Pese a negociar con agentes extranjeros, la gobernadora de BC está libre de cargos
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 14, Jul 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
¿Cuál es la diferencia entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia (Maru) Campos, acusada de “traición a la patria” porque, al parecer, agentes extranjeros (presuntamente de la CIA de Estados Unidos) participaron dentro de su estado en un operativo para destruir un narcolaboratorio, y la decisión de su homóloga de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confesó tener contacto con agentes también extranjeros para tratar de evitar ser consignada ante un tribunal del otro lado de la frontera, a cambio de revelar secretos de la política nacional?
La respuesta es muy sencilla: Maru Campos es militante del PAN y Marina del Pilar es una figura prominente del partido oficial, Morena.
Es de tomar en cuenta que la gobernadora de Baja California es uno de los numerosos políticos mexicanos a los que el gobierno de los Estados Unidos les ha cancelado la visa para poder entrar a su territorio por sospechas de vínculos con organizaciones delincuenciales o por estar involucrados directamente en actividades ilegales.
Las averiguaciones en torno a la mandataria morena de Baja California empezaron por su ex esposo, Carlos Torres Torres, sospechoso de participar en una red de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.
En este caso, las averiguaciones no sólo ocurren en el vecino país. También la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Torres Torres por presuntos sobornos. De acuerdo con tales versiones, el ex cónyuge de la gobernadora habría recibido pagos mensuales de 150,000 dólares por parte de Pedro Ariel Mendívil (ex director de Seguridad Pública de Mexicali), a cambio de lo cual, supuestamente permitía la operación libre en Baja California de «Los Rusos», una facción del Cártel de Sinaloa.
Las denuncias incluyen también lavado de dinero, mediante la adquisición de propiedades (increíblemente en la Unión Americana) y financiamiento político.
La primera evidencia de que Torres Torres estaba bajo sospecha fue la cancelación de su visa, sanción que luego se extendió a su esposa, quien en un principio lo negó y, como prueba, refirió su participación en eventos realizados en territorio estadunidense, pero otras fuentes evidenciaron que esas visitas eran posibles debido a permisos especiales.
En esas circunstancias se dio un muy conveniente divorcio, con lo cual quedaron por separado los patrimonios de la gobernadora y de su ex cónyuge, con expedientes individualizados.
Carlos Torres ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de calumnias y afirmando su disposición a colaborar con las autoridades federales para esclarecer los hechos.
La gobernadora ha llevado a los hechos esas promesas de colaboración con las autoridades, pero al contrario de lo que se esperaba, en vez de acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) (o tal vez lo hizo pero la “autónoma” institución lo mantiene en secreto) entró en contacto con agentes de una agencia de seguridad de los Estados Unidos. Al parecer, su prioridad es recobrar la confianza del gobierno del vecino país (¿y también proteger sus propiedades allí?).
Estos contactos se efectuaron en privado, pero se hicieron públicos debido a la difusión de unas grabaciones con la voz de la gobernadora bajacaliforniana, dadas a conocer en principio por el periodista Héctor de Mauleón a través de su columna editorial en el diario El Universal.
El pimer audio: se publicó el 21 de junio de 2026, en el cual se expone a la mandataria en conversación con presuntos intermediarios del FBI para tratar el caso de su visa revocada, así como de posibles acciones legales en su contra.
El segundo audio, divulgado el 13 de julio de 2026, expone a la funcionaria dispuesta a compartir información de las mesas de seguridad a cambio de frenar una posible extradición.
Ávila confirmó que era su voz la que se escuchaba en las llamadas. Sin embargo, mediante un comunicado oficial del gobierno de Baja California, precisó que se trató de fragmentos aislados de una conversación con personas que no acreditaron ser agentes oficiales y negó que la gobernadora hubiese incurrido en algún acto irregular.
Esta última declaración resulta, por lo menos, inexacta.
En primer lugar, si la gobernadora conoce de algún delito, por su cargo, está obligada a dar conocimiento a las autoridades judiciales, ya sea la fiscalía de su estado o la general de la República, en caso de tratarse de asuntos del fuero federal. Si no lo hace, incurre en responsabilidad.
Pero lo que resulta más sorprendente en estas negociaciones de Marina del Pilar con agentes extranjeros es que, según su confesión, ni siquiera está segura de que sean realmente funcionarios en la Unión Americana, ni tampoco conoce a cuál agencia pertenecen.
Todavía más, si está en tratos con agentes extranjeros sin haber dado a parte al gobierno federal está en la misma situación de su homóloga de Chihuahua, acusada de tolerar la participación de agentes extranjeros en la acción para destruir el laboratorio clandestino.
Al reconocer la autenticidad de las grabaciones, la gobernadora de Baja California aclaró que sostuvo conversaciones con intermediarios que dijeron ser agentes de EU, pero aseguró que nunca acreditaron oficialmente esa representación. La mandataria negó cualquier pacto ilícito, al afirmar que el intercambio de información abordado se enmarca en los mecanismos de coordinación institucional y legal con agencias de EE.UU., bajo principios de soberanía.
¿Es posible aceptar tanta ingenuidad (por no utilizar otro calificativo más contundente) de una gobernadora, al conversar con agentes que no se acreditaron debidamente y menos ofrecerles información privilegiada de las reuniones de las mesas de seguridad, el organismo de mayor nivel en México en el esfuerzo por combatir la delincuencia.
Por otra parte, la también gobernadora, pero de Chihuahua, la panista Maru Campos también declaró ignorar si en el operativo en la Sierra Tarahumara participaron agentes extranjeros, pero en su caso la llamada Cuarta Transformación lanzó contra ella toda su maquinaria informativa para tratar de hacerla aparecer como “traidora a la patria”, al tiempo que los seguidores de Morena, encabezados por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo se exhibían como defensores de la soberanía nacional.
Ante las negociaciones con extranjeros y supuestas irregularidades cometidas por la morena mandataria de Baja California, el gobierno federal, también de Morena, la exculpó sin mayores trámites.
Tras la filtración de un audio donde presuntamente conversa con supuestos agentes de Estados Unidos, el Gobierno de México descartó de manera oficial el inicio de cualquier proceso de investigación en contra de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Así lo adelantó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
La jefa del Ejecutivo y el titular de la Secretaría de Seguridad coincidieron en que, tras analizar las grabaciones difundidas por el periodista Héctor de Mauleón, no existen elementos que sugieran una conducta ilícita o afectaciones al país.
“Se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio sinceramente no se infiere ningún tipo de delito”, comentó García Harfuch, a pesar de que en esas grabaciones la mandataria estatal manifiesta su disposición para cooperar bajo la frase “Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
Al respecto, García Harfuch explicó que en dichas reuniones estatales se identifican principalmente estadísticas de incidencia delictiva diaria, blancos prioritarios y casos en curso, datos que carecen de un nivel de confidencialidad que ponga en riesgo la estrategia del Gabinete de Seguridad Nacional.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que, en la conversación, no se detectó nada que vulnere la soberanía nacional o la seguridad interna de Baja California. Además, la jefa del Ejecutivo descalificó las intenciones de quienes decidieron filtrar el material de las grabaciones y destacó que ni siquiera está plenamente confirmada la identidad del interlocutor.
¿Así de fácil se da información a desconocidos? O, tal vez ¿las negociaciones fueron autorizadas por el gobierno federal?.
