Con dinero, el gobierno de Trump busca aliados para acabar con cárteles de la droga

CLASE  POLITICA Miguel Ángel Rivera

Por dos frentes, el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el magnate Donald Trump, renovó las presiones sobre el régimen de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo para tratar de acelerar la lucha contra los cárteles de la delincuencia arraigados en nuestro país.
En apariencia, se trata sólo de acciones legítimas de la administración Trump en su muy reiterado esfuerzo por evitar que esas organizaciones criminales a las que ha calificado de terroristas continúen con su ilegal actividad de contrabandear drogas, en especial fentanilo, que envenenan a su población al grado de ocasionar decenas de miles de muertes cada año.
La mandataria mexicana sostiene que su equipo de trabajo se esfuerza al máximo para contener a esos cárteles, pero también ha demandado una acción más enérgica de las autoridades del vecino país al combatir a sus propios grupos delincuenciales, que son los que se encargan de la distribución de las drogas en las calles de sus ciudades, además de aplicar programas sociales tendientes a disminuir la demanda de enervantes.
En este punto es donde se registra el principal disenso entre los dos gobiernos, pues Trump y su larga lista de agencias de seguridad, insisten en que lo primero y más necesario es destruir a las organizaciones que producen y llevan las drogas hasta el territorio de la Unión Americana.
Esta tendencia se confirmó ayer, como apuntamos, desde dos puntos convergentes.
Uno, el anuncio del propio gobierno de la vecina potencia en el sentido de que aumenta a más de cien millones de dólares –uno dos mil millones de pesos– por la captura o informes fidedignos que lleven a la aprehensión de algunos de los dirigentes de cárteles considerados más peligrosos o poderosos por el momento.
Ese anuncio se originó en Washington y tuvo repercusión inmediata en nuestro país. El embajador estadunidense Ronald Johson, que ha dejado constancia en anteriores responsabilidades de actuar con toda energía, declaró que “todas las personas que hacen posible que operen organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) serán encontradas y rendirán cuentas”.
Sin dejar de lado el término “narcoterroristas” en relación con los capos buscados por sus autoridades, Johnson recordó que “los Estados Unidos anunciaron cargos penales contra altos líderes del CJNG y más de 100 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a su captura. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, y trabajando junto con las autoridades mexicanas, desmantelamos el liderazgo de los cárteles y hacemos que rindan cuentas quienes trafican narcóticos mortales, como el fentanilo, y generan violencia”, indicó.
De conformidad con su investidura de diplomático, Johnson dedicó palabras elogiosas a la presidenta Sheinbaum, aunque en realidad las declaraciones y los anuncios acerca de la intensificación de la lucha contra los cárteles refuerzan las ya conocidas presiones del régimen del beligerante gobernante de loa Estados Unidos. Es de recordar que previo a la intervención armada en Venezuela para prender al ahora preso ex presidente Nicolás Maduro, también aumentó la recompensa ofrecida a quienes facilitaran su captura.
Hasta donde ha trascendido, casi ningún venezolano intentó defender a su “querido” líder, que sólo fue resguardado, inútilmente, por sus guardianes cubanos.
Es de suponer que lo mismo ocurrirá con los capos incluidos en la lista de buscados por las autoridades de los Estados Unidos.
En este caso, el objetivo central es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido popularmente, por sus siglas, como el “cuatro letras”.
En lo individual, los que aparecen como objetivos prioritarios son:
Juan Carlos Valencia González (alias El Pelón o el 03). La recompensa subió a 25 millones de dólares, la cifra más alta anunciada por el gobierno estadounidense.
Audias Flores Silva (“El Jardinero”). El premio ofrecido se incrementó a 15 millones de dólares.
Gonzalo Mendoza Gaytán (El Sapo): La oferta subió a 15 millones de dólares.
Julio Alberto Castillo Rodríguez (El Chorro), yerno de «El Mencho», con una cifra fijada en 15 millones de dólares.
Otros objetivos son Ricardo Ruiz Velasco (Tripa), por el que se ofrecen 10 millones de dólares; Julio César Montero Pinzón (El Tarjetas) 10 millones de dólares; Carlos Andrés Rivera Varela (La Firma, también 10 millones de dólares, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón por la cual se ofrecen 2 millones de dólares.
Suficiente dinero como para despertar muchas ambiciones y motivo para que aumente la presión sobre las autoridades nacionales, pues siempre queda presente la posibilidad de la intervención extralegal de extranjeros.

La UNAM cancela su contrato con la empresa que aplicó el fallido examen de admisión

Otro tema que ha despertado inquietud en amplios sectores de nuestra sociedad es el examen de admisión para licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que, como ha trascendido resultó fallido al descubrirse que hubo trampa generalizada mediante la aplicación de programas y acciones irregulares de la Inteligencia Artificial.
La, a pesar de todo, máxima casa de estudios del país afronta la obligación de corregir errores y de responder a protestas, sobre todo de aspirantes a ingresar a alguna licenciatura que reclaman se declare la validez de ese examen, aunque esto no es posible porque significaría aceptar una trampa que al parecer se aplicó de manera generalizada.
Lo peor es que todavía aparecen personas u organizaciones que intentan sacar ventaja de esta situación al ofrecer servicios profesionales para tramitar amparos que, eventualmente, obligarían a la UNAM a aceptar a los aspirantes que “aprobaron” el examen inicial.
Esto de examen inicial se debe a que la Universidad prepara una segunda prueba, que se aplicará a quienes aparentemente aprobaron la primera, pero sobre los cuales pesa la sospecha de que se valieron de recursos ilegales.
De hecho, lo primero que tendrán que dirimir los tribunales es si resulta válido un amparo contra una decisión de las autoridades universitarias, pues se debe recordar que esa institución es autónoma, lo que significa que sus decisiones no requieren ser validadas por una autoridad externa.
Pero también es de tomar en cuenta que ya hay antecedentes de amparos en contra de acciones de las autoridades universitarias. Por ejemplo, el caso de la ministra (confirmada por las elecciones del acordeón) Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado su tesis profesional quien logró que un tribunal colegiado ordenara a la UNAM dejar sin efecto cualquier procedimiento e investigación sobre el caso de su tesis de licenciatura, impidiendo que el comité universitario emitiera o hiciera público un dictamen.
A pesar de tal antecedente, resulta difícil vislumbrar cuál será la reacción de los nuevos tribunales (surgidos de la mencionada elección del acordeón) integrados por abogados de limitada experiencia.
Por otra parte, debido al mismo conflicto, las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, tiene con lidiar con la arista derivada de la falla de la empresa contratada para aplicar el examen de admisión que, por primera ocasión, se aplicó a distancia o en línea, con el auxilio de los modernos sistemas electrónicos.
El abogado general de la Universidad, Hugo Concha Cantú,
anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa Territorium Life, encargada de la plataforma donde se aplicó el examen a licenciatura.
También informó la designación de una empresa especializada para que realice una auditoría tecnológica a la plataforma para detectar los errores.
Concha Cantú informó que el rector Lomelí solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevar a cabo una auditoría del contrato, “para no estar especulando qué falló”.
En efecto, se debe actuar con mucha cautela, pues antes de aplicar sanciones o correctivos, es necesario determinar si hubo culpa de alguna persona o institución dentro o fuera de la Universidad. También es necesario tener todos los elementos para decidir lo contrario: que no hubo faltas punibles.