Si Morena corre a los corruptos, lleva el riesgo de quedar semivacío
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 3, May 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Si la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, cumple su promesa inicial de cerrar las puertas de su partido a los corruptos, corre el riesgo de perder una gran parte de su militancia, pero sobre todo de sus cuadros dirigentes.
“Es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en esas prácticas”, señaló la ex secretaria de Bienestar ante gobernadores, senadores, diputados e integrantes del VIII Congreso Nacional Extraordinario de esta fuerza política, quien añadió:
“En Morena, los corruptos no tienen cabida y corresponde garantizar que los representantes del movimiento son mujeres y hombres honestos, pues lo que está en juego es la autoridad moral y política que les dio legitimidad para llegar al poder”, añadió.
“Hay que hacer a un lado a quien esté en esas prácticas», señaló ante gobernadores, senadores, diputados e integrantes del VIII Congreso Nacional Extraordinario de esta fuerza política.
En particular, Montiel advirtió a quienes aspiran a las gubernaturas que se renovarán en 2027, que deben tener una trayectoria impecable.
Por supuesto, nadie se sintió aludidos, pero en el presídium del Congreso Nacional efectuado ayer en la capital del país, según foto publicada en el portal de La Jornada –un diario que puede ser acusado de todo, menos de ser enemigo de la llamada Cuarta Transformación– una buena parte de los que allí aparecen han sido acusados de incurrir en irregularidades, si no es que, de plano, en delitos.
Para empezar, quien condujo este encuentro nacional, el presidente del Consejo Nacional del partido oficial y también gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Moreno, ha sido señalado como uno de los mandatarios que han incurrido en anomalías.
De acuerdo con reportes periodísticos, denuncias del PAN y del organismo de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Durazo Moreno enfrenta múltiples acusaciones y reportes de presunta corrupción relacionados con la gestión de obra pública, nexos con el crimen organizado y el enriquecimiento de su círculo cercano, en particular de su hijo, también llamado Alfonso, involucrado en negocios inmobiliarios y comerciales.
Uno de los más esforzados en elogiar a la nueva presidenta “morena” fue su antecesor en el cargo, el ahora secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien cuando era presidente del partido oficial fue viajero frecuente de las aeronaves del luego asesinado “rey del huachicol”, Sergio Carmona Angulo, por lo que se mantienen rumores en el sentido de que era el encargado de repartir el producto de esa ilícita actividad entre los candidatos del oficialismo. Cabe recordar que ese delito, según estimaciones oficiales, ha tenido para el país un costo de más de 600 mil millones de pesos.
Sin pruebas en los dos casos: García Luna, condenado; Rocha Moya, defendido por la 4T
Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad del gobierno del panista Felipe Calderón, es el saco de golpeo favorito de la llamada Cuarta Transformación, al ser considerado ejemplo de los funcionarios públicos que se enriquecen al dar protección a organizaciones criminales.
García Luna fue inculpado por un jurado de los Estados Unidos y actualmente está recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas” o “Supermax”, la cárcel más segura de Estados Unidos y alberga a reclusos peligrosos entre los que está también el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El ex funcionario mexicano fue acusado de conspiración, aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa y realizar declaraciones falsas. El 21 de febrero de 2023 fue declarado culpable de cinco cargos en una corte de Nueva York y el 16 de octubre de 2024 fue sentenciado a 38 años de prisión por el juez Brian Cogan.
La defensa de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, sostuvo durante el juicio que la fiscalía estadounidense no presentó pruebas físicas directas (documentos, videos, audios o transferencias bancarias) que vinculen al ex secretario con el narcotráfico y que las denuncias en su contra se fundamentaron exclusivamente en testimonios de ex narcotraficantes –algunos de los cuales fueron perseguidos por el ex jefe policiaco– que se presume mintieron para obtener beneficios en sus propios juicios.
Con tales argumentos, en diciembre de 2025, la defensa apeló formalmente la sentencia de 38 años dictada en octubre de 2024, con el argumento de “violaciones al debido proceso”, al admitirse testimonios falsos.
Mientras esa batalla legal continúa en las cortes de los Estados Unidos, en México, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y su discípula y sucesora, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo tomaron el caso de García Luna como ejemplo para exponer la supuesta corrupción en los regímenes del PRI y del PAN, sin tomar en cuenta los referidos alegatos de la defensa del ex funcionario en el sentido de no se han presentado pruebas en concreto acerca de su presunta culpabilidad.
El reciente miércoles, un fiscal federal de los Estados Unidos presentó formalmente una denuncia por encubrimiento a cárteles de la droga contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena) y nueve de sus colaboradores. El caso fue presentado ante el mismo tribunal que llevó el juicio contra García Luna, con sede en el Distrito Sur de Nueva York.
La acusación se fundamenta también en revelaciones de jefes del narcotráfico presos en la vecina nación y que buscan obtener la condición de testigos protegidos o reducción de sus condenas.
Por tales denuncias, el gobierno de los Estados Unidos inició el procedimiento para solicitar la extradición del gobernador de Sinaloa y sus nueve colaboradores.
La reacción del gobierno encargado de la construcción del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación –que ha presumido desde el anterior sexenio haber acabado con la corrupción– fue totalmente distinta al caso de García Luna.
La primera reacción del régimen encabezado por Sheinbaum Pardo fue la anteponer el criterio de inocencia de los acusados y solicitar a su contraparte de los Estados Unidos presentar pruebas contundentes acerca de su presunta responsabilidad.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, pero se requiere presentar datos de prueba contundentes”, reiteró.
También expuso que, para dejar en claro si los acusados cometieron algún delito, México realizará las pesquisas correspondientes y actuará conforme a la ley, sin permitir una violación de su soberanía.
“Es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, aseveró la mandataria federal, quien advirtió que “bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o la injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Si las declaraciones presidenciales no fuesen suficientes, la posición del gobierno mexicano fue expresada de manera oficial por la Secretaría de Relaciones Exteriores, al responder al requerimiento de la deportación de los presuntos funcionarios corruptos.
Relaciones Exteriores también remitió el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por la ex consejera jurídica de la Presidencia Ernestina Godoy Ramos, para que determine si existen elementos de prueba válidos bajo el sistema jurídico mexicano.
El intento de exculpar a Rocha Moya y allegados despertó manifestaciones de solidaridad en toda la llamada Cuarta Transformación, para tratar de dar fuerza a la versión de su caudillo de que ya se acabó la corrupción en las filas oficiales.
Por ejemplo, el coordinador de la mayoría oficialista en el Senado, el poblano Ignacio Mier Velazco. afirmó que luego de ser revisada conforme a las leyes en la materia, la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, (considerado principal candidato de Morena a suceder a Rocha Moya), no tiene sustento.
