De la multimillonaria multa a “El Mayo”, poco o nada llegará a México
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 20, Jul 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
De acuerdo con la sentencia conocida ayer contra el capo Ismael “El Mayo” Zambada, además de pasar el resto de su vida en prisión (condenado a cadena perpetua) tendrá que pagar al fisco de los Estados Unidos la estratosférica cifra de 15 mil millones de dólares (aproximadamente 300 mil millones de pesos, a un valor de cambio de 20 pesos por dólar).
Para empezar, surge una duda ¿el narcotráfico genera esas enormes cantidades que resultan difíciles de imaginar?
Además de lo cuantioso de las fortunas de los grandes capos del narcotráfico, lo que sorprende a la gente común es que de ese dinero que se les decomisa sólo una mínima parte la recibirá la justicia de México, a pesar de que nuestro país es el que resiente los malos efectos de esa actividad delictiva. La justicia de los Estados Unidos, que fue la que sentenció al líder de una fracción del Cártel de Sinaloa (el otro es Joaquín “El Chapo” Guzmán, también preso de por vida en los Estados Unidos) decomisa el dinero y los bienes de ese individuo como compensación de los cientos de miles de personas de esa nación que han muerto a consecuencia del consumo de drogas, especialmente el fentanilo y, además, los gastos para atender a los que lograron sobrevivir.
Sólo como referencia vale mencionar que de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del vecino país suman cerca de 70,000 fallecimientos anuales y esta cifra de alguna manera resulta alentadora, pues representa una caída en el número de decesos por consumo de drogas. Esta cifra representa una reducción de casi el 14% a nivel nacional respecto al año anterior, sumando tres años consecutivos de descenso tras haber alcanzado un pico histórico cercano a 110,000 muertes en 2022.
En ese apartado, el fentanilo y otros opioides sintéticos representan la causa principal de estos decesos, aunque las fatalidades vinculadas a esta sustancia han mostrado, también, una tendencia a la baja en los últimos años.
Una consulta a la Inteligencia Artificial ligada al buscador Firefox de Internet advierte que el fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína. Una dosis tan pequeña como 2 miligramos puede ser letal para la mayoría de las personas.
A esto se debe agregar que, para las agencias investigadoras de los Estados Unidos, como la DEA, dedicada al combate del tráfico de drogas, atribuyen a los cárteles con sede en nuestro país, como el referido de Sinaloa, el introducir en su territorio la mayor parte del fentanilo.
El resultado de esta acusación es que los jueces dictan sentencias que incluyen cuantiosas multas, como la aplicada a “El Mayo”.
Lo que no se conoce es el detalle de la forma como se hace cumplir esas sentencias. Una parte, el dinero en efectivo, es fácil de detectar y para recuperarlo se obliga a las instituciones financieras a entregarlo. Esto se facilita porque, aunque parezca absurdo, muchos delincuentes mexicanos depositan sus capitales en instituciones financieras de los Estados Unidos.
En cuanto a las inversiones en empresas y bienes inmuebles, es más difícil ubicarlas, aunque muchos de esos capitales también se invierten en la Unión Americana.
Por otra parte, surge también la duda acerca de la capacidad económica de los delincuentes sentenciados por narcotráfico para pagar esas cuantiosas multas.
Además de los 15 mil millones que el juez Brian Cogan impuso a “El Mayo”, en el caso de “El Chapo”, al que también juzgó y sentenció, le impuso una multa de 12 mil 666 millones. De acuerdo con la condena, esa cantidad fue calculada como el estimado de los ingresos que el capo obtuvo por el narcotráfico.
Aquí es donde viene el resultado de otra consulta mediantes IA:
La fortuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán no tiene una cifra oficial, pero existen dos estimaciones principales: una, 1.1 mil millones de dólares, cifra valuada por la revista Forbes entre los años 2009 y 2012 durante la cima de su poder criminal. Y dos, 12.6 mil millones de dólares: monto calculado por los fiscales estadounidenses durante el “juicio del siglo” en Nueva York, basado en estimaciones de ganancias acumuladas por el Cártel de Sinaloa.
Autoridades mexicanas y expertos han reportado que es difícil rastrear el dinero real o confiscar bienes significativos, ya que gran parte de las ganancias operaban fuera del sistema financiero formal.
La supuesta gran fortuna de “El Chapo” lo llevó a ser incluido por 4 años consecutivos en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes.
No obstante, Guzmán no ha sido el capo más rico. El colombiano Pablo Escobar Gaviria, fue, según las fuentes consultadas. “drásticamente más rico que El Chapo Guzmán, superándolo por decenas de miles de millones de dólares. Mientras que la fortuna de El Chapo se calcula, como mencioné, en un pico máximo de 12.6 mil millones de dólares (según juicios en EU), la de Escobar se estima que alcanzó hasta los 30 mil millones de dólares a finales de los años 80. Con esa fortuna, la revista Forbes lo ubicó en el sitio 7 entre los más del mundo. Esto fue posible debido a que las autoridades estimaron que el colombiano que ha sido personaje de numerosas películas y series de televisión, llegó a controlar cerca del 80% de la cocaína mundial, con ingresos estimados en 420 millones de dólares por semana, 3,000 millones por año.
También se destaca que Escobar operó en una era dorada donde el Cártel de Medellín controlaba casi la totalidad de la cadena de suministro hacia Estados Unidos, mientras que “El Chapo” operó en una época de alta fragmentación y guerra constante con múltiples cárteles rivales.
También influyeron los márgenes de ganancia: en los años 80, un kilo de cocaína en EU alcanzaba precios exorbitantes. Para la era de “El Chapo”, el negocio se diversificó por el manejo de otras sustancias (heroína, marihuana, metanfetaminas) con mayor competencia y logística compartida.
De acuerdo con estas versiones, el flujo de efectivo de Escobar era tan masivo e inmanejable que gastaba 2,500 dólares al mes solo en ligas para fajar billetes, perdiendo aproximadamente el 10% de su dinero anual (2,100 millones) devorado por ratas o deteriorado por la humedad.
En comparación, la fortuna de Ismael “El Mayo” Zambada se calcula en 15 mil millones de dólares, el equivalente de la multa impuesta por el juez Cogan. En años anteriores, índices como el de Bloomberg habían estimado su patrimonio en al menos 3 mil millones de dólares. Sin embargo, especialistas señalan que su riqueza real a lo largo de cinco décadas pudo haber alcanzado magnitudes superiores.
Luego del mareo que provocan estas cifras, es de destacar, como lo mencionamos al inicio de esta columna, es poco lo que logran recuperar las autoridades mexicanas, pues la legislación de los Estados Unidos autoriza a sus corporaciones policiacas y de seguridad a reclamar la mayor parte.
Como ejemplo, es de recordar que en el caso que tanto gusta de recordar el gobierno de la llamada Cuarta Transformación de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, autoridades mexicanas han logrado recuperar 578.5 millones de dólares, menos de la quinta parte de los 3,000 millones de dólares que le impuso el juez que lo condenó.
En procesos judiciales efectuados dentro de Estados Unidos el dinero y los bienes incautados a los narcos no se dividen de manera fija ni en porcentajes automáticos con los países afectados como México. A pesar de las constantes demandas de las autoridades de nuestro país, el reparto real se rige bajo el principio estricto de “el dinero es de quien realiza la investigación y demuestra el origen ilícito”.
Sólo se comparte dinero con México si la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colaboraron activamente aportando pruebas esenciales, inteligencia financiera o congelando cuentas locales vinculadas al caso. Si toda la investigación y el rastreo financiero lo hicieron agencias estadounidenses (como el FBI o la DEA), Estados Unidos retiene el 100 por ciento de los activos.
Cuando sí existe una cooperación bilateral comprobada, el Departamento de Justicia del vecino país aprueba la transferencia de fondos mediante acuerdos de reparto. No hay un porcentaje por ley, todo queda a la “buena voluntad”.
