Quién ordenó suspender el proceso para la revocación de mandato?
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 10, Nov 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
¿Desde cuándo el gobierno encargado de la construcción del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación se preocupa por lo que opina la oposición?
Esta es la primera pregunta que salta luego de que se anunciara que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados canceló su asamblea en donde debería revisar y eventualmente aprobar la iniciativa del Poder Ejecutivo de reformar el artículo 35 constitucional para realizar la consulta de revocación del mandato presidencial al mismo tiempo que las elecciones para renovar la Cámara de Diputados federal y los gobiernos de 17 estados, junto con miles de diputados locales y otros tantos ayuntamientos.
Todo estaba preparado para que en esa sesión de la mencionada Comisión de Puntos Constitucionales se revisara y ratificara la iniciativa, para presentarla –y aprobarla– en la asamblea de hoy de la Cámara de Diputados.
Hubo numerosas y fundamentadas protestas de parte de la oposición y de otras instituciones interesadas en las cuestiones legislativas por considerarse que se trataba de un subterfugio para aprovechar el respaldo popular a la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, quien según algunas encuestas tiene la aprobación de más del 70 por ciento de los mexicanos. En consecuencia, su aparición en las boletas electorales, se considera un recurso para ayudar a los candidatos de su partido, Morena y sus satélites, quienes se supone que podrían ser afectados por el “voto de castigo” derivado de la mala actuación y peor fama de muchos de los gobernadores oficialistas.
Sólo para mencionar algunos casos de riesgo electoral para los candidatos del oficialismo se pueden mencionar los estados de Sonora, Tamaulipas y, sobre todo, Guerrero, Sinaloa y Michoacán, en particular a partir del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien encabezaba un popular movimiento de oposición, ahora conducido por su viuda, Grecia Quiroz, a quien muchos analistas le conceden facultades para continuar con esa lucha de renovación del gobierno estatal para reducir la influencia de los grupos criminales que dominan ese estado desde hace muchos años, al menos desde el mandato del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien ahora la llamada Cuarta Transformación le carga todas las culpas.
Con todo, el oficialismo ha demostrado de manera reiterada que no le preocupa para nada el descontento de la oposición. Esto se aprecia en especial en las asambleas de las cámaras de Diputados y Senadores, en donde se conceden horas para que los inconformes expresen sus desacuerdos y por más que sus argumentos estén justificados, a final de cuentas se imponen los votos de la artificial mayoría calificada del oficialismo en los dos organismos del Poder Legislativo federal.
En el caso presente ya todo estaba preparado.
Entonces, vale insistir ¿por qué se canceló el cónclave de la Comisión de Puntos Constitucionales convocado de última hora, para sesionar a toda prisa como acostumbra la llamada Cuarta Transformación y presentar el dictamen al día siguiente y, con la dispensa de todos los trámites, aprobarlo y presentarlo como ofrenda a la jefa del Ejecutivo federal?
El ex priista ahora coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el verdadero órgano de gobierno de ese organismo legislativo, Ricardo Monreal Ávila, declaró que el aplazamiento tiene como propósito atender las solicitudes de los grupos parlamentarios de PAN y PRI.
Por ello, agregó, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados decidió solicitar a la Comisión de Puntos Constitucionales posponer unos días la votación del dictamen de reforma al artículo 35 de la Constitución, que propone adelantar a 2027 la consulta de revocación de mandato presidencial y hacerla concurrente con las elecciones para renovar la cámara y 17 gubernaturas.
Los mismos argumentos adujo el diputado que se encargó de patrocinar la iniciativa que le enviaron desde Palacio Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien presume ser un “luchador de izquierda”.
Este legislador, al que se supone uno de los alfiles de la presidenta (con A) Sheinbaum en el Legislativo, expresó argumentos similares y además recurrió al argumento del ahorro de dinero, al realizar todas las votaciones al mismo tiempo.
En entrevista con el colega José “Pepe” Cárdenas destacó además que la supuesta revocación es una oportunidad para que el pueblo exprese si está o no de acuerdo con el gobierno en funciones.
Mencionó que la consulta se hace a partir de la solicitud de una parte de los ciudadanos. Lo que olvidó mencionar es que la convocatoria para realizar el proceso de revocación de mandato no es obligatoria, pues primero se tiene que tramitar la solicitud de un importante sector de los ciudadanos registrados en el padrón electoral.
Ese artículo 35 constitucional que pretenden modificar “morenos” y sus satélites establece que, para convocar a una consulta popular, como es el caso de la renovación de mandato, se requiere el respaldo de al menos el tres por ciento de los registrados en la lista nominal y tiene que estar distribuidos en, al menos, 17 entidades federativas.
Esto significa que la petición tiene que ser suscrita por alrededor de 300 mil ciudadanos y hasta ahora no se conoce que ningún grupo o asociación haya promovido la iniciativa para pedir que se realice la consulta. Además, “para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
“La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta”, precisa.
Aquí es donde cabe la sospecha de la oposición de lo que trata el oficialismo es de utilizar la figura presidencial para atraer simpatizantes para sus candidatos.
Pero también en este aspecto, se requiere primero de la reforma constitucional, pues de acuerdo con la redacción del vigente artículo 35 constitucional, en caso de una consulta para la revocación de mandato se tienen que cumplir otros muchos requisitos que dificultan el proceso, a saber:
“Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
“El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos.
“La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.
“Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
“Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil”.
Esta puede ser la respuesta a las dudas expresadas anteriormente.
Si lo que el oficialismo desea es incorporar la figura presidencial a las múltiples campañas a realizarse en junio de 2027, tendrá que eliminar las prohibiciones que impone el vigente artículo 35 constitucional, pues no se admite la propaganda oficial en esta clase de procesos.
Claro, con su artificial mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, Morena y sus rémoras pueden imponer los cambios que consideren necesarios, pero no podrán justificarlo ante la opinión pública.
Limitar la intervención oficial en los procesos electorales se considera uno de los principales avances de nuestra endeble democracia, además de que fue durante muchos años exigencia de las organizaciones de izquierda.
“Manos (del gobierno) fuera de elecciones”, decía en 2023 el caudillo de la 4T”, ya sabes quién, un político que ahora reside en una finca de sonoro nombre en Palenque, Chiapas.
