Poco a poco, EU se acerca a los altos círculos políticos de la 4T
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 26, Jun 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Con toda seguridad, en estos días la canción que no desea escuchar Andrés Manuel López Obrador es una ranchera que lleva por título “Llegando a ti”, del muy apreciado compositor José Alfredo Jiménez.
Para aclarar lo anterior es necesario recordar que esa canción, que es una de las más solicitadas a los marichis es más conocida como “Poco a poco” y dos de sus estrofas más conocidas dicen:
“poco a poco me voy acercando a ti”/“poco a poco la distancia se va haciendo menos”.
Como complemento, es necesario aclara que los que se van acercando, no a ti, sino a López Obrador, son las agencias de seguridad de los Estados Unidos que no cejan en sus esfuerzos por combatir y erradicar a los cárteles mexicanos que controlan el flujo de drogas hacia la Unión Americana, en particular el fentanilo, al que atribuen miles de muertes.
Junto con esas organizaciones criminales, las autoridades judiciales del vecino país pretenden llevar a prisión a los políticos mexicanos de alto nivel que les han dado protección para llevar a cabo sus actividades criminales, que incluyen el “lavado” de las enormes cantidades de dinero producto de esa criminal actividad.
Claro, en este aspecto,los Estados Unidos tienen una gran parte de la culpa, pues su mercado financiero mueve una gran parte del dinero generado por el narcotráfico. Por ejemplo, un estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala:
“En Colombia se lava un 30 por ciento de los narcodólares, y el 70 por ciento restante en Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica, Europa Occidental. En Bolivia, un 20 por ciento de los beneficios del narcotráfico es blanqueado en el país y el 80 por ciento restante en Brasil, Paraguay, Argentina, bancos panameños, norteamericanos y europeos, financieras caribeñas. En Perú se lava un 25 por ciento del dinero y el 75 por ciento restante se invierte o deposita en Brasil, Chile, Panamá, República Dominicana, islas del Caribe, bancos estadounidenses y en Europa Occidental. En Venezuela, un 25 por ciento de los narcodólares es blanqueado en el país y el resto en Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, España, Italia y Portugal.
Como se aprecia, el sistema financiero de los Estados Unidos aparece en todos los casos mencionados, por lo cual las autoridades de la vecina nación deberían incluir en sus esfuerzos contra los cárteles de la droga a sus propias instituciones bancarias y otros negocios que se prestan para el lavado de dinero.
Pero esa es otra historia, pues en los días recientes lo que destaca es la denuncia del Departamento del Tesos de los Estados Unidos en contra de tres instituciones financieras mexicanas acusadas de facilitar el lavado de dinero para los cárteles de la droga. Las sanciones, que incluyen a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Según las autoridades estadounidenses, estas instituciones ayudaron a los cárteles a lavar aproximadamente 168.6 millones de dólares. Entre las transacciones más preocupantes se incluyen los pagos destinados a la compra de precursores químicos provenientes de China, utilizados en la producción de fentanilo.
Michael Faulkender, subsecretario del Tesoro, destaca que las sanciones “impedirían en la práctica” que estas instituciones realicen negocios con entidades financieras estadounidenses. Las órdenes detallan que CIBanco e Intercam Banco facilitaron transferencias a instituciones en Estados Unidos, mientras que Vector también estuvo involucrada en una transacción similar.
En el directorio de CI Banco figura Mario Alberto Maciel Castro como director general, Jorge Tejeda Ugalde como director de finanzas, y Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel como presidente del Consejo de Administración.
Intercam
Intercam es un grupo financiero que ofrece servicios de banca múltiple, créditos empresariales, inversiones y pagos internacionales. Su presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo es Mario Eduardo García Lecuona Mayeur.
El tercer implicado, Vector, es una institución financiera que opera como como casa de bolsa, cuya aparición entre las empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de los EU, es el que justifica el comentario inicial en el sentido de que la canción popularmente conocida como “Poco a poco” debe provocarle, por lo menos inquitud, al caudillo de la llamada Cuarta Transformación.
Esto porque si bien aparece como su presidente de administración Raúl Gerardo Farías Arizpe, lo destacable es que fue fundada por Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Las tres instituciones han rechazado cualquier vínculo con actividades ilícitas. En comunicados oficiales, defendieron la legalidad de sus operaciones, subrayando su cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales.
Intercam Banco recordó su historial de casi 30 años operando conforme a las regulaciones contra el lavado de dinero, mientras que Vector Casa de Bolsa enfatizó sus 50 años de trayectoria, sometida a auditorías constantes por las autoridades mexicanas. CIBanco, con más de 40 años de existencia, reafirmó su compromiso con las mejores prácticas en el sector financiero.
En su mañanera de ayer, la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, criticó a los Estados Unidos por la acusación contra tres instituciones financieras mexicanas por supuesto lavado de dinero.
Sheinbaum aseguró que hace algunas semanas su gobierno recibió un «informe confidencial» de autoridades de EE.UU. en relación con sospechas contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, pero aclaró que nunca recibió las evidencias, por lo que rechazó el anuncio realizado el miércoles por el Departamento del Tesoro.
El hecho es que las averiguaciones y las denuncias procedentes del extranjero han llegado al círculo más cercano del político de Macuspana, a quien las agencias de seguridad de los Estados Unidos le reprochan por lo menos la inacción para frenar la actividad de los organismos delincuenciales. Todo por su política de “abrazos no balazos”.
Otra de las graves consecuencias para López Obrador es que la denuncia del Tesoro estadunidense es que destrye en gran parte su muy gastado recurso de mencionar al exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, el ahora preso en los Estados Unidos, Genaro García Luna como epítome de la corrupción en los medios oficiales.
Ahora resulta que de conformidad con la investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector de Alfonso Romo por más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019.
También, según la investigación realizada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, se advierte que Vector participó en operaciones que facilitaron el pago de sobornos de parte del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna.
No es posible determinar qué tanto de esas denuncias de las agencias estadunidenses se basan en averiguaciones propias y cuáles son las pruebas recabadas, pero siempre queda la sospecha de que las anunciadas sanciones responden a imputaciones formuladas por los capos del narcotráfico actualmente en poder de las autoridades policiacas de los Estados Unidos.
El único que, al parecer, no ha cedido a las presiones para denunciar a otros políticos involucrados en la protección a los jefes de cárteles es el referido García Luna, el blanco favorito de López Obrador cada vez que presumía haber acabado con la corrupción, afirmación que ha resultado otra de sus grandes mentiras, como la de también haber erradicado el huachicol, otra actividad ilícita que al parece se mantiene en muy alto nivel y arroja utilidades para los involucrados y quienes los protegen.
García Luna fue sentenciado a 38 años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 2 millones de dólares, por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. La condena le fue impuesta por sus supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, la organización criminal que, de conformidad con versiones que otros jefes del narcotráfico relataron a los fiscales estadunidenses, operó bajo su protección.