JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE CANCÚN, DARÍO ALEJANDRO VILLA ARNAIZ, TUERCE LA LEY A FAVOR DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Quintana Roo martes 1, Jul 2025DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez
La Profepa clausuró siete predios en Yucatán, Campeche y Q. Roo, tras documentar la tala e incendio de más de 2,608 hectáreas de selva maya.
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México
Dra. Lucía Piña Hernández
Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Licenciada Mara Lezama Espinosa
Gobernadora de Quintana Roo
Definitivamente, muchas de las personas que delinquen en México se encuentran libres y haciendo de las suyas, nuevamente, gracias a la conducta ilícita y corrupta de jueces, que, como en el caso presente, mancha el honor y buen desempeño profesional de la mayoría de los miembros del Poder Judicial.
Cuando un caso es cosa juzgada, no se puede repetir otro y otro proceso judicial de manera infinita.
Esto nos dice la ley.
El juez Darío Alejandro Villa Arnaiz ni siquiera lee los expedientes que se tramitan en el juzgado a su cargo.
Esto ha ocurrido repetidamente con el Juez Séptimo de Distrito de Cancún, quien negó el amparo de la justicia a la invasora profesional de predios, Perla Edith Castillo Rodríguez, pero en una segunda solicitud de amparo (?), radicado en el mismo juzgado, se le otorgó favorablemente la protección de la ley.
Señor juez, ese amparo ya es cosa juzgada.
El caso está ahora en revisión en la Sala de Ministros y esperamos se actúe conforme a la ley ahora sí.
Hay que destacar que el citado funcionario cuenta con la complicidad de su secretario, Oswaldo Hernández Romero, quien manipula los expedientes de acuerdo a los intereses de ambos y de una célula del crimen organizado, integrada por la seudo abogada Esther Puc, Aurora Osorio Nataren, la “catedrática” Silvia Magali Bonilla (?) y Guadalupe, la hija de Don Pancho, sujeto que se dedicó a traficar con tierras ilegales por décadas en Cancún.
Todos ellos coordinados por la mafiosa y prófuga de la justicia Andrea Gómez Regalado, mujer que es multimillonaria gracias a sus negocios turbios y quien teme ser secuestrada por su misma mafia, para quitarle el dinero mal habido.
Esta célula delictiva ha operado con toda impunidad en Cancún y en todo Quintana Roo, vendiendo terrenos que no son de su propiedad.
Ellos utilizan documentos apócrifos para demandar, en juicios civiles, a sus propietarios legales.
Así que el Juez Séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, y su cómplice Oswaldo Hernández Romero, deben ser llamados a cuentas por la presidenta de la SCJN, ser destituidos e ir a la cárcel de manera inmediata por usar las leyes y los cargos públicos en beneficio personal y de sus cómplices del crimen organizado.
Juicio de Amparo 140/2025-IV
Segundo caso
Es el de un predio de 200 hectáreas, propiedad del Ejido Alfredo V. Bonfil, que está siendo vendido de manera ilegal y fraudulenta, en lotes de 300 o más metros, por un sujeto de nombre Andrés Castillejos Cárdenas, un verdadero delincuente.
Las personas que adquieren terrenos en la llamada colonia Chiapaneca se aclara que, conforme a la ley, no tienen ninguna certeza jurídica del bien patrimonial que supuestamente ahora poseen y que les vendió, de manera fraudulenta, Castillejos Cárdenas.
Carecen totalmente de documento legal alguno que los ampare y es como si tiraran su dinero.
Por lo que ellos mismos, y junto con Castillejos Cárdenas, cometen el delito también de despojo y fraude.
Es de saber que con fecha 15 de enero de 2025 y en sentencia definitiva emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la CDMX (Juicio de Amparo Directo 233/2024) se señala claramente que la justicia no ampara ni protege a María Lourdes Cárdenas Vázquez (madre de Andrés Castillejos), y al propio sujeto, quien se dice propietaria, pero sin documento legal alguno del predio en cuestión y junto con su hijo están creando un problema para las autoridades, que no podrán escriturar esas propiedades. Terrenos propiedad del mencionado ejido en una de sus reservas de 200 hectáreas sobre la avenida López Portillo, en Cancún.
Aquí sí es necesaria la intervención de la Fiscalía General de Quintana Roo porque se comete fraude y despojo, asociación delictuosa y lo que resulte.
Estos son dos de las docenas de casos que se registran cada día con más frecuencia en Cancún.
Menonitas arrasan más de 2,600 hectáreas de selva maya
En una de las intervenciones más contundentes contra la deforestación ilegal en el sureste mexicano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró siete predios en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, tras documentar la tala e incendio de más de 2,608 hectáreas de selva maya por parte de comunidades menonitas que operaban sin autorización ambiental.
Entre el 28 de mayo y el 14 de junio de 2025, inspectores de Profepa, con apoyo del Ejército mexicano y otras fuerzas de seguridad, realizaron seis operativos en predios forestales. Las inspecciones revelaron un patrón sistemático de cambio ilegal de uso de suelo, con el objetivo de transformar ecosistemas selváticos en monocultivos agroindustriales.
En los predios intervenidos se aseguraron 108.5 m³ de madera en rollo y escuadría, 3 torres agrícolas, 1 rastra con 36 discos, 1 cosechadora y 3 tractores agrícolas.
En el ejido Piedras Negras (José María Morelos, Q. Roo), se detectó la remoción de 1,057 m³ de vegetación nativa, incluyendo especies protegidas como Thrinax radiata (guano de costa), Zumaia loddigesii y Swietenia macrophylla (caoba), todas listadas en la NOM-059-SEMARNAT y en el Apéndice II de la CITES.
En el ejido Juan Sarabia (Othón P. Blanco), se documentó el desmonte de 437.5 hectáreas, mientras que en Hopelchén, Campeche, se afectaron 527 hectáreas de selva. En Tekax, Yucatán, se arrasaron 350 hectáreas con maquinaria pesada, construyendo incluso sistemas de riego por aspersión.
La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, calificó la expansión menonita como un “problema gravísimo ambiental”, señalando que incluso han enfrentado resistencia armada al intentar frenar estas actividades. Además, vinculó estas prácticas con la mortandad masiva de abejas en la región, que desde 2014 ha superado los 600 millones de ejemplares.
Ejido exige expropiación justa
A más de 25 años de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tomara posesión de terrenos ejidales en las inmediaciones de las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná, el ejido de Morocoy ha interpuesto una demanda contra autoridades federales, exigiendo una expropiación justa y consensuada de las tierras que consideran fueron apropiadas de manera irregular.
Según Sonia Méndez, comisariada ejidal de Morocoy, el conflicto se remonta a 1997, cuando el INAH asumió el control de 298 hectáreas bajo el argumento de que colindaban con zonas arqueológicas. Sin embargo, los ejidatarios aseguran que nunca fueron notificados formalmente de una expropiación, donación o acuerdo legal que justificara la ocupación de sus tierras.
“Jamás especificaron que había alguna propiedad o que las tierras se habían expropiado, donado o algo consensuado. Esto sucedió desde 1997, así ha permanecido; los ejidatarios nos dedicamos al campo, somos personas humildes”, declaró Méndez.
La tensión se intensificó recientemente con la inclusión de Dzibanché y Kinichná en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), impulsado por el Tren Maya. Los ejidatarios han observado inversiones públicas en infraestructura turística y conservación, mientras sus reclamos por la propiedad de la tierra siguen sin respuesta.
La demanda fue presentada contra la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza; el director del INAH, Diego Prieto; y la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel. Los ejidatarios argumentan que en más de dos décadas no ha existido diálogo ni intento de conciliación por parte de las autoridades, lo que consideran una violación a sus derechos agrarios y patrimoniales.
Delfinarios impugnan reforma a la Ley General de Vida Silvestre
- Argumentan que se tomaron decisiones “desde la emoción”
En medio de una de las reformas más polémicas en materia de bienestar animal en México, los delfinarios del país han optado por una estrategia legal para impugnar las recientes modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre, argumentando que las decisiones legislativas se tomaron “desde la emoción” y no con base en evidencia científica.
La iniciativa, conocida como “ley Mincho”, prohíbe la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio y su uso en espectáculos, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR), que representa al 95% de los delfinarios del país.
Fernando Delgado Casarín, vicepresidente del Comité de Bienestar de la AMHMAR, señaló que la reforma “va en contra del bienestar animal”, ya que impide prácticas fundamentales como la reproducción natural, lo que obligaría a separar machos y hembras o incluso administrar hormonas a las hembras, lo cual -según él- sería más invasivo y perjudicial.
Los representantes de los delfinarios sostienen que el 80% de los mamíferos marinos bajo su cuidado nacieron en cautiverio y requieren interacción constante con especialistas para mantener su salud física y emocional. Desde su perspectiva, la reforma ignora décadas de trabajo científico y veterinario y pone en riesgo el bienestar de los ejemplares al imponer restricciones sin protocolos técnicos claros.
Contrario a lo que se ha difundido en redes sociales, los delfinarios no cerrarán de inmediato. La reforma permite que sigan operando bajo sus planes de manejo vigentes, aunque se les prohíbe la reproducción y se endurecen los requisitos para conservar sus autorizaciones. La Profepa ya ha clausurado instalaciones por incumplimientos, como en el caso del delfín “Mincho”, que murió tras golpearse fuera de la alberca.
