La justicia es severa pero miope; no encuentra a nadie arriba de Hernán Bermúdez
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 15, Jun 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Otra muestra de la energía con la que la llamada Cuarta Transformación aplica la justicia: la “autónoma” Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó este lunes una pena de 154 años de prisión contra Hernán “N”, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo con los antecedentes que se han hecho públicos, el acusado, ahora calificado de “indiciado” cometió y encubrió numerosos delitos considerados graves, como secuestro, extorsión y asociación delictuosa.
Para empezar, vale aclarar que se trata de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad del estado de Tabasco, quien era al mismo tiempo jefe de la organización criminal conocida como “la Barredora”, que operaba fundamentalmente en Tabasco y en el vecino Chiapas.
En sus informes al público en torno a este presunto criminal, la Fiscalía, respetuosa de las leyes, no puede mencionar su nombre completo, pues eso equivaldría a violar el principio de la presunción de inocencia y, ya se sabe, eso no puede ocurrir ni ocurre en la construcción del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Claro, la prisión preventiva oficiosa (PPO) se aplica a granel, sin importar que no haya pruebas en contra de los inculpados, pero eso es otro asunto.
De lo que se trata aquí es de sancionar a un mal funcionario que traicionó la confianza de sus vecinos, pero sobre todo de sus jefes. Por eso se solicita una condena que equivale a prisión perpetua, que en la práctica no se aplica en México, aunque algunos códigos penales locales la consideran para delitos graves como el secuestro o el feminicidio, pero la Suprema Corte de Justicia ha determinado que viola el principio constitucional de reinserción social y los derechos humanos. Por lo tanto, en la práctica, los afectados suelen impugnarla a través de juicios de amparo para reducir su condena a un tiempo determinado (generalmente de 50 a 70 años),
De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía tabasqueña, las posibles condenas por los tres principales delitos que se le imputan, serían de hasta 40 años por extorsión, especialmente si se ejerce con violencia; 30 años por secuestro, aplicables cuando hay daño físico o psicológico a la víctima, o cuando el delito es cometido por un servidor público y de 6 a 20 años por asociación delictuosa, dependiendo del grado de participación, jerarquía dentro del grupo y la finalidad delictiva.
Pero en este caso, la Fiscalía actuó con mayor severidad y pidió condenas de 100 años por secuestro, a los que cuales se deberían sumar otros 24 por asociación delictuosa y 30 años más por extorsión agravada, esta última acompañada de una multa de 16 mil días y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.
Pero eso no es todo. Además de la causa penal por la que la Fiscalía solicitó la condena de 154 años de prisión, Bermúdez enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos uno por desaparición forzada.
Esto confirma la energía con la que actúan los gobiernos estatal y federal, pues en las pesquisas para atrapar al mal funcionario, la justicia tabasqueña tuvo el respaldo de las autoridades federales, pues la Secretaría de Seguridad que dirige Omar García Harfuch, tuvo una función central en la localización y solicitud de extradición de Bermúdez Requena, quien había logrado fugarse del país y esconderse en Paraguay.
Lo que sí, esa energía no va más allá del que fuera secretario de Seguridad de Tabasco, a pesar de que trabajó para dos gobernadores, ninguno de los cuales dio indicios de, al menos, sospechar que su colaborador cometía delitos amparado en su cargo.
Bermúdez Requena fue designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López, hoy senador de Morena, luego de ser coordinador de la mayoría oficialista en esa Cámara, además de secretario de Gobernación durante buena parte del sexenio presidencial de su paisano, casi hermano, Andrés Manuel López Obrador. Fue ratificado por el gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos, hasta que presentó su renuncia el 4 de enero de 2024, tras una ola de violencia y asaltos que afectó al estado. En esa fecha se reportaron más de 20 asaltos a mano armada a negocios del municipio de Centro, cuya cabecera es Villahermosa.
Hernán Bermúdez Requena no fue despedido, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera. Incluso, el entonces secretario de Gobierno de Tabasco le agradeció por “su gestión”.
Sin embargo, un año después ya había una orden de aprehensión en su contra.
La captura del ex mando policiaco y los procesos penales abiertos en su contra colocaron nuevamente bajo cuestionamiento al grupo político encabezado por Adán Augusto López, debido a que Bermúdez permaneció varios años al frente de la seguridad estatal, pese a los señalamientos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Esto, además de diversas versiones periodísticas que denuncian que políticos tabasqueños son objeto de investigaciones de autoridades de Estados Unidos por supuestas operaciones de huachicol fiscal.
Cabe recordar que el señalamiento público más contundente contra Bermúdez Requena provino del actual gobernador Javier May Rodríguez, quien el 13 de noviembre de 2024 lo identificó como presunto líder de “La Barredora”.
Tanto May como Adán Augusto López y el propio Bermúdez militaban en Morena, aunque éste último fue posteriormente expulsado del partido fundado por el ex presidente López Obrador.
Pero, la energía de las autoridades parece haber llegado a su punto extremo. Es de suponer, entonces, que Bermúdez Requena “se mandaba solo”.
Nadie más arriba. Ya es costumbre en la llamada Cuarta Transformación que las denuncias no lleguen más arriba. Los funcionarios de mayor nivel están libres de toda culpa y, si no, los cuidan sus correligionarios.
De cualquier forma, por los recientes acontecimientos ocurridos en el país, surge nuevamente la duda acerca de la condición en que se encuentran los maestros disidentes que cometen toda clase de atropellos, pero nadie resulta sancionado.
Como parte de esos perjuicios aparecieron nuevamente los integrantes del llamado “bloque negro” o supuestos “anarquistas” que dañan lo mismo bienes públicos que propiedades privadas, sin que ninguno haya sido consignado, ni mucho menos encarcelado.
Se ignora incluso dónde se reúnen, quién los entrena o les paga.
En la repudiada época de los gobiernos conservadores y neoliberales quedó al descubierto la organización que se conoció como “halcones” que tuvo como acto máximo la matanza del “Jueves de Corpus”, de la que se cumplieron 55 años. Durante el periodo en que el gobierno federal estuvo en poder del PAN, el ex presidente Luis Echeverría fue acusado por ese lamentable episodio. Tarde, pero hubo castigo.
Sin que se sepa cuál fue su botín (de hecho, nunca se sabe, pero siempre hay algo que se llevan), los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya empezaron a levantar sus plantones y a retornar a sus lugares de origen, pero los daños allí quedan, sin que los afectados tengan alguna compensación.
Por ejemplo, en el Centro Histórico los plantones y cierres de calles por parte de la CNTE, provocaron pérdidas considerables a los comerciantes del primer cuadro capitalino, quienes no tuvieron ventas. La situación ha sido “peor que después de la pandemia”, expuso José Luis Santiago, presidente de los comerciantes de la Calle de las Novias y Ceremonias A.C.
A nosotros, dijo, nos afectó el cierre de Isabel La Católica y las tiendas de campaña instaladas en todo República de Chile, además de que algunos días no funcionó el Metro Allende, todo lo cual provocó que no hubo ventas.
Aseguró que la afectación es multimillonaria y advirtió que los días del plantón de maestros estuvieron peor que durante la pandemia, pues se dejó de vender de un 90% a un 95%.
Por su parte, Ángel Musi, presidente del Consejo de Asociaciones de Comerciantes Establecidos y vecinos del Centro Histórico, expresó que los de la CNTE “vienen y hacen su manifestación, pero desgraciadamente el tipo de manifestación que hacen afecta de una manera brutal al comercio establecido en el centro (…) para que te des una idea de las pérdidas: del 100% de lo que vendemos, estamos vendiendo el 20%”.
