia ponente y fue rechazada por los ministros Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat. Esta última, integrante de la Primera Sala, fue convocada para participar debido a que en una sesión previa se había registrado un empate, con cuya presencia fue posible integrar el quorum, a pesar de la ausencia de Batres.

Por cierto, la decisión de la Segunda Sala contradice lo decidido por sus colegas integrantes de la Primera Sala, que  en abril anterior se negó a conceder un amparo a Uber contra el cobro del mencionado gravamen del 2% establecido en el artículo 307 Ter. El asunto no puede darse por concluido, los ministros deberán revisar un nuevo proyecto que determine si ese cobro es constitucional o no.

Lo que sí, la decisión de los ministros de la Segunda Sala al decretar inconstitucional ese gravamen, responde a una demanda popular que, evidentemente, no tomó en consideración la autollamada “ministra del pueblo”.

En efecto, repartidores por aplicación han realizado protestas y bloqueos simultáneos en el Circuito Interior y en la avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, pues consideran que esa reforma legal, que entrará en vigor el próximo día 22, con sus consecuentes “costos operativos”, recaerán sobre esos trabajadores.

El fondo de este conflicto gira en torno a las empresas del llamado comercio electrónico, pues el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que recaudó cerca de 23 mil millones de pesos derivado del cobro de impuestos a las plataformas digitales como Uber, DiDi o Mercado Libre al cierre de septiembre de 2024.

Dicho monto recaudado al cierre del tercer trimestre del año pasado representa 84 por ciento de todo el monto obtenido en 2023, que fue por 27 mil 938.5 millones de pesos.

Muchas promesas, pero continúa el desabasto de medicamentos.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, denunció la negligencia del gobierno federal de Morena al no abastecer de medicamentos a los niños con cáncer y calificó su falta como un crimen contra el pueblo de México.

Señaló que niñas y niños padecen por el desabasto de medicamentos oncológicos, y aseguró que el gobierno de Morena volvió a fallar en la salud del país.

“¡Esto ya no es sólo negligencia, es un crimen contra el pueblo de México! El gobierno de Morena volvió a fallar”, pero al parecer eso no le importa a nadie en el sector oficial, expresó el dirigente del tricolor.

También advirtió que por diversos medios “vamos a exigir justicia y castigo para quienes dejaron a miles de familias en el abandono, ya que con la salud no se juega”.